Rafael Delgado
Los grandes asaltos al presupuesto de la República no son el resultado de las acciones de una persona que actúa de manera solitaria. La suposición que el funcionario, después de un intenso trabajo silencioso, encontró la manera y dio el golpe es muy ingenua. Es igualmente simplista la versión que esos grandes atracos cometidos años tras años se hicieron por personas guiadas por su avaricia. En todos estos actos que se han producido hay algo mucho más complejo que eso. Es una mezcla de factores personales, institucionales y políticos que convergen para producir recurrentemente, uno tras otro, actos que van en perjuicio de los intereses de los contribuyentes y del pueblo en general.
Alcanzado el poder después de una campaña financiada por medios también ilegales y definida por el chanchullo en las urnas, hay que ubicar a los más leales para asegurar el ejercicio del poder al antojo del líder y de su más íntimo grupo. Es decir, se monta un sistema de alianzas basadas en lealtades políticas que abre la posibilidad, como de hecho ocurre, para el despilfarro y la ilegalidad. Y aquí no hay lugar para escrúpulos ni remilgos. Es muy peligroso para la estabilidad de la cúpula gobernante dejar flancos abiertos solamente para guardar las apariencias, que de hecho muy pocos creerían. El aparato judicial, los órganos contralores, el poder militar y policial, todo debe estar alineado para que funcione exitosamente y si algo falla, haya cobertura para escurrir el bulto y sacrificar a los pelagatos.
Rápidamente llega el momento en que el sistema debe empezar a funcionar debido a que las promesas a los financiadores deben cumplirse, la lealtad de los adeptos en la administración central y en el Congreso Nacional tiene un alto costo y tampoco esperan. Además, el descontento de la gente empieza a mostrar signos de amenaza contra lo cual se requiere blindaje.
Lo que está a la disposición es un presupuesto de 282 mil millones de lempiras y un aparato gubernamental de un centenar de instituciones. Las vías son múltiples, pero sobre todo las compras, las contrataciones y las inversiones son los vehículos mediante los cuales el sistema vive y cumple su misión. Los sobreprecios de más del 100% desde la compra de una mascarilla médica, pasando por la contratación de consultores, la adquisición de un hospital móvil, hasta la construcción de una planta hidroeléctrica, es una de las formas más tangibles cómo se reparte dinero, se sacia el apetito de la maquinaria y se afianza el poder de la cúpula. Pero este drenaje de dinero hacia la política, los negocios y las fortunas privadas ocurre porque las notas, los acuerdos, los decretos y finalmente las firmas se pasan entre una red de cómplices que lo justifican y lo legalizan todo.
A eso parece el persistente debilitamiento de las instituciones, llámense estas empresas públicas, institutos de previsión, secretarías de Estado, entes desconcentrados. Todo lo que ha ocurrido alrededor del IHSS, de la ENEE, de Hondutel, COPECO, INVEST-H, Fondo Vial, Coalianza, fondos del Congreso Nacional conduce hacia el mismo punto, indicando que se trata de estructuras cimentadas desde diferentes puntos para hacer que la maquinaria dedicada al atraco funcione diariamente como operaciones normales e incluso publicitadas como actos decentes de la administración pública.
A la hora del escándalo, la red tiene sus mecanismos de defensa. Se escabullen argumentando no saber nada o haber estado en contra, dejando a los tontos útiles en medio del merecido escarnio público. Hasta de las comparecencias públicas, usualmente copadas con los aliados presentándose al lado del gobernante, desaparecen muchos. Así de mal anda la gestión de los asuntos de la nación. Mientras tanto los ciudadanos se mantienen muy unidos, día a día enfrentando la mortal pandemia del COVID-19 y señalando el rotundo fracaso de un gobierno que, por su naturaleza, nunca pudo haber dado resultados diferentes.
