Condiciones esenciales de buen gobierno
Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
En un artículo anterior hemos referido que en el manejo de la crisis sanitaria, los países que están enfrentando con una mejor visión de trabajo la emergencia de la COVID-19, son aquellos que además de tener un sistema de salud pensado en la gente, también han adoptado una serie de acciones y políticas orientadas en tres dimensiones fundamentales, respuesta, recuperación y reforma.
Como referencia de lo anterior, una publicación sobre coronavirus en América Latina de la organización Sociedad de las Américas, ubica a Paraguay, Uruguay y Costa Rica a la vanguardia de la lucha contra la pandemia, destacando como elemento común que los mandatarios de las tres naciones actuaron de manera diligente en el proceso de toma de decisiones con el fin de frenar el contagio, y desarrollando soluciones innovadoras para proteger con equipo de bioseguridad a su personal sanitario.
La capacidad de respuesta por parte de los gobiernos y particularmente de las instituciones a cargo de la emergencia es fundamental, se trata de la perfecta articulación de esfuerzo y trabajo conjunto, gobierno, sector privado, sociedad civil y otros actores enfocados en un plan de contingencias para medir el impacto de la crisis en el corto, mediano y largo plazo.
Cuando no hay respuesta pasa lo que vemos en la actualidad, el colapso en el sistema de atención en salud, la escasez de insumos y equipos médicos, el manejo inadecuado de la crisis, abuso indiscriminado de los recursos públicos y el crecimiento acelerado de los niveles de desempleo por mencionar algunos.
A nivel latinoamericano países como Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Honduras, invierten menos del tres por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en este sector, lo que ubica a sus habitantes en una peor condición, de hecho, a pesar que la primera gran respuesta de los estados debe ser sanitaria, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha identificado a estas nacionales como las más desiguales y de más alto riesgo frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
La recuperación por su parte implica un proceso minucioso de planificación, reorganización social y económica, es aquí donde entra la formulación de políticas responsables en dos líneas principales, la primera de ellas tiene que ver con la recuperación de empleos y la generación de nuevas oportunidades que permitan reiniciar la actividad productiva de las familias que tras el confinamiento, viven el día a día en medio de una crisis insostenible marcada por las deudas y la falta de ingresos para satisfacer sus necesidades prioritarias, del otro lado se requiere el impulso inmediato de planes de reactivación para las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Finalmente, en lo que se refiere a reforma, los países considerados como emergentes o en vías de desarrollo no pueden darse el lujo de continuar bajo la cultura de la ilegalidad, el abuso y la corrupción, que les ha puesto de rodillas ante la COVID-19, incluso desde algunos organismos internacionales y de cooperación financiera, ya se promueven recomendaciones que van desde el mejoramiento en la gobernanza hasta la ampliación y el manejo transparente de los recursos destinados a salud pública y educación.
Ante una crisis como la que hoy estamos viviendo se necesita un abordaje estratégico e integral, que involucre a todos los sectores, incluyendo a los más afectados, todo lo que se haga durante la emergencia y después de ella debe estar estrictamente relacionado con respuesta, recuperación y reforma, no hacerlo podría tener efectos devastadores.
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