Rafael Delgado
La mejor manera de salvar el país y la economía era una respuesta contundente a la pandemia, reduciendo así sustancialmente el contagio y atendiendo con todos los recursos a los enfermos. Esto no ocurrió y la crisis sanitaria se ha vuelto permanente, traslapándose con una crisis económica que llegó con el confinamiento y el distanciamiento social. Y en la medida en que la respuesta a la pandemia siga débil e inefectiva, la penuria económica amenaza con ser más dura. En este contexto de una pandemia prolongada, se agrega que los intentos por reactivar la economía serán cada vez más difíciles. Lógicamente que no puede haber espacios para resultados positivos en una situación donde los avances torpes de reactivación obliguen días más tarde a retrocesos.
Sin embargo, en medio de esto al menos las decisiones que se tomen para frenar la caída en el ingreso y consumo de la gente deben ser contundentes. La gente necesita dinero para mantener el consumo básico; los negocios necesitan liquidez para cumplir con sus compromisos. La contribución del sistema financiero aún se espera y no satisface para nada la readecuación de deudas que solamente trasladan el compromiso en un par de meses y que no se contemplen elementos claves como la reducción sustancial de tasas y la reducción de un buen número de cargos. El sistema financiero tiene la capacidad para hacerlo. Según las estadísticas ha sido un sector en constante crecimiento en los últimos años, con solidez y liquidez suficiente. Han pasado muchos años gozando de generosos ingresos por concepto de tasas y sobretasas, cargos y recargos. El negocio del crédito al consumo ha crecido y el crédito al gobierno igualmente ha estado en auge. Es hora de reinventar el negocio y poner al servicio de la gente el sistema financiero. Del gobierno, vencido por la negligencia y la corrupción no se puede esperar nada en estos días.
Mientras todo esto ocurre la rabia de la gente aumenta cuando contrasta el tratamiento médico al gobernante y el infortunio de la mayoría de los enfermos en los hospitales públicos. Cada vez queda más claro la naturaleza de la camarilla en el poder. Son muchos años los que han pasado desde que dispusieron sentarse sobre el presupuesto de la República e iniciar un proceso de drenaje de multimillonarios recursos acompañados de sus aliados en la política y los negocios. Solamente así se entiende lo que hoy vivimos: pese al incremento constante del endeudamiento público del país, el incremento sustancial de los impuestos recaudados años tras año, lo que tenemos hoy son sistemas públicos como el de la salud y de la educación pública vencidos, sumamente deficientes para enfrentar los desafíos diarios e inútiles para enfrentar situaciones como la pandemia del COVID-19. Pero la historia no para allí, se prolonga si iniciamos con el recuento de los principales objetivos económicos, sociales y políticos los cuales dibujan un país sumamente debilitado.
La camarilla gobernante es una afrenta para el país. Desde hace mucho tiempo se sabe que la poca gente capaz, ya hace años abandonó el barco. Lo que quedan son adeptos cuya labor ya no es de gestión de políticas públicas, sino de defenderse ante complicaciones cada vez más graves, de tejer alianzas y gobernar buscando salvarse y no hundirse entre las olas de la tempestad que ellos mismos crearon. El primer círculo, en medio de la crisis, está allí para jurar lealtad, para redundar en zalamerías que el gobernante necesita entre los aprietos que acechan. El segundo círculo es el de los obedientes que, ante la escasez de gente capaz, los circulan entre puestos e instituciones destartaladas por ellos y sus predecesores, movidos solamente por jugosos salarios y prebendas que recuerdan que también hay un precio para ponerse a disposición de un gobierno vencido por los hechos y sus propios desaciertos.
