Eduardo Enrique Reina García
La pandemia del coronavirus o COVID-19 que ha impactado al planeta en estos últimos meses provoca ya secuelas reales en muchos campos. Ya muchos estados y organismos internacionales toman decisiones y desarrollan medidas y políticas para hacerles frente. Algunos países alcanzan grandes logros y otros grandes fracasos. Valores como la transparencia, el manejo eficiente y efectivo de los recursos disponibles, la solidaridad y el equilibrio entre lo humano y lo material son aspectos ineludibles en la forma en que se enfrente la crisis y la capacidad de sobrellevarla. A la fecha, a nivel mundial, según los datos de la OMS se ronda cerca de los 6,000,000 de casos confirmados, 364,868 fallecidos en 188 estados o regiones. En Honduras se cuenta con cerca de 5,200 casos confirmados y 212 fallecidos.
La discusión sobre la relación entre el COVID-19 y democracia/procesos electorales, está también en el tapete. Por vía virtual se han promovido ya varios foros, tanto por organismos internacionales, institutos, universidades y fundaciones varias. El debate es abierto y permanente. Es claro que hay preocupación, y esta se centra en varias vías. Como mantener un equilibrio en el respeto al derecho fundamental de la vida en una situación de pandemia y otros derechos ciudadanos, como el acceso a procesos democráticos, libertad de expresión y elecciones. No solo es el terrible impacto que tendrá el Coronavirus en lo social y económico, se debe sumar a esto la realidad política. Es una mezcla compleja que puede traer consigo situaciones aún más críticas que las que la misma pandemia provoca. De igual forma existe el riesgo a la democracia, que van desde el autoritarismo hasta posibles ambiciones antidemocráticas en muchos países.
Ya los efectos en las economías mundiales y nacionales serán duros. Además de los fallecimientos, estará el impacto en el crecimiento de los países. Solo de China se habla que experimentará una caída en su PIB no vista desde los años 70´s, o bien en regiones como la Unión Europea y hasta en los Estados Unidos, donde ya los números de desempleo rozan las decenas de millones de personas, más impactos en cierres de empresas, y en las economías informales de países en desarrollo, donde representan entre el 70% o más, como es el caso de Honduras.
La pandemia y su efecto están ahí, pero no podemos sentarnos a esperar una normalidad que no llegará en 6 meses o más, según lo que ya anticipan expertos y entidades como la OMS. Toda medida que vela un derecho humano como la salud, debe tener elementos de proporcionalidad y reciprocidad con otros derechos. Este es un principio aplicado internacionalmente, reconociéndose además que los pueblos tienen derecho a la democracia, con derechos civiles y políticos a ser respetados, como un elemento esencial para el desarrollo social, político y económico, siendo una obligación de los estados defenderlos y promoverlos.
Aquí es donde hay que dar un paso al frente y ser propositivos. Es necesario para la paz, tranquilidad, democracia, legalidad, confianza y sobre todo como un respeto a la voluntad popular y alternabilidad del poder, que se tomen medidas para cumplir con la ley y desarrollar todas las acciones para implementar procesos electorales, contando con las herramientas, protocolos, o variantes necesarias, garantizando la bioseguridad y contando con soluciones innovadoras, desde las de un correcto distanciamiento social, con el uso adecuado de la tecnología, esto tocará definirlo al CNE y actores políticos. Pero lo peor podría ser, dejar las cosas a la deriva y sumar a una crisis sanitaria, social y económica una posible crisis política. En Honduras la democracia no es un lujo, es una necesidad. Es un deber, realizar los procesos electorales, cumplir las leyes y responderle al pueblo hondureño. No es simple política vernácula, es prevenir escenarios desastrosos en un ambiente ya debilitado y disminuido por la pandemia.
Cuando hay graves amenazas o crisis de cualquier tipo, se debe responder con más democracia, más transparencia y más respeto integral a los derechos de la población. Los desastres humanitarios, no están reñidos con procesos electorales. Al contrario, se deben tomar en cuenta para su desarrollo. Hay procesos electorales que se llevan a cabo en Surinam, otros están ya programados a realizarse en los próximos días en San Kits y República Dominicana, los que ya dejan mejores prácticas y lecciones aprendidas.
El sistema electoral hondureño actual se construyó como una solución a las serias crisis enfrentadas en 2013 y 2017, en las que el antiguo TSE perdió toda credibilidad y confianza, contaminándose el proceso democrático con la mancha de fraude, provocando además la terrible y condenable pérdida de vidas humanas. El espíritu de los acuerdos que dieron nacimiento al CNE, TJE y que permitieron la intervención del RNP son una fuente de serias responsabilidades con el pueblo hondureño, para recuperar esa confianza y credibilidad perdidas, pero sobre todo la esperanza en que el voto de las y los ciudadanos sea respetado, al igual que los derechos políticos y electorales. Lo que haga o deje de hacer cada una de las instituciones afectará a otra. Desde contar con un censo depurado y una nueva identidad por el RNP, como la construcción de la logística, administración y desarrollo de los procesos electorales por parte del CNE y la capacidad del TJE de estar preparado para responder a los contenciosos jurisdiccionales en materia electoral que puedan surgir. Para eso debemos cumplir con nuestro mandato constitucional y las competencias que nos han sido otorgadas. El futuro de Honduras es integral, desde los derechos humanos más básicos hasta los más evolucionados. Para eso será necesario contar con el marco legal adecuado y es vital la aprobación de la nueva Ley Electoral y Ley del TJE, contando además con los presupuestos necesarios. La inversión en democracia no se puede obviar, es el futuro de Honduras.
