Por: Julio Raudales
Los alemanes entienden bien el significado de la subsidiariedad, por eso les ha ido tan bien en los últimos 70 años. Su modelo político está diseñado de tal modo que respeta la libertad de los individuos para tomar sus propias decisiones en prácticamente todos los ámbitos de su vida. ¡Es un pacto social envidiable el de los germanos!; aprendieron bien de las terribles experiencias que vivieron en el siglo XX.
La subsidiariedad limita el grado de competencia política. Es muy importante responder a la pregunta: ¿Qué tanto puede el Estado intervenir en las decisiones individuales de la gente? Esto es importante porque restringe la acción de las autoridades y da a las personas el derecho de buscar sus objetivos e intentar alcanzarlos por sí mismos.
Muchas sociedades han logrado vivir conforme a este principio y lo han convertido en uno de los pilares de su convivencia social. El Estado, es decir, la colectividad a través del gobierno, juega un rol muy importante en la vida de la gente, pero solo en aquellas áreas en donde no es posible que puedan alcanzar sus objetivos por sí mismos. ¡No más que en esos casos!
Esta no ha sido la característica de la mayoría de organizaciones sociales a lo largo de la historia. Los seres humanos nos hemos malacostumbrado a la dependencia y durante milenios nos alberga la esperanza de tener un salvador, alguien que nos provea de todo lo que necesitamos y así poder estar seguros; bien lo decía Erich Fromm en “El miedo a la libertad”, donde explica cómo esta pulsión por depender de un líder o “hermano mayor” ha dado origen a las peores formas de autoritarismo.
En Honduras no escapamos al terrible vicio de la dependencia de los personalismos. Cada vez con mayor ahínco, los partidos políticos vienen presentando candidaturas atadas a ofertas de bonos, entrega de víveres y todo tipo de programas que implican la intromisión de la autoridad en la vida de la gente. Nada es gratis, cuando el gobierno entrega algo, espera un pago no solamente en forma de impuestos; más bien de sumisión y obediencia continua.
La situación actual refleja claramente lo dicho. La respuesta de la gente a la crisis del COVID-19 y sus efectos socioeconómicos desnuda el carácter retorcido de las instituciones e instancias públicas en el país.
La población aprovecha el desconcierto para manifestar su frustración ante el inadecuado manejo histórico de la cosa pública: Quieren que les condonen deudas, que los exoneren del pago de servicios, que les paguen por no trabajar y hasta exigen al gobierno que evite que se contagien del virus.
La gente renuncia a sus responsabilidades individuales en espera de que el estado -es decir, el colectivo- les provea de las cosas que han sido sembradas en su imaginario por los políticos, quienes acostumbran a disponer de recursos ajenos para satisfacer sus ambiciones en claro desapego ético al principio de subsidiariedad, además de dar espacio a la opacidad, corrupción y otros vicios de la política.
En estos días en que inicia el proceso de apertura general de la actividad social en el país en plena pandemia, los medianos y grandes empresarios -una minoría ínfima en número de empleados- se han comprometido a fomentar y financiar el proceso de acondicionamiento de bioseguridad para evitar que la enfermedad se siga propagando; eso está muy bien por su parte y quita un peso importante a la carga social.
El problema es ¿cómo resolvemos la situación de la micro empresa y de los trabajadores en la informalidad? Ellos no cuentan con condiciones técnicas ni financieras para insertarse por su cuenta a la actividad económica. En este caso, el gobierno debería de ejercer su rol redistribuidor de recursos para asegurar que esta enorme masa humana garantice su inserción en condiciones adecuadas. ¡Eso sería subsidiariedad!
He hecho esta pregunta a quienes deberían dar respuesta, pero siempre obtengo evasivas a la hora de ofrecer alternativas. Es una pena, pero esa es precisamente la razón por la que Honduras no es un Estado subsidiario: el gobierno persiste en utilizar su presupuesto en asuntos que, lejos de fomentar la autonomía de los agentes económicos, llámense empresas o trabajadores, prefiere el estímulo a la mendicidad y la dependencia.
Creo que es necesario aprovechar la oportunidad para que, como respuesta al actual problema que vivimos, pueda salir de aquí un diálogo honesto e inteligente, que fortalezca el rol subsidiario del Estado y abra mayores espacios de prosperidad para la gente.
