Sordos, mudos y ciegos

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23 de junio de 2020
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01:10 am
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Sordos, mudos y ciegos

Adiós 2020

Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo

Como si fueran los tres monos sabios los dos abogados que forman la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS), Vilma Morales y German Leitzelar permanecen con las dos manos tapándose los oídos, en otra pose con una mano tapándose los ojos, y en otra, con una mano tapándose la boca, ante los reclamos puntuales y constantes de los derechohabientes que padecen de enfermedades renales agudas y crónicas y que los convierten en potenciales adquisidores del letal coronavirus COVID-19.

La sala de hemodiálisis con capacidad para atención de 300 pacientes por semana está situada aledaña a la emergencia y al garaje de las ambulancias por lo que la aglomeración de personas es inevitable, como también lo es el de los pacientes renales y los familiares que los acompañan, así como el personal que los trata, porque no existe una sala de espera y la misma se hace a la intemperie y sin el distanciamiento social que tanto recomiendan los expertos en salud.

Aparte de esa situación anómala, las autoridades del hospital de especialidades han decidido, y ya lo están ejecutando, que pacientes renales también contaminados con COVID-19 reciban su tratamiento de hemodiálisis, tres veces por semana, en la misma sala de los que aún no han contraído el virus, situación que mantiene alarmados a médicos, enfermeras, pacientes y familiares, que de una u otra forma tienen que transitar por áreas donde los niveles de contaminación son altísimos, porque los pacientes son transportados en camillas desde los pisos superiores donde están aislados, hasta el lugar de su dialización, que es más o menos abierto al público, que se aglomera en las afueras de la emergencia, esperando turno de asistencia, y también a los pacientes renales que entran conforme al llamado por número de lista.

Las medidas de bioseguridad aplicadas a los pacientes renales antes de su ingreso a la sala respectiva incluyen el uso de mascarilla, una careta de vinilo, y una breve ducha de agua con cloro y la toma de temperatura, pero nadie garantiza que eso sea suficiente como para evitar la contaminación, más si el virus ya ha sido esparcido en la sala por los que además de enfermedades renales han contraído COVID-19.

Cabe destacar que todas las medidas de bioseguridad establecidas y los equipos utilizados por los pacientes y familiares han sido financiados por los propios pacientes, y algunos donados, gracias a las gestiones realizadas con éxito por el auténtico presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel Mairena Aguilar, a quien las autoridades del IHSS, y especialmente la junta interventora no le quiere hablar, escuchar ni ver.

Encerrados en una oficina del décimo piso del IHSS del Barrio Abajo, los abogados Morales y Leitzelar, se limitan a resolver problemas administrativos que solo favorecen a proveedores y empresas que prestan servicios subrogados, como el alquiler de riñones artificiales, ahora mucho oxígeno, y no se fijan ni se preocupan por un desabastecimiento de medicamentos y hasta de consultas comunes para otros tipos de enfermedades, lo que aumenta el número de decesos diarios por efecto de enfermedades no pandémicas, pero letales si no se recibe el tratamiento adecuado y eficaz en tiempo y forma.

Ante los oídos sordos, los ojos ciegos y la garganta muda de las autoridades del IHSS, y especialmente de su junta interventora, los pacientes renales estamos dispuestos a tomar acciones judiciales nacionales e internacionales, para lograr que nuestros hermanos que han contraído COVID-19 sean dializados en las salas de aislamiento, donde están confinados y que el personal que los atienda no sea el mismo que trata a los que no han contraído el virus, o que lo mejor sería que la sala de hemodiálisis completa fuese ubicada con su respectiva farmacia y una pequeña emergencia en un edificio adecuado y lejos de la alta contaminación en el que actualmente se encuentra.

Se sabe que el IHSS tiene acceso a un edificio grande, muy cercano al hospital de especialidades de La Granja, donde antes funcionó el fracasado Crédito Prendario Popular, lo suficientemente amplio como para situar los sillones especiales y riñones artificiales a dos metros de distancia el uno del otro, y albergar bajo techo una sala de espera donde muy cómodamente y con seguridad de separación, los familiares puedan aguardar a que sus pacientes sean atendidos, y estar prestos a asistir a un paciente que muestre alguna dificultad durante el proceso de hemodiálisis, usualmente autorización y gestiones para atención médica especializada rápida.

Otra de las preocupaciones de Daniel Mairena y resto de pacientes renales ante la indiferencia de las autoridades, es que ante el contagio del personal médico y de enfermería que es muy alto en el IHSS por falta de equipo biomédico se ha retirado personal de la sala de hemodiálisis, lo cual retrasa más el proceso y se expone a los pacientes que esperan a la intemperie, en medio de gente que busca atención médica o hacerse la prueba por tener síntomas o sospechas de estar contaminados de COVID-19.

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