Vicente Mejía Colindres a Carías Andino: “DESEO QUE EN ESTE CARGO SEAS MENOS INFORTUNADO QUE YO”
Por: Juan Ramón Martínez
I
El 25 de junio de 1975 fueron asesinados en Olancho por terratenientes y militares, 14 personas dirigentes campesinos, maestros, estudiantes, una dama colombiana, una estudiante universitaria y dos sacerdotes católicos, capturados en el Centro de Capacitación Santa Clara y ejecutados en la Hacienda Los Horcones, ubicada en Lepaguare, Olancho, propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez, padre del que, algunos años después sería presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales. Los dos sacerdotes eran el padre Casimiro Cypher, estadounidense y el sacerdote colombiano Iván Betancourt, dedicado a la pastoral familiar. Un santo varón, párroco de Catacamas, pero a quien los militares de Olancho le consideraban instigador de La Marcha del Hambre, organizada por los campesinos y que el jefe de Estado Juan Alberto Melgar, había ordenado detener. El jefe militar era el mayor Enrique Chinchilla, muerto el año pasado, después de ser enviado durante varios años al exterior como agregado militar de nuestras embajadas europeas. Los cadáveres de las catorce personas fueron introducidos en un pozo de malacate y aplanado el terreno con un tractor. La lista de las víctimas la completan, además, Alejandro Figueroa, Arnulfo Gómez, Bernardo Rivera, Fausto Cruz, Francisco Colindres, Juan R. Montoya, Lincoln Colman, María Elena Bolívar (colombiana), Máximo Aguilera, Óscar O. Ortiz, Roque Ramón Andrade y Ruth Argentina García Mayorquín; Zelaya Ordóñez, estuvo preso en la PC; pero los liberales, emitieron en el Congreso, un decreto de amnistía que lo puso en libertad. La Iglesia Católica hondureña, no ha iniciado gestiones para elevar a los altares a dos hombres de Dios que perdieron la vida por su fe religiosa. No tiene mayor interés en recordar a los que han muerto por su fe. Y los Zelaya, impiden que se coloque una cruz para recordar los nombres de las víctimas inocentes.
II
El cardenal Rodríguez Maradiaga ha hecho gestiones para iniciar el proceso de beatificación del alemán monseñor Agustín Hombach, el segundo arzobispo de la iglesia hondureña. Se han efectuado estudios en sus restos óseos, para probar que fue víctima de envenenamiento deliberado de parte de sus enemigos. Con lo que de confirmarse el proceso de beatificación sería que su muerte fue originada por su fe. Todo se maneja dentro de la mayor discreción, aunque es evidente que en Honduras no hay ninguna devoción hacia monseñor Hombach y su recuerdo está reducido a algunos sacerdotes y estudiosos hondureños y extranjeros de la extraordinaria labor que realizara Hombach al frente de la iglesia hondureña.
III
El 30 de septiembre de 1958, la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno emitió el boletín “Conspiración Desleal. El pueblo ha sido instigado a la rebelión y las Fuerzas Armadas a la traición”. “ El gobierno, no obstante los reclamos insistentes de la opinión pública y de estar en posesión de datos fidedignos de la manera de actuar de los complotistas, se limitó a observar su campaña antipatriótica, porque el presidente de la Republica tiene plena confianza en la lealtad de la institución armada y en el respaldo que les prestan las fuerzas populares, pero los organizadores de la conspiración recurrieron al poder extranjero para financiar la compra de conciencias débiles, en una vano empeño de provocar la traición para facilitar su asalto al poder. Naturalmente, parte de ese oro corrupto quedaría en los bolsillos de los instigadores del crimen, porque a los elementos de acción, solo les participarían de los mendrugos del botín, el soborno no tuvo efecto porque la piratería foránea no logro prostituir el alma del soldado hondureño”. “El gobierno tenía conocimiento de los preparativos de los conspiradores, fecha y día del atentado, de los nombres de los instigadores a control remoto y de las actividades de los que solapadamente estaban listos para tomar posiciones dentro del ejército, con la complicidad de algunos elementos enganchados en la conspiración, mediante el engaño o el soborno, una variedad de hojas sueltas de tipo francamente subversivo urdidas a base de mentiras y malicias, se han estado repartiendo, so pretexto de un hecho sangriento, ocurrido en el pueblo de Liure, tergiversando los acontecimientos, tratando de sembrar intranquilidad en el pueblo hondureño y haciendo coincidir su publicidad con los planes de los conspiradores. En la ciudad de Comayagua aparecieron rótulos subversivos, por medio de los cuales se trataba de crear discordia entre las autoridades civiles y militares, el mismo tiempo que manos criminales causaron daños durante la noche, a los sifones del servicio de agua potable y a los alambres del alumbrado eléctrico. En La Esperanza, departamento de Intibucá se registraron actos de subversión, sincronizados que fracasaron en Tegucigalpa. Alrededor de 20 personas comprometidas han declarado ya ante las autoridades civiles y militares, revelando los planes de la conspiración, los nombres de los organizadores y el del jefe de la rebelión. Según informes del gobernador político, se tienen cogidos ya, los hilos del movimiento sedicioso y se están esclareciendo los hechos a base de espontaneas declaraciones. “Como primera providencia fueron detenidas para inquirir 73 personas, sometidas ya a procesos bajo la jurisdicción de tribunales militares. “Algunas declaraciones recibidas por el gobierno acreditaban que se trataba de producir cambios en el mando del ejército”. El comunicado concluía: “Las Fuerzas Armadas se mantuvieron alertas para repeler en cualquier momento la agresión criminal y el pueblo rodeo en masa a su mandatario, con la firme determinación de respaldar al Gobierno constituido, tanto como garantía plena en la conservación de sus libertades, como en un firme propósito de evitar el retorno al poder de quienes, por su culto a la injusticia en épocas pasadas, son incapaces e indignas de gobernar a un pueblo dentro de las normas de convivencia democrática”. (Alexis de Oliva, Gobernantes, siglos XIX y XX, páginas 49 y 50) La conspiración estaba en camino. El 12 de julio de 1959, Armando Velásquez Cerrato, tomó la policía, la Escuela Militar Francisco Morazán –donde estableció su comando– y puso asedio a la Casa Presidencial.
