El papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales en Honduras, un problema histórico

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/ 1 de agosto de 2020
/ 12:34 am
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El papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales en Honduras, un problema histórico,

PARTE II

Por: Yesenia Martínez

Ya para este año, la Dirección General de Salubridad Pública y varios médicos se comprometieron en atender no solo los problemas de la malaria y las enfermedades intestinales, sino también a reestructurar esta dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Sanidad. Los cambios se dieron a tal grado, que se construyó el edificio donde actualmente funciona la oficina de la Secretaría de Salud. Por recomendación de la Fundación Rockefeller se crearon otras instancias que atendieran el tema sanitario, la maternidad en Tegucigalpa, y obras de la ingeniería sanitaria a nivel nacional.

Así se trabajó durante las décadas de 1910 y 1920. En ello fue determinante las relaciones de los profesionales de la medicina y los presidentes de la República, quienes también eran médicos, tales como Francisco Bertrand Barahona, Miguel Paz Barahona y Vicente Mejía Colindres. A ellos no les importó su identidad política (Partido Nacional y Partido Liberal), se dedicaron a construir el proyecto más importante de la salud nacional del Estado liberal. Manifestaron las intenciones por ampliar la infraestructura hospitalaria más allá de la ciudad capital, buscaron las formas de gestionar una ingeniería sanitaria en las principales ciudades y puertos con alcance nacional. Sin embargo, es claro que, la incidencia política y los intereses de la inversión del capital transnacional por las compañías bananeras y mineras incidió para que se diera prioridad a la ciudad de Tegucigalpa y el Caribe hondureño.

Por ello no es casualidad que, para mediados de la década de 1910, la United Fruit Company (UFCO) reportaba la atención de pacientes y enfermedades tratadas en los dispensarios y en el hospital de la ciudad puerto de Tela en el departamento de Atlántida. Cinco años más tarde lo hacía con la atención en el Hospital de la Truxillo en Puerto Castilla, ubicado a escasos cinco kilómetros de la ciudad puerto de Trujillo en el departamento de Colón. Y para 1918, el Estado hondureño gestionó un Hospital de Beneficencia en la ciudad de La Ceiba, pero este funcionó como Hospital de Atlántida hasta tres décadas después.

El Estado hondureño también presentó ciertas intenciones. Durante esta misma década de 1910, se nombró al doctor José Jorge Callejas, delegado del Partido Nacional, para que gestionara la fundación de hospitales para la atención de las enfermedades venéreas y la tuberculosis, principales enfermedades que causaban los fallecimientos, después de las fiebres tropicales, malarias y enfermedades intestinales. También se apoyó mejoras en los Hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El interés por el gremio médico parecía suficiente, pero el presupuesto de la salud seguía escaso, así se manifestó en 1917 por los responsables de la recién creada Dirección General de Salubridad Pública. Esta situación afectó las intenciones de avanzar en la construcción de establecimientos para la salud, a pesar de los estrechos vínculos entre los médicos y los distintos gobiernos. A ello, se sumó otro problema entre 1919 y 1924, los conflictos políticos por participar en los procesos electorales y en los desacuerdos, motivado en parte, por las canonjías que ofrecían las compañías bananeras.

Ya en un quinquenio de inestabilidad política fue muy difícil avanzar en lo que Marco Aurelio Soto propuso entre 1880 y 1882, crear hospitales en las cabeceras departamentales. Fue hasta mediados de la década de 1920 cuando se hicieron otras gestiones. Se buscó fundar el Hospital del Sur en la ciudad de Choluteca, por cierto, con copia de los planos del Hospital D’Antoni, construido en 1924 en la ciudad de La Ceiba por donación de los socios de la familia D’Antoni y administrado por la Compañía Vaccaro Brother Company, posteriormente asumido por la Standard Fruit Company.

El Hospital en el Sur no tuvo éxito hasta una década después que se inició el proyecto, hoy en precaria situación ante las demandas de las víctimas del COVID-19. Mientras tanto el Hospital D’Antoni, de donde surgió el proyecto, continuó su funcionamiento. Es más, aún en pleno siglo XXI sobrevive, quizá porque tuvo que ver la decisión tomada por los inversionistas de la Standard Fruit Company, a quienes la Vaccaro Bros. Co. y la familia D’Antoni les traspasó su administración desde el mismo tiempo en que se planificó la fusión de ambas compañías en 1923, antes de ser inaugurado el hospital.

Para 1935 al retirarse la Vaccaro Bros. Co., la familia D’Antoni les solicitó a los propietarios de la Standard se trasladara este hospital a la Alcaldía de La Ceiba, por ser considerado una donación al pueblo de Honduras. La Standard Fruit Co. se negó, y prefirió continuar con su sostenibilidad. Ello fue a tal grado que a casi un siglo de su creación, sigue brindando atención a cierto sector de la población del departamento de Atlántida, pero no a los pobres y vulnerables. Estos recurren a la precaria infraestructura del Hospital Atlántida.

Cuando se tomó la decisión de trasladar este hospital al gobierno de Honduras, se estaba en plena dictadura del gobierno de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), otro seguidor del Partido Liberal, pero integrado al Partido Nacional desde 1919. Algo se presintió por parte de esta compañía, seguro de la incapacidad de administrar el hospital por parte del Estado, ya que al gobernante a pesar de permanecer durante dieciséis años en el poder, no le interesaron los problemas sociales, particularmente los referentes a temas laborales y de la salud pública. Es más, el embajador de EE. UU. en Honduras, John D. Erwin, afirmaba que para este momento Honduras era maravillosa porque no había terremotos, volcanes, sindicatos, ni legislación sobre sueldos o seguridad social. Cualquier similitud con la realidad actual no es coincidencia, es parte del problema histórico que nos sigue afectando en los derechos de la salud a los hondureños y las hondureñas, más aun en momentos de continuismo.
Así, en estas circunstancias los profesionales de la medicina asumieron los problemas de la salud, entre mediados de la década de 1920 y e inicios de la década de 1930. Siendo presidente de la República el doctor Miguel Paz Barahona, y de su colega José Jorge Callejas como Director General de la Salubridad Pública, ambos del Partido Nacional, se responsabilizaron en fundar el Hospital San Felipe en la ciudad de Tegucigalpa, inaugurado en 1926.

Por cierto, este centro hospitalario tuvo que asumir la atención de los enfermos que se trasladaban desde los diferentes sectores del territorio, y que le correspondía atender al Hospital General. El San Felipe, como aún se le conoce, también tuvo que atender a los enfermos de tuberculosis, debido a que el proyecto liderado por la organización benéfica de la primera dama doña Anita de Gutiérrez, no logró consolidarse. Esto se dio a pesar de que su esposo, el presidente Rafael López Gutiérrez (1920-1924) padecía frecuentes enfermedades respiratorias, a tal grado que falleció en su primer mes de gobierno ilegítimo, a causa de neumonía.

Este compromiso luego lo asumió el doctor José Jorge Callejas. Como director de la oficina de la Salubridad Pública, se propuso ver las maneras de cómo crear el Hospital de Tuberculosis. Sin duda esta fue una de las razones para que se organizara la Junta de Beneficencia Pro-Sanatorio Nacional de Tuberculosos, dirigida por el medico Rubén Andino Aguilar, amigo y compañero de toda la generación de médicos de 1910 y 1920. Su papel en esta junta fue de dictaminar las condiciones científicas del terreno donde debía construirse el sanatorio, y gestionar los fondos para su funcionamiento. Los trabajos de construcción dieron principio para el funcionamiento del Hospital Santa Rosita, en la comunidad de Amarateca en los alrededores de la ciudad Tegucigalpa en 1927, pero toda gestión y avances fueron abandonados. Considerados hasta mediados del siglo XX.

Hoy estos enfermos se atienden en los espacios del San Felipe. Ahí encontramos la sede del hospital que atiende a los más vulnerables de esta enfermedad, y además las víctimas de la COVID-19, pero sin el presupuesto necesario para atender no solo a los pacientes con enfermedades respiratorias, sino también a los trabajadores de la salud que ahí laboran. Cabe mencionar que la idea del Estado de construir un establecimiento para este tipo de enfermedades fue pensada desde los inicios del gobierno de Francisco Bertrand Barahona, sin embargo, la historia se repite.

Así, en este contexto, y pesar de los pocos avances en infraestructura hospitalaria construida entre 1880 y 1926 en Honduras (Hospital General, Hospital del Norte, Hospital de Occidente, Hospital San Felipe), se configuró formalmente una red hospitalaria incipiente con fondos del Estado hondureño. Esta se complementó con la red construida por las compañías bananeras extranjeras en el Caribe durante las décadas de 1910 y 1920. Y para entonces, se pretendía atender a las poblaciones trabajadoras, enfermas y ocupadas en las actividades del banano y el ferrocarril.

Ya en este momento según Foucault, es cuando se piensa que el Estado debe ofrecer las condiciones sanitarias para la comercialización y la acumulación de capital, evitar la propagación de las epidemias, en generar las condiciones del medio ambiente, y los espacios salubres para los individuos ocupados en tareas del desarrollo industrial.

Esta visión generó diferencias, tanto en presupuesto como en el equipo y los profesionales de la medicina necesarios en los hospitales de las compañías bananeras y, en aquellos administrados por el Estado hondureño. Estos seguían sosteniéndose con poco presupuesto nacional, destinado no solo a los compromisos de la deuda del ferrocarril, sino también a la ola de conflictos armados, latentes y muy brutales entre 1903 y 1932.

Ya para este año de 1932, finalizaba la administración del presidente Vicente Mejía Colindres (1929-1932) del Partido Liberal. Durante su gobierno, también se integraron sus amigos médicos, y sin distinción política colaboraron en la administración de los hospitales y ocuparon en cargos de las oficinas de la salud pública. Por ello no fue casualidad que se nombrara a su amigo y médico Argueta Ayes, como Secretario de Gobernación, Justicia y Sanidad en 1931, responsable de todos los problemas de la salud nacional. Y además se beneficiaron con becas para realizar estudios de especialidad a José Jorge Callejas, Rubén Andino Aguilar y Ricardo Alduvín.

Durante su gobierno, Mejía Colindres, y a pesar de sus diferencias políticas, les dio continuidad a varias de las iniciativas encaminadas por su amigo y colega el presidente Paz Barahona. Ambos originarios del occidente de Honduras, formados en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y con experiencias similares al especializarse en universidades de Estados Unidos y Europa, tuvieron una visión más amplia de cómo atender los problemas de la salud nacional. Por ello no fue casualidad que motivaron a varias mujeres hondureñas a formarse como profesionales de la medicina en el extranjero. Esta decisión despertó la relación más excluyente del gremio de la medicina con el Estado.

Sin duda, estas acciones fortalecieron el discurso académico y la relación entre médicos y el Estado como parte de la imagen del Estado higienista y de la nación moderna. Mas cuando se trataba de Mejía Colindres, un médico con mucho compromiso en los problemas sociales desde que fungió como Secretario de Instrucción Pública (1908-1911), al gestionar la reapertura de la Facultad de Medicina, cerrada por Manuel Bonilla.

En cuanto al seguimiento de la infraestructura hospitalaria, fue en los dos últimos años de su gobierno cuando se hizo las gestiones para ampliar la cobertura en servicios a cargos de hospitales públicos y privados en las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa, en la región Central de Honduras. Entre 1931 y 1932
siendo su Ministro de Guerra Marina y Aviación el doctor José María Ochoa Velásquez, originario y domiciliado en Comayagua, hizo las gestiones para que mediante el Decreto Número 199, del mes de abril de 1931, se ordenara la creación del Hospital Santa Teresa en dicha ciudad. Para su construcción se destinó una serie de rentas provenientes de actividades administrativas de la localidad. Y por iniciativa de monseñor Agustín Hombach, llegaron a esta ciudad, un colectivo de mujeres religiosas de procedencia alemana para integrarse como accionistas y administradoras del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Una año después, por gestiones del doctor Salvador Paredes con miembros de la Asociación Médica Hondureña, junto a banqueros, comerciantes y capitalistas crearon una sociedad anónima y fundaron la Sociedad Anónima La Policlínica en la ciudad de Comayagüela.

Después de finalizado el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres (1929-1933) sucumbió la intención de los gobiernos liberales y post liberales en la construcción y el sostenimiento de los hospitales a nivel nacional. Se tuvo que esperar otro momento, la década de 1950, cuando se encaminó un proyecto de reformas sociales iniciadas por Juan Manuel Gálvez (1949-1954) y ejecutadas por Ramón Villeda Morales (1957-1963). Se trata, por un lado, de la construcción del edificio del Hospital Materno Infantil, y los espacios donde funcionarían por primera vez los centros de salud a nivel nacional; y por otro, el establecimiento que dio vida a lo que se pretendió atender la salud laboral, cuando en 1962 se inaugurara la oficina del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa.

El IHSS, no solo ha sobrevivido al poco presupuesto que le ha asignado el Estado desde su nacimiento, sino también a sus constantes reformas planteadas por el modelo neoliberal desde los gobiernos de inicios de la década de 1990, y, por si fuera poco, también ha sobrevivido al más temeroso acto de corrupción perpetuado por sus últimas administraciones.

Hoy ninguno de todos estos establecimientos de la salud, son capaces de atender la crisis sanitaria de la COVID-19. Seguimos experimentando los efectos del poco tacto de la élite política por revisar la historia. De saber que cuando hay diferencias entre el Estado y los trabajadores y profesionales de la salud, o cuando interesa más los asuntos en extremos partidarios no se puede avanzar con la atención colectiva o la salud nacional. Y más aún cuando al Estado le distraen los problemas, como la corrupción y el narcotráfico, no sabe ni cómo comprar los guantes, las suficientes mascarillas y mucho menos los hospitales, como el mínimo recurso para atender a los hondureños y hondureñas víctimas de la pandemia.

En conclusión. Los esfuerzos y las limitaciones por la construcción y sostenimiento de los hospitales por parte del Estado hondureño han tenido sus momentos. Estas están latentes desde el mismo nacimiento y proceso de la formación del Estado nacional. La falta de presupuesto, el rechazo y la discriminación en la atención de la población afectada por las enfermedades infecto contagiosas y epidémicas han sido una constante; al igual que los conflictos extremos y partidarios.
Con este resumen sobre “el papel del Estado en la construcción y el sostenimiento de los hospitales…”, se ha demostrado, que, a pesar de las limitaciones ha habido esfuerzos, y se ha avanzado cuando se ha dado la oportunidad de trabajar juntos los médicos y el Estado. Una relación desarticulada en pleno siglo XXI y en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Así está la situación de la infraestructura hospitalaria y la salud en Honduras, un problema histórico.
Santa Lucía, 12 de julio del 2020.

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