Genocidio

Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra genocidio como: aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.
Y esto es lo que está ocurriendo actualmente entre los pacientes renales agudos y crónicos que reciben tratamiento de hemodiálisis en los pocos hospitales públicos y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde el servicio a los pacientes lo presta empresas privadas a costos mensuales millonarios, mientras que el personal médico, de enfermería, mantenimiento técnico-biomédico y de aseo pertenece al sistema de salud y del IHSS.

El índice de letalidad es alto en tiempos normales, pero en este de pandemia de la COVID-19 se ha multiplicado increíblemente debido a la falta de prevención de las autoridades de Salud y del IHSS, y al mercantilismo plutocrático de los propietarios de los riñones artificiales que datan de 1990 y cuyo número es tan limitado que ya no satisface la demanda que aumenta a diario.

Por otra parte, el sistema de hemodiálisis se encuentra colapsado especialmente en el IHSS, donde a pesar de una lucha constante de los derechohabientes porque se les brinde una atención con calidad y calidez, que les prolongue la vida lo más que se pueda, el sistema se deteriora y el personal se enfría hasta el menosprecio, por la vida humana y no da muestras de pesar ante el deceso de personas a las que han tratado por años, tres veces por semana y con los que aparentemente guardaban empatía, la indiferencia e inhumanidad es de tal tipo que cuando se le comenta a una enfermera que si supo del deceso de fulano de tal, la respuesta es: “sí supimos, ahora usted es el numero tal, ha bajado en la escala de atención”.

Con la epidemia de COVID-19 se logró a pura presión que se hiciese una prueba rápida a los 300 pacientes de hemodiálisis detectándose una gran cantidad de contaminados sintomáticos y asintomáticos, lo mismo que entre el personal de enfermería, licenciadas y auxiliares, lográndose que muchos de ellos pasasen a las salas especializadas de COVID-19 de la institución y la separación de áreas en la sala general de hemodiálisis, para que reciban este tratamiento que no puede ser interrumpido y que unido al COVID-19 usualmente la enfermedad renal de base mantiene un sistema inmunológico bajísimo, volviendo más letal el ataque viral.

Hoy, y por convenio se supone que hay un área aislada para dializar pacientes con COVID-19, otra para sospechosos de haber contraído el virus, otra para pacientes pediátricos contaminados o no, y otra para los pacientes que aun dan negativo en las pruebas, pero todos en una sola área debido a la terquedad de las autoridades del IHSS y del mercantilismo de la empresa que se niegan a hacer inversiones en instalaciones, áreas geográficas, maquinarias y personal.

Se ha ignorado la petición de derechohabientes y sus familiares, de que el IHSS y la empresa que tiene subrogado el servicio muevan las instalaciones a un local lejos de la enorme zona de contaminación de COVID-19, que es hoy todo el Hospital de Especialidades de La Granja, dado que pacientes y familiares esperan a la intemperie hacer llamados para prestarles el servicio y su espera de pie se hace entre el parqueo de las ambulancias y la sala de emergencia, usualmente abarrotada de pacientes con COVID-19 y otras patologías peligrosas y contagiosas, y la aglomeración de personas es inevitable porque el ingreso a la sala se hace muy lentamente y según un listado elaborado por turnos.

La espera se vuelve infinita y una vez que se ingresa a la sala hay que pasar por un proceso que consiste en una ducha desinfectante, la toma del peso del paciente y su temperatura y luego la designación del área y el número de silla en que habrá de ser conectado, con suerte entre 25 minutos a una hora después de haber ocupado la silla, y a veces después de haber demandado agradablemente que se le preste atención, demanda a la que las licenciadas y enfermeras auxiliares responden con pedantería, altanería y prepotencia y a veces hasta con amenazas veladas a los pacientes, a los que advierten que no las vayan a disgustar porque son ellas las que los van a conectar, como si fuera una advertencia de que por equivocación u omisión algo le podría pasar a uno ante el delicado proceso en el que durante 4 horas y en base a procesos químicos se le extrae toda la sangre al paciente, se pasa por un filtro que separa los líquidos y tóxicos que hay en el torrente, y regresa sangre pura en un proceso circulatorio que en el cuerpo humano normal se realiza de forma natural por el buen funcionamiento de los riñones.

Es por ello que el saltarse una sesión de hemodiálisis produce trastornos y hasta la muerte del paciente, debido al elevamiento y baja de ciertos componentes de la sangre que por el procedimiento hemodialístico se mantienen equilibrados.

El genocidio se está dando al mantener una sala con equipo obsoleto e insuficiente, mal ubicada y distribuida geográficamente con poco personal que además pasa temeroso ante los altos niveles de contaminación.