Concesionaria Palmerola pide al Estado $51.3 millones de ingresos adicionales

Concesionaria Palmerola pide al Estado $51.3 millones de ingresos adicionales
ZV
/ 30 de julio de 2020
/ 05:10 am
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La concesionaria Palmerola International Airport (PIA) pide al gobierno negociar un ingreso adicional por 51.3 millones de dólares, que estaría dejando de percibir a raíz de una caída del flujo de pasajeros que se espera por efectos de la pandemia sobre el sector de la aviación.

La petición fue expuesta mediante una carta enviada el mes anterior por el representante legal de PIA, Lenir Pérez, al comisionado presidente de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), Leo Castellón.

La concesión es a 35 años y el Estado aporta al proyecto cerca de 120 millones de dólares, de un total estimado en 189 millones que estaría costando al final la puesta en marcha de la pista comercial en el valle de Comayagua.

En base a los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, siglas en inglés), PIA explica que el flujo de pasajeros caerá en aproximadamente 1.1 millón de personas, lo que implicará una reducción de ingresos casi del 30 por ciento.

A esto se agregan algunas discrepancias que han existido entre el concedente o el Estado y el concesionario. Sin embargo, espera que entre ambos se llegue a un acuerdo, sin que se vaya a detener la construcción de la obra que se encuentra en una etapa avanzada con miras a que empiece a operar a mediados del próximo año.

Demanda del gobierno una atención primordial debido a la crisis que atraviesa la aviación y que afectará la explotación del proyecto Palmerola y de paso, la operación del aeropuerto Toncontín.

La carta trascendió hasta el martes por la noche y en este contexto, reclama porque hasta ayer no se había tenido ninguna reacción por parte del gobierno, en este caso, por medio de la SAPP, pese que se envió copia al Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas.

Considera como “urgente que el contrato sea adecuado”, haciendo uso del “arreglo directo” y encontrar una figura que no impacte las finanzas públicas, ya de por sí, devastadas por la cuarentena de la COVID-19.

Casi al final de la misiva, expone que de acuerdo a análisis financieros, se determinó que el proyecto requiere de un ingreso adicional, de por lo menos 51.3 millones de dólares. Propone que las negociaciones se basen en el capitulo XVI del Contrato de Concesión, que contiene el “Mecanismo de Solución de Controversias”.

Además, que el período de negociación no excederá seis meses contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la SAPP. (JB)

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