Se calcula que a diciembre estarían perdiendo unos 300 mil empleos
El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales, vaticinó que, de seguir esta crisis por el COVID-19, Honduras perderá unos 300,000 empleos a finales del año.
Esta pandemia ha causado daños severos en la economía nacional, por lo que las empresas se han visto imposibilitadas para pagar salarios y esto se refleja en la suspensión de contratos laborales.
La Secretaría de Trabajo está buscando alternativas para que no se pierdan fuentes de empleo, pero es inevitable, puesto que la emergencia obliga a los empresarios a hacerlo ante la reducción de sus ingresos.
“La situación se va haciendo más compleja cada día, hay que recordar que este es un elemento que está afectando a todo el mundo, no solamente a Honduras”, dijo.
“Esto no nos debe servir de excusa, que nos sirva para preocuparnos porque Honduras tiene una economía sumamente abierta, la vida y el bienestar de los hondureños depende, en gran medida, de cómo le está yendo al resto del mundo”, indicó.
“Mucho de lo que nos puede pasar a nosotros va a depender de cómo el mundo se vaya recuperando de esta pandemia”, añadió.
SITUACIÓN
Raudales se refirió al mecanismo de suspensión de contratos laborales, lo que al final se podría convertir en despidos masivos de trabajadores de la empresa privada.
“Ayer se aprobó una nueva suspensión de contratos laborales en el país, por parte del Consejo Económico Social (CES), esto implica que a un montón de gente se le está dando la oportunidad de no perder su trabajo, si tenía un trabajo fijo, pero se le está diciendo que no se le va a pagar durante cuatro meses más”, expresó.
“El cálculo que se está haciendo es que se van a perder por lo menos 300,000 empleos de aquí a diciembre”, lamentó.
Añadió que “hay que recordar que la gran mayoría de los trabajadores no tienen un contrato fijo, de 4.2 millones de trabajadores que hay en Honduras, por lo menos 3 millones trabajan al día a día, trabajan por su cuenta”.
En cuanto a la suspensión de contratos laborales, los primeros cuatro meses, de marzo a junio, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), el Gobierno y la empresa privada llegaron a consensos para brindar un aporte solidario, voluntario de 6,000 lempiras mensuales a cada trabajador.
Se presume que unos 150,000 trabajadores han estado siendo beneficiados con este mecanismo, lo que les ha permitido mitigar el impacto económico en sus familias por el COVID-19.
