El papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales en honduras, un problema histórico
El papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales en honduras un problema histórico
El papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales en honduras, un problema histórico, PARTE I
Yesenia Martínez
Este ensayo surge luego de reflexionar sobre las inquietudes presentadas por la colectividad hondureña en cuanto a la situación sanitaria que vivimos actualmente. El comportamiento del Estado en la infraestructura y el sostenimiento hospitalario en tiempos de la pandemia de COVID-19 es un problema histórico. Por ello, es importante abordar los problemas del presente con una mirada al pasado.
Se hace un recorrido sobre el surgimiento de los primeros hospitales públicos en Honduras en el marco del proyecto de la formación del Estado nación entre los inicios de la década de 1880 hasta mediados del siglo XX. Esta época se presta para ubicarlo en el planteamiento del filósofo Michel Foucault. Según este autor, cuando se inician los proyectos de la formación del Estado interesa la problematización de la nosopolítica y el proceso de la medicina de Estado.
Para Foucault, esto consiste en la normalización de la enseñanza médica, cuando se da el vínculo entre la medicina y el control estatal de los programas de enseñanza; se da también una organización administrativa para controlar la actividad de los médicos y la integración de estos profesionales en una organización de Estado.
Durante estos contextos, según Foucault, también se transita de las nociones de la higiene a la salubridad pública. Se propone una medicina colectivizada, urbana, con interés en la ciudad, con el objetivo de trasladar las acciones a un ámbito regional y a escala nacional. Es cuando el Estado necesita del apoyo de los múltiples ámbitos del cuerpo social, de la salud y la enfermedad. Entre ellos, los médicos, grupos religiosos, asociaciones de socorro y de beneficencia.
A juicio de Marcos Cueto y Steven Palmer pioneros en el estudio de la salud pública en América Latina, estos vínculos se dieron entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en el marco de la “National Medicines and Sanitarian States”, es decir, lo que conocemos en Honduras como el tiempo de las Reformas Liberales.
En Honduras fue un proceso lento. Las primeras gestiones se dieron durante la administración del presidente Marco Aurelio Soto, entre los años de 1880 y 1882. Soto emitió varios acuerdos para que se iniciara la construcción de un establecimiento donde funcionaría el Hospital General en Tegucigalpa, y esta se ampliara en las cabeceras departamentales.
Desde este momento el Estado hondureño asumió la responsabilidad de la atención de la salud con alcance nacional. En ello le apoyó su ministro Ramón Rosa, quien asumió parte del compromiso de la reapertura de la Universidad Central, cerrada por problemas políticos desde 1875. Soto y Rosa consideraron que esta decisión les motivaba para dar paso a la creación de la Facultad de Medicina. Sin duda, esta iniciativa los llevó a establecer el primer vínculo entre el Estado liberal y los médicos hondureños.
Así iniciaron las intenciones y el discurso con una visión nacional, por la atención de la población pobre y enferma. Pero fue limitada, por lo menos en una primera etapa de los gobiernos liberales entre 1880 y 1889. Fue más un servicio centralizado, por varias razones. Entre ellas: tuvo que ver la falta de profesionales de la medicina. Los pocos formados habían realizado sus estudios en la Universidad de Guatemala. Años después, y a petición del presidente Luis Bográn (1883-1891) fueron acompañados por profesionales de origen español, quienes colaboraron con la rectoría de la Universidad en la formación de los profesionales de la medicina, y, además, con la supervisión y evaluación de los centros educativos a nivel nacional que les había encomendado el Consejo Superior de Instrucción Pública.
Fue por esta situación que, desde la administración de Soto, se emitieron decretos para conformar las Juntas de Beneficencia y de Caridad para que ayudaran a administrar y sostener los hospitales. Estas organizaciones permanecieron hasta mediados del siglo XX. E incluso formaron parte de las juntas de los hospitales privados creados por las compañías bananeras en el Caribe, y los hospitales privados en la ciudad de Tegucigalpa.
A este problema se le sumó la poca capacidad presupuestaria de los gobiernos de la primera etapa de la Reforma Liberal (1876-1902). Según Guillermo Molina Chocano, en Honduras lo que hubo para estos años, fue un “Estado deficitario, ante la escasez de productos de exportación”. Lo que afectó la atención de los problemas de la salud con los pocos fondos recaudados por la Lotería Nacional, y lo que se recogía con apenas un dos por ciento de importación; además de los impuestos generados por la producción, destace y venta de ganado.
Fue hasta después de 1901 que se logró aprobar un mínimo porcentaje de la renta aduanera destinado para el sostenimiento de los hospitales, particularmente para el recién creado Hospital del Norte en la ciudad de San Pedro Sula. Este se hizo mediante el decreto número 137, donde se estableció el impuesto sobre artículos introducidos por Puerto Cortés. Desde este año y hasta 1932, hubo modificaciones y reformas a los impuestos aduaneros, y del comercio para apoyar la salud pública, pero estas fueron muy limitadas. Tanto que, en 1922, la Dirección General de Salubridad Pública presentó lo propuesta de aumento al impuesto de sanidad, pero debido a la difícil situación heredada por la deuda pública y los gastos destinados para la guerra y originados desde el primer gobierno del presidente Bonilla (un 30 al 35% del presupuesto nacional), las modificaciones a favor del impuesto de sanidad avanzaron de manera muy limitada.
Así, en esta crisis presupuestaria surgió la infraestructura hospitalaria en Honduras. Esta situación afectó para sobrellevar un avance similar a otros países latinoamericanos, ya que el presupuesto nacional estaba destinado para atender la deuda con los banqueros ingleses producto de la construcción del Ferrocarril Nacional. Según Darío Euraque, por este asunto, para mediados de los 1910, Honduras era el único país latinoamericano que seguía sin arreglar la deuda externa del siglo XIX. Esta no se canceló hasta 1953.
Por estas razones la gestión iniciada por el presidente Soto en cuanto a la infraestructura hospitalaria, no avanzó en los gobiernos de Luis Bográn (1883-1891) y Policarpo Bonilla (1894-1899). En este último tercio del siglo XX solo se pudo beneficiar la ciudad de Tegucigalpa. Así lo expresó Dionisio Gutiérrez, Ministro de Gobernación y Relaciones Exteriores en 1898, “en los demás pueblos no tenemos hospitales establecidos y apenas en los puertos; hacen de veces tal, casos particulares que no reúnen las condiciones higiénicas necesarias; pero el gobierno se ve en la necesidad de mantener allí aquel servicio mientras se pueden construir edificios adecuados”.
Ya para la segunda etapa del Reforma Liberal, entre 1902 a 1933, las intenciones de crear una infraestructura hospitalaria fueron más allá de la ciudad de Tegucigalpa, pero con grandes dificultades y razones ya expuestas. Se inició con la gestión del gobierno de Terencio Sierra (1899-1902) mediante el decreto número 137, ordenó se creará una Junta Directiva para la administración e inspección suprema del Hospital del Norte en la ciudad de San Pedro Sula. Este fue el primer establecimiento público que atendió población pobre y obreros insertados en actividades del Ferrocarril Nacional entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, y en el cultivo del banano y su exportación. También se atendió a individuos de oficios artesanos, empleados públicos y sus familias. Para mediados del siglo XX, a este establecimiento se le cambió el nombre a Hospital Leonardo Martínez, en reconocimiento al médico fallecido junto a su madre por la epidemia de fiebre amarilla en 1905 en San Pedro Sula.
Ese mismo año de 1902, se emitió un decreto legislativo para que se creara un impuesto aduanero con la intención de fundar el Hospital de Occidente. El año siguiente la idea fue atendida, pero de principio se creó como un Asilo de Inválidos en la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Copán. Este, fue administrado por un colectivo de damas caritativas de la comunidad, y dirigido por el cura párroco Martín Navarro, con la participación del Gobernador Político, el Comandante de Armas y el Alcalde Municipal.
El interés particular del funcionamiento de este establecimiento fue por darse ahí un incidente bélico a causa de irregularidades en la sucesión del presidente Terencio Sierra. Estos motivos son diferentes a los intereses de creación del Hospital del Norte en la ciudad de San Pedro Sula. Establecimiento que por décadas se dedicó a prestar servicios a pacientes migrantes y de familias pobres que procedían del interior de la República en busca de trabajo en las compañías bananeras, con enfermedades tropicales como el paludismo, fiebres diversas y enfermedades intestinales.
Ya para 1905, el Asilo pasó a funcionar como Hospital de Occidente, dirigido por el doctor y general Jerónimo Reina y administrado por una sociedad de beneficencia. En su reglamento se encuentra un contenido similar al emitido para el Hospital General en 1903. No brindaron atención a la población que adolecía de enfermedades incurables, se atendían a domicilio, y rechazaron a individuos que padecían de enfermedades contagiosas.
Por este problema de rechazo o temor al contagio, se cerró la Facultad de Medicina en 1903. Ello se dio por orden del presidente Manuel Bonilla, y en oposición de parte de los médicos y estudiantes de la Facultad, quienes se resistieron a que se instalara una sala en el Hospital General dedicada a la atención de mujeres prostitutas con enfermedades venéreas. Esto afectó por casi una década las relaciones entre el Estado y los médicos. Fue tanto así, que el general Bonilla mostró poco o nulo interés en atender las poblaciones del departamento de Cortés cuando se propagó la fiebre amarilla en 1905.
Para atender esta emergencia sanitaria, la Junta de Sanidad de la ciudad de San Pedro Sula le solicitó al presidente Bonilla un fondo de seis mil pesos para la desinfección del panteón y de todas las casas de la ciudad y para atender lo necesario respecto de la epidemia. El presidente prometió un cincuenta por cierto como aporte del gobierno central, pero no se concretó tal promesa. Por tal situación las autoridades locales se hicieron responsables con los pocos ingresos recogidos por la tesorería municipal.
Su desinterés fue tal, que tampoco sobrevivió el proyecto del Hospital del Occidente, cerrado en varias ocasiones. Según informes del presupuesto nacional, para 1912 este establecimiento debía funcionar con apenas 180 pesos mensuales acordados mediante decretos legislativos entre 1902 y las subvenciones municipales acordadas en 1906. Por tal situación se cerró desde inicios del año de 1914, hasta una tercera oportunidad.
A pesar de los precarios fondos destinados para el sostenimiento de este hospital, se hicieron otros esfuerzos relacionados con el proyecto público sanitario. Después de 1910, se aprobó e implementó la reglamentación del Código Sanitario. Por primera se atendió la curación de un enfermo de sífilis en la ciudad de Tegucigalpa, con intervención quirúrgica y la aplicación del uso de antibióticos (Salvarsán 600), y extendido su uso en enfermos atendidos en las principales ciudades del país. En ambos ejercicios colaboró como autor intelectual el doctor Ernesto Argueta Ayes, originario de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. Y junto a él colaboraron otros médicos de su generación. Entre ellos, José Jorge Callejas y Samuel Laínez, originarios de Tegucigalpa.
Además, durante esta década, y juntos a todo un colectivo profesionales de la medicina, entre ellos el presidente Francisco Bertrand Barahona (1913-1919), también de la ciudad de Juticalpa, gestionaron la creación de dos órganos importantes, el Consejo Superior de Salubridad Pública, entre 1912 y 1914, y la Dirección General de la Salubridad Pública en 1917. Con ello se dio otra oportunidad a la institucionalidad de la salud pública. Sus acciones mostraron otros momentos de buenas relaciones entre los médicos y el Estado, las que fueron fortalecidas en la década siguiente, a pesar de cruentos conflictos armados entre el Partido Liberal y Partido Nacional entre 1919 y 1924.
Durante ambos conflictos estuvo involucrado el gremio de los médicos, entre ellos, el mismo presidente Francisco Bertrand Barahona, así como: Ernesto Argueta, Camilo Girón, José Jorge Callejas, entre otros. Sin embargo, a pesar de la guerra de 1924, la que dejó centenares de fallecidos, por motivos de continuismo, y evitar que se instalaran gobiernos dictatoriales, según lo manifestaron sus líderes Tiburcio Carías Andino y Gregorio Ferrera, se reformó la Constitución de la República a beneficio de la salud nacional.
En esta legislación nacional se integró por primera vez el concepto de sanidad pública, dando paso a la relación salud y trabajo; y además se integró a la Secretaría de Gobernación, Justicia y “Sanidad”. Esto ocurrió ya integrado el proyecto nacional con la salud transnacional, justo cuando el gobierno de Honduras se comprometía a tratar un Estado patológico en cooperación con la Fundación Rockefeller de Nueva York, y los acuerdos establecidos en el Código Sanitario Panamericano, celebrado en la ciudad de La Habana en 1924.
CONTINUARÁ…
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