Infraestructura resiliente ante desastres
Álvaro Sarmiento
Desde que inició la emergencia por la pandemia, las fronteras de los países centroamericanos, menos Nicaragua, se cerraron a cal y canto, no permitiendo más entradas que pocas y contadas excepciones, generalmente paisanos que regresaban a sus países. Esta medida, bastante consistente con el confinamiento generalizado, no se aplicó a los medios de transporte de mercancías, que recorren los 6,525 kilómetros de carreteras centroamericanas, y más específicamente los 2,461 Km del Corredor Pacífico, que atraviesa la región desde la frontera de Tecún Umán (Guatemala-México) hasta Panamá. Este corredor, llamado también Corredor Mesoamericano es el eje por donde circula casi el 90% del comercio regional.
Era lógico, las mejores prácticas internacionales, y los grandes especialistas en logística y salud, coincidían en que vale la pena correr un riesgo mínimo, por parte de los conductores de esos medios de transporte (choferes, pilotos) con tal de tener abastecido de alimentos, productos de limpieza, geles, medicinas, a toda la región. Seguramente hoy usted se comió un emparedado con pan molde producido en Guatemala y el yogurt del desayuno es costarricense. El alcohol chapín o la mascarilla salvadoreña.
Todos estos productos son transportados por un gremio, que no es tan visible, como las enfermeras o los policías, pero igualmente necesarios y muchas veces heroicos, los choferes de transporte pesado.
El viernes pasado el gobierno de Costa Rica decretó la prohibición de que choferes no ticos, crucen sus fronteras para dejar o recoger carga dentro de su territorio y habilitando el tránsito internacional de mercancías bajo condiciones bastante complejas. Todo esto justificado -legítimamente- en cuidar la seguridad de la población, frente a potenciales contagios del COVID-19 por parte de estos pilotos no ticos.
La reacción del sector transporte regional no se hizo esperar, negándose a tal medida, de la misma manera que el gobierno de Nicaragua, que ha cerrado su frontera con Costa Rica. Un comunicado de la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica responsabiliza al gobierno de Costa Rica, por las terribles consecuencias de desabastecimiento que esto pueda provocar, recordemos que la mayor parte de bienes provenientes de Asia y buena parte de Europa con destino a Centroamérica se desembarcan en Panamá.
Antes de esto, el panorama económico se vislumbraba negativo, con este cuello de botella, se agregan más problemas a todos los países de la región, primero a Costa Rica, que exporta más de 2,200 millones de dólares al año al resto de la región, hoy día todo ese comercio está detenido en frontera.
Nadie puede negar que la decisión de Costa Rica es soberana y totalmente legítima, pero al igual que decisiones de otros gobernantes -con muy buenas intenciones- posiblemente puede tener un efecto perverso. Seguramente instituciones como el INCAE, el propio BCIE y SIECA así como agencias acostumbradas a modelar riesgos como las administraciones aduaneras, pueden proponer mecanismos modernos, científicos, que permitan establecer filtros razonables que no cierren las puertas de manera absoluta, ya que estamos claros que no todos los conductores no ticos son portadores del COVID-19. La automatización de trámites en fronteras también puede ayudar a evitar los contagios en esas instalaciones.
Este tipo de acontecimientos nos recuerda la urgencia de crear vías alternas a los cuellos de botella, tal es el caso del famoso ferry, que desde hace algunos meses están preparando los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, una grata casualidad, de seguir esta crisis.
