Carolina Alduvín
Por: Carolina Alduvín
Ante el dilema que enfrenta cada gobernante en su jurisdicción, entre la salud y la economía, los que han reabierto -aun parcialmente- las actividades económicas consideradas no esenciales, han sido tildados de irresponsables; en la mayoría de los casos, los rebrotes no se han hecho esperar. Ante la falta de experiencia en el manejo de algo no visto por las presentes generaciones, la sentencia de los que gritan más fuerte ha sido, que no podemos volver a la normalidad hasta que se encuentre una vacuna. También se afirma que la normalidad conocida no volverá más, es desquiciante el uso constante de mascarillas y poco natural el distanciamiento entre personas, desgastante el excesivo lavado de manos, las prácticas de desinfección nos tienen al borde de la paranoia y es completamente inútil mojar suelas y llantas en soluciones de composición desconocida y potencialmente tóxica.
Pese al obsesivo conteo de víctimas, las cifras indican que la mayoría sobrevive y ya nadie parece ver a quienes mueren por otras causas, mucho menos, cuando son el resultado de desviar atención y recursos al demandante tratamiento que requieren los infectos graves de COVID. Las medidas de bioseguridad que nos han impuesto, más que para proteger a la población, han sido para dilatar la sobresaturación de hospitales, equipos de emergencia y personal sanitario; de hecho, no puede colapsar nada que ya lo esté, igual que no puede morir un cadáver. Si la situación en la capital es deplorable, ni imaginar cómo la van pasando en comunidades remotas, aisladas y olvidadas.
Los noticieros hablan de más de un centenar de grupos científicos buscando producir la tan ansiada vacuna; cada uno, con una estrategia ligeramente distinta, algunos estableciendo sinergias, otros compitiendo abiertamente, recordándonos la carrera espacial. Acaban de anunciar, el pasado fin de semana, que el grupo trabajando en la Universidad de Oxford, ha logrado producir inmunidad, generando anticuerpos contra la proteína del virus y, produciendo células capaces de eliminar el parásito; o sea, funciona, al menos en los cerca de 1,700 voluntarios humanos en los que se ha puesto a prueba. Lo que aún no se sabe es si la condición será permanente, si se necesitarán otras dosis o refuerzos, ni qué esquema de inmunización deberá seguirse, de acuerdo a edad, sexo, grupo étnico, condiciones previas de salud y otras variables supuestamente tomadas en cuenta, cuando se habla de voluntarios al azar.
Se menciona vagamente que la finalidad no es lucrativa -lo que no es de creerse al pie de la letra- porque tanto la investigación básica como las pruebas de efectividad, seguridad y viabilidad, tienen costos que alguien ha cubierto y reclamará la prioridad para su uso y usufructo. Reportan otros dos grandes laboratorios en fase similar; o sea, no son instituciones puramente académicas, sino que tienen accionistas esperando utilidad sobre sus inversiones. Se apuesta a que los procesos y formalidades faltantes estarán concluidos este mismo año, si todo sale bien. En tal caso, el plan es producir unos 2 mil millones de dosis, el planeta tiene más de 7 mil millones de habitantes; solo USA demanda 300 millones y el resto ya las han apartado las potencias europeas, falta incluir otras economías fuertes. La pregunta es: ¿qué quedará para los países con menores recursos?
Dado el comportamiento observado en esta agresiva variedad de patógeno, será difícil que una minoría esté segura -incluso vacunada- si quienes la rodean no lo están. Se reporta que el Presidente de Honduras ha firmado una carta de interés con la Alianza para la Vacunación GAVI, con sede en Suiza; según la coordinadora de la emergencia por COVID-19, tal formalidad garantiza que nuestro país no quede excluido a la hora de que se distribuyan las dosis de vacuna disponibles, como ha ocurrido en epidemias anteriores, como la de la gripe H1N1, cuando otros países acapararon todo el producto. GAVI es una corporación suiza formada por una amplia alianza de organizaciones públicas y privadas, administrada por una junta de accionistas que determinan la distribución de vacunas, de acuerdo a una serie de criterios y requisitos como el PIB, que cumplan los esquemas ya existentes de vacunación básica y, al menos una percepción de probidad en sus funcionarios. Recordemos además que la efectividad de toda vacuna contra influenza ya probada, suele perder efectivad dentro de aproximadamente un año.
