Por: Edmundo Orellana
Con el nacimiento del Ministerio Público el rostro de la corrupción comenzó a dibujarse y, por supuesto, a ser identificado, pero parcialmente.
Fue hasta que vino la MACCIH, actuando junto a UFECIC, que descubrimos el verdadero rostro de la corrupción. Descubrimos que el fenómeno no es el resultado de la acción de individuos aislados, sin conexión entre sí, a los cuales persiguió, en sus inicios, el MP individualmente. Se trata, en realidad, de una red que comprende la totalidad del Estado, en la que participan funcionarios, que la facilitan -y de paso, se aprovechan-, con la intervención de algunos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, a la que se han sumado algunas organizaciones religiosas.
Hubo un momento, sin embargo, en el que todo se relajó y la red operó sin apariencias, porque pasó por sobre las formas y formalidades olímpicamente. Fue durante el interregno comprendido entre el 28 de junio del 2009 y la toma de posesión del nuevo gobierno, que surgió del golpe de Estado, porque el caos se apoderó de la administración pública, con el consiguiente desorden en el manejo de los recursos presupuestarios que en el orden de 20 mil millones de lempiras, según lo denunciado por el ministro de Finanzas del nuevo gobierno, no fueron liquidados debidamente; sin incluir, por supuesto, los contratos que se aprobaron en el Congreso Nacional durante los dos últimos meses de esa legislatura y que todavía no se analiza el daño en las finanzas públicas.
Aunque las primeras acciones del MP se dirigían a individuos aislados, la red de corrupción, que, hasta ahora sabemos, operaba desde entonces, vio en esto una amenaza y decidió tomar cartas en el asunto, mutilándolo. Aprobaron una ley cercenando del MP la investigación criminal y transfiriéndola a la Policía uniformada, a sabiendas de que en esta desaparecería, como, en efecto, ocurrió por veinte fatídicos años, durante los cuales el crimen creció sin ningún control, fortaleciéndose en áreas como el narcotráfico, actividad en la que, finalmente, terminaron participando alegremente funcionarios, políticos, uniformados y empresarios, conscientes de que gozaban de impunidad.
Los mecanismos de control se controlaban mediante el nombramiento de los funcionarios convenientes, de modo que había zonas intocables, como la partida confidencial presidencial y algunos presupuestos, como el del Congreso Nacional.
Cuando la sociedad civil era beligerante, decidieron invitarla a participar en los procesos de decisión con el objeto de que fueran parte del problema, no de la solución. Y cayeron en la trampa. Aceptaron participar en los espacios de decisión creados para ellos. Participaron, desde entonces, en la selección de autoridades, como el director de Policía, propuesto por CONASIN, y últimamente en la depuración (por eso la sociedad civil no puede alegar ignorancia sobre la corrupción de la Policía), los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general, en cuya última elección se ignoró lo propuesto por la sociedad civil por las manifiestas y grotescas irregularidades ocurridas en el proceso.
Durante operó el binomio MACCIH-UFECIC la red entró en pánico, pero rápidamente recuperó el sosiego, expulsando a la MACCIH y eliminando UFECIC. La red entendió que era más poderosa de lo que creía, porque se impuso a la cooperación internacional que estaba detrás de la MACCIH, con la tácita aprobación del gobierno de Estados Unidos, que hizo caso omiso de las acciones emprendidas por la red para expulsar la MACCIH, con la complicidad del secretario general de la OEA.
La presencia de la MACCIH fue aprovechada por la red de corrupción, porque, en el afán de defenderse de sus acciones, aceleró el proceso de construcción del sistema de impunidad, emitiendo leyes que le garantizan que sus fechorías pasadas jamás podrán ser castigadas. La red de corrupción, entonces, se sabe intocable e invencible, porque tiene la solución para evitar ser perseguida: basta emitir una ley que lo impida.
El informe (pasquín, dice CNA) del Tribunal Superior de Cuentas sobre la compra de hospitales móviles es una reminiscencia del caduco sistema, por el que convenientemente se exonera a quienes resultan intocables y se señalan responsabilidades generalizando, de modo que nadie resulte responsable, con el agravante de que, por la denuncia de uno de los magistrados del TSC, se sabe que fue decisión personal del magistrado-presidente, no del Tribunal.
La forma irresponsable como fue manejado el caso de la compra de los hospitales móviles y el burdo intento de exonerar a todos los involucrados, revela que la corrupción se institucionalizó, a vista y paciencia de la oposición, cuyos representantes en el Congreso ni siquiera intentan deducirle responsabilidad política a los involucrados, lo que nos da más fuerza para seguir diciendo sin cansancio: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
