Red de Violencia Antisindical presenta informe del 2019, La Red de Violencia Antisindical presentó el informe correspondiente al año 2019, denominado “El costo de defender derechos sindicales”, el que documento 12 tipos de agresiones, donde resaltan la brutalidad con que algunos agentes de la policía trata a las personas que se manifiestan.
La presentación que se hizo de manera virtual a más de dos decenas de comunicadores se recordó el asesinato de Joshua Sánchez, quien perdió la vida el 31 de mayo de 2019 en el marco de una manifestación convocada por la plataforma de Salud y Educación.
De igual manera se recordó el asesinado Jorge Alberto Costa, quien recibió amenazas de muerte e interpuso la denuncia ante los entes correspondientes, pero nunca encontró respuesta.
Además, se registran casos por hostigamiento, amenazas y las agresiones como principales formas de persecución contra sindicalistas, representados en un 61 por fueron contra hombres y 39 por ciento contra mujeres. Esta diferencia porcentual responde en parte a que el mercado laboral y la dirigencia sindical están ocupados en su mayoría por hombres.
El informe revela que el 60 por ciento de las violaciones las cometieron algunos policías en su afán de frenar las manifestaciones en la que la población protestaba contra lo que ellos consideraban injusticias en los sectores de salud y educación.
EL COVID-19 AUMENTA LA CRISIS
El espacio fue aprovechado para brindar datos sobre las serias consecuencias que han sufrido los trabajadores durante la pandemia del coronavirus después de que el 15 de marzo del año en curso el gobierno declarará emergencia sanitaria.
Desde el 15 de marzo del 2020, el Gobierno de Honduras a través del Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 suspendió labores en el Sector Público y Privado durante el tiempo de excepción (vigente actualmente), posteriormente el Congreso Nacional mediante el Decreto Legislativo 33-2020 autoriza al patrono para que presente solicitudes virtuales para la autorización de suspensiones amparadas en el artículo 100 del Código de Trabajo y Seguridad.
De acuerdo a la Secretaria del Trabajo más de 450 mil personas perdieron sus empleos a causa de la pandemia.
Según las declaraciones de la abogada María Elena Sabillón, coordinadora nacional del Centro Solidaridad, la actual epidemia por COVID-19 ha propiciado afectaciones a la economía hondureña, siendo la economía formal una de las mayores perjudicadas.
“A la fecha 801 empresas han solicitado formalmente la autorización para la suspensión de empleados, al no tener liquidez para garantizar el salario a sus trabajadores, pero además existe una exposición al contagio por parte de empleados a los que no se les dota de equipo de bioseguridad”, dijo Sabillón.
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