Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La bioseguridad va de la mano con el aumento de la seguridad ciudadana y esto representa el mayor desafío que enfrentamos en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo podemos lograr que la ciudadanía coopere con mayor responsabilidad en la gestión de la bioseguridad? Una respuesta a esta interrogante no es fácil, pero sí es posible buscar y aplicar acciones para lograrla.
En la actualidad, si bien en Honduras aún enfrentamos violencia delictiva de origen criminal y por convivencia en “grados llamativos”; más daño, nos está produciendo el COVID-19, sobretodo porque su incidencia además de muertes humanas en aumento, va causando pérdidas económicas enormes que implican gigantescas consecuencias sociales entre las que destacan: los colapsos sanitarios, el aumento de la desigualdad y la pauperización de gran parte de nuestra población activa.
La sociedad hondureña, es no solo de baja calidad económica en general, sino que también, de muy alta “ignorancia social” generalizada que la hace percibirse, testaruda o poco inteligente para reconocer la necesidad de acatar protocolos de bioseguridad. Y no tanto porque los rechacen, más bien es, por desorganización, indisciplina social y un inadecuado manejo de la gestión de la pandemia.
En un contexto de tal naturaleza ¿qué papel puede tener la policía comunitaria? ¿Acaso tenemos que repensar las consignas y ajustarlas a un proceso de complementariedad efectiva para lograr mejores resultados en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en contextos urbanos marginales o de barrios en vías de desarrollo? Es audaz decirlo, pero pienso que el acceso a la provisión de alimentos tiene que mejorar. El ejemplo más claro lo da la “lluvia de gente” económicamente pobre que baja a los mercados más populares a obtener sus alimentos básicos, en completo desorden e indisciplina social, respecto a los protocolos de bioseguridad.
En el caso de los sectores sociales de ingresos medios, este proceso de acceso a los alimentos básicos, parece operar de mejor manera y la medida de circulación de acuerdo al último digito de la identidad como que opera mejor. Iguales resultados positivos con este “modus operandi”, vemos que resultan con los sectores sociales de ingresos altos, quienes incluso utilizan óptimamente, el servicio a domicilio.
Sin embargo, cuando vemos la situación de acceso para el caso de los sectores sociales pobres y muy pobres, el panorama es completamente inapropiado y hasta alarmante. Y lo que me llama la atención es que se estén produciendo medidas de concienciación audiovisuales enfocados principalmente en sectores sociales minoritarios, medio y altos, apreciados desde un punto de vista sociológico. Quienes resultan ser los que mejores comportamientos sociales tienen ante el manejo de la pandemia. Dejando en el olvido enfoques audiovisuales, propiamente adecuados para los segmentos sociales desprotegidos, empobrecidos estructuralmente y oprimidos económicamente.
Pareciera que los apoyos de las agencias internacionales han preferido enfoques de teorías de psicología social, específicos para tratamientos de familias individuales bajo condiciones económicas de medianos y altos ingresos, que a la larga tienen resultados débiles por no usar otras palabras.
Percibo que hay un inadecuado manejo de los recursos humanos y económicos, orientados a la aplicación de instrumentos audiovisuales porque están poniendo el énfasis en los sectores sociales económicamente estables, mientras que los otros sectores sociales inestables, vistos desde el ángulo socioeconómico y la cultura: están realmente desatendidos.
Volviendo a la policía comunitaria, considero que es una fuerza policial que puede hacer un mejor despliegue de fuerza, focalizado en los pobres. La tarea con respecto a la gestión de la pandemia tiene que ser repensado y reorientar los esfuerzos de una manera inteligente, que contribuya a desarrollar la disciplina social de los menos favorecidos en el acceso a los alimentos de la canasta básica familiar. Los mercados populares, las rutas de acceso a ellos, la manera de atenderlos y el orden para obtenerlos, se tiene que hacer, aplicando medidas necesarias e indispensables para prevenir la expansión y crecimiento de la pandemia. El cambio de contexto en la seguridad ciudadana es un desafío importante relacionado con la inseguridad y la injusticia que causa la gestión de la bioseguridad.
La racionalidad del gasto público para lograr una mejor manera de desarrollar la disciplina social y aminorar la ignorancia de los ciudadanos bajo condiciones de injusticia, es necesaria desarrollarla. Es la dinámica actual de la pandemia en Honduras lo que ahora es primera prioridad y debe tomarse en consideración por la policía comunitaria porque, esta pandemia, también está conectada a factores históricos, políticos, económicos y socioculturales, profundamente arraigados, que incluyen la desigualdad, la impunidad, la poca efectividad de la institucionalización de las entidades del Estado, la ignorancia social, así como de manera inmediata, la normalización de la bioseguridad para prevenir los efectos negativos de la pandemia.
