PMA distribuye alimentos a 29000 familias por crisis
PMA distribuye alimentos a 29,000 familias por crisis
PMA distribuye alimentos a 29000 familias por crisis. Como parte de su estrategia de respuesta de emergencia, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), comenzó la distribución de asistencia alimentaria entre 29,000 familias que han resultado duramente afectadas por la crisis de COVID-19, en 12 de departamentos del país.
La respuesta humanitaria del PMA atenderá a 11,000 familias rurales en los departamentos de Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso y La Paz, y otras 18,000 familias en zonas urbanas y periurbanas en los departamentos de Atlántida – La Ceiba; Choluteca – Choluteca; Comayagua – Comayagua; El Paraíso – Danlí; Valle – San Lorenzo y Amapala; Copán – Santa Rosa de Copán, y Gracias a Dios. En estos últimos departamentos se incluye a familias de los grupos étnicos maya-chortí y misquitos.
La crisis provocada por la pandemia está afectando los ingresos y la seguridad alimentaria de pequeños comerciantes independientes, jornaleros, familias que no reciben remesas ni pertenecen a ningún programa de protección social, agricultores de subsistencia, trabajadores sin tierra, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, familias con miembros con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños que viven en albergues o casas hogar y personas desempleadas, ente otros.
“En estos momentos de crisis es difícil para estas familias acceder a alimentos, ya que han perdido sus fuentes de ingresos y otros medios de subsistencia”, dijo la representante del PMA en Honduras, Judith Thimke.
“No podemos permitir que los efectos de la pandemia hundan a estas familias en el hambre y la desesperación”, agregó.
El PMA cuenta con una herramienta de focalización que promueve el involucramiento directo de las diferentes estructuras de gestión de riesgo a nivel local, así como diferentes actores del sector educación, salud, sociedad civil, fuerzas vivas, patronatos y líderes comunitarios. La participación de representantes de diferentes sectores reduce los riesgos de exclusión de los grupos más vulnerables y la duplicidad de recepción de beneficios a una misma familia, aumentando de manera significativa la transparencia y la veeduría social en todo el esquema.
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