PGR reaccionará si hay responsabilidad penal en caso de hospitales móviles
PGR sobre caso de pastores evangélicos: no existe acuerdo de solución amistosa suscrito con los peticionarios.
La Procuraduría General de la República informó este martes que sigue de cerca todas las acciones en torno a la compra de siete hospitales móviles, y que si se confirma que existe responsabilidad penal, ejecutará todas las acciones pertinentes para restituir los bienes del estado.
COMUNICADO
La Procuraduría General de La República en el contexto de la compra efectuada de los hospitales móviles por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, a la ciudadanía en general, así como a la comunidad internacional, tiene a bien expresar lo siguiente:
PRIMERO: La Procuraduría General de la República en cumplimiento de su mandato constitucional de representar los intereses del Estado, actividad que realiza en articulación e interdependencia con el resto de órganos y entidades estatales, que, de conformidad a las leyes, deban gestionar, administrar, ejecutar y fiscalizar los fondos públicos, de ahí que las acciones judiciales que en tutela de los derechos e intereses estatales deba interponer la PGR son dependientes de la actividad formal que previamente haya realizado cada instancia administrativa, ya sea que se trate de un acto administrativo, contrato administrativo o cualquier otro acto jurídico, que según la naturaleza de la materia, también determine la instancia jurisdiccional competente a la que se deba acudir.
SEGUNDO: En referencia a la compra de los hospitales móviles realizada por Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), es de conocimiento público la compra de siete (7) hospitales móviles, destinados para la atención de pacientes en el contexto del COVID-19, resultando que a la fecha se ha reportado el ingreso y recepción de dos (2) hospitales móviles, los que de manera inmediata se sometieron a proceso de fiscalización e investigación por parte del Tribunal Superior Cuentas (TSC), el Ministerio Público (MP) e INVEST H como instancia administrativa encargada de la compra. INVEST H tiene la obligación legal de informar sobre cualquier incumplimiento en los tiempos de entrega acordados, las especificaciones dadas al contratista o cualquier otro incumplimiento dentro de la relación jurídica establecida.
TERCERO: En caso de que se precise la interposición de las acciones legales en contra del contratista, la Procuraduría General de la República requiere que, tras los procedimientos legales de mérito, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas deberá, sustanciando los procedimientos administrativos pertinentes, determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios o ex funcionarios que hubiesen inobservado o incumplido los requisitos y procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados; permitiendo con ello, el ejercicio por parte de la PGR de las acciones civiles resultantes de la intervención fiscalizadora constitucionalmente atribuida al Tribunal Superior de Cuentas.
CUARTO: Ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles destinados para atender a la población y las necesidades de salud causadas por la pandemia de la enfermedad COVID-19, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República dentro del proceso penal contra los supuestos responsables en la contratación que promueva el Ministerio Público, actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, y accionará para que se restituyan los bienes y derechos del Estado lesionados.
QUINTO: La Procuraduría General de la República reitera el compromiso institucional en la representación, promoción y protección de los derechos e intereses del Estado, con irrestricto respeto de la institucionalidad y la complementariedad de las funciones atribuidas a otros órganos y entidades estatales. A los actores sociales, se les invita a continuar con su acompañamiento en la veeduría y rendición de cuentas en la gestión pública. La PGR continúa en el cumplimiento de su mandato de forma responsable, y en tal sentido ejercitará las acciones pertinentes en el preciso momento que cuente con la información necesaria para sustentarlas debida y responsablemente y evitar otros perjuicios, actuando siempre en pro de los intereses del Estado, en el marco de la legalidad.
