Marzo de mujeres
Por: Carolina Alduvín
Desde CDMX, los autores José Manuel Gutiérrez Juvera y Francisco José Paz Tenorio, han presentado su libro titulado igual que la presente colaboración. Una obra escrita para crear conciencia entre la comunidad acerca del cumplimiento de planes, programas, asignaciones y, en general, el deber. Sobre las nuevas formas de aprovechar la ciencia del comportamiento y abordar la cuestión de la conducta indebida en el interior de las organizaciones tanto del sector público como de la iniciativa privada. El tema se aborda en diversos niveles, desde el Foro Mundial contra la Corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, hasta el interior de las empresas, incluso las pequeñas y familiares.
Las organizaciones invierten significativas cantidades de tiempo y otros recursos en planificar sus actividades, programar sus resultados, elaborar sus presupuestos, calcular los riesgos de sus inversiones, distribuir responsabilidades y trazar sus metas en el corto, mediano y largo plazo. El éxito entonces, no solo depende de la suerte o del trabajo duro, sino del cumplimiento estricto de las tareas, metas y plazos consignados, cada miembro del equipo debería funcionar como una rueda de engranaje; es decir, todos deben estar estratégicamente coordinados y cumplir en tiempo y forma con sus deberes para lograr la máxima productividad y eficiencia.
Sin embargo, las instituciones no están integradas por piezas mecánicas, sino por seres humanos, con sus cualidades, defectos, virtudes, vicios, valores, puntos de vista, ideologías y posturas ante la vida, entre muchas otras variantes. Los expertos en el tema, afirman que, en promedio, un 20% de los miembros de una organización exhiben integridad a toda prueba, cumplirán a cabalidad con sus responsabilidades y se alinearán con los objetivos y metas del grupo. Por el contrario, otro 20% buscará ventajas y provecho personal derivado de los bienes u oportunidades de la organización, será proclive a la corrupción y estará dispuesto a todo tipo de conducta impropia con tal de salirse con la suya.
El 60% restante, se ubicará en el medio y dependiendo primordialmente del liderazgo de los directivos, se inclinará a uno u otro de los extremos. Se trata de liderar una forma de integridad activa o anticorrupción, abriendo un espacio para análisis, reflexión y debate para intercambiar perspectivas y experiencias, en aras de resolver inquietudes y constatar las necesidades específicas de la organización, en materia de integridad corporativa y prevención de prácticas corruptas en los sectores público y privado.
La conducta de cumplimiento es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas instituciones, pasando a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas, a fin de cumplir con los preceptos legales y también de protegerse ante situaciones de riesgo que podrían poner en serios problemas la estabilidad y continuidad de las actividades del grupo.
Si bien el concepto no es nuevo, la evolución de la legislación, el endurecimiento de las sanciones y las normas internacionales, conducen a la toma de acciones preventivas de cumplimiento por parte de las organizaciones, haciendo de la conducta de cumplimiento un elemento a incorporar en las estrategias de gestión y visión de las instituciones. Es necesaria debido a los crecientes y más estrictos niveles de beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios. En una sociedad en que cada vez se descubren y denuncian más y más escándalos corporativos, hay un incremento de sensibilidad social con respecto a la ética de negocios, surgiendo la necesidad de mayores estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligatorio cumplimiento.
Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño a la reputación, la imposición de cuantiosas multas y sanciones, las pérdidas de oportunidades de negocio por contratos no ejecutables, o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras. Una conducta que urge implementar en todos los ámbitos y niveles de nuestro país.
