Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
Los policías también están presentes en la guerra contra el covid-19, cumpliendo su misión en primera línea de combate, no solo en el frente de la bioseguridad, también en el de la seguridad ciudadana. Ahí los vemos día y noche los siete días de la semana vistiendo su insigne uniforme en contacto con los ciudadanos, ya sea bajo un caluroso sol o bajo las inclementes lluvias o en las solitarias noches de cuarentena. Son seres humanos encargados de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos hondureños, de acuerdo a las órdenes de autoridades jerárquicas propias del sistema de mando policial, definido en la Ley de la Policía Nacional. Constituyen una fuerza estatal que, en la actualidad, son conducidos por la ruta del cambio real, basada en principios de respeto a los derechos humanos y educada bajo una nueva pedagogía de ética que, incita a no caer en el abuso de la fuerza pública, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. O sea, la crisis que causa el covid-19 en Honduras, cayó en un contexto histórico policial, basado en respetar a la ciudadanía y aplicar la ley con sabiduría e inteligencia.
La Policía ha cambiado para bien. Tiene presencia efectiva tanto al nivel de las principales ciudades urbanas como al nivel rural local y contribuye de una manera compartida con las instancias civiles, para mejorar la seguridad ciudadana, la aplicación de los protocolos de bioseguridad y apoyar en la ejecución del plan de reapertura y reactivación económica. Se han acercado a la ciudadanía para auxiliarla, involucrándose en instancias de gestión civil que centran la atención en los problemas de deterioro de la convivencia al nivel familiar, del vecindario y el caserío; las cuales, la pandemia tiende a deteriorar.
Si bien los datos estadísticos evidencian que en el período que comprende del 16 de marzo al 25 de julio de este 2020, se produce una disminución en la incidencia de homicidios, de un 28.2%, es decir, un total de 417 homicidios menos comparado con el mismo período del año 2019. Y que al hacer la comparación es evidente que la mayor disminución ocurre en los casos registrados como “en proceso de investigación” 180 casos menos y por “criminalidad” 142 casos menos, y por convivencia, 95 casos menos (Secretaría de Seguridad: Datos preliminares; SEPOL/UTECI, 2020): hay que considerar que el confinamiento puede causar alteraciones negativas en el estado de la convivencia.
La disminución de homicidios en el área urbana, 346 menos y 71 menos para el área rural, debemos considerarla con relativa prudencia. Los protocolos policiales deben intensificar el trabajo compartido con organizaciones civiles contribuyendo a lograr una efectiva aplicación de los planes de convivencia y seguridad ciudadana.
La crisis que estamos viviendo es multidimensional, no es solo de carácter pandémico sanitario, también es política y económica; evidentemente, tienen consecuencias particulares en cada área territorial; lo cual, demanda una estrategia policial que considere la heterogeneidad de los intereses sociales. En efecto, el recrudecimiento de la ofensiva política por parte de los actores políticos de oposición al gobierno, las irregularidades en el manejo de los fondos para comprar hospitales alternativos e insumos biomédicos y el deterioro económico nacional; son factores que afectan la convivencia. En consecuencia, la Policía Nacional, aprovechando sus fortalezas como la disciplina, su orden institucional y la muy buena coordinación entre sus mandos superiores, pueden generar mejores condiciones para que la seguridad ciudadana se logre bajo un esquema de operatividad confiable y creíble.
La Policía Nacional cuenta con oficiales policiales bastante bien educados académicamente, con diversas capacidades para desempeñarse en áreas de investigación aplicada, análisis y elaboración de estrategias de convivencia y seguridad ciudadana. Sin lugar a dudas, la nueva cualidad de los policías contribuye al mejoramiento de la seguridad ciudadana. Por su parte, los agentes regulares de la escala básica reciben una formación y un entrenamiento inicial mínimo de un año, en el Instituto Técnico Policial localizado en La Paz y Comayagua, y existe también, la opción de ingresar a tres años en la Academia Nacional de Policía, de donde salen preparados con mayor nivel académico, para desempeñarse y cumplir funciones que requieren más alta profesionalidad. Tal como lo demanda, la situación pandémica del país con la expansión del covid-19, y simultáneamente, también hacerles frente estratégicamente a las violencias criminales o por convivencia.
La triquiñuela política conspirativa que los detractores de oficio aplican contra el gobierno intensivamente no tiene cabida en la Policía Nacional. Por el contrario, a pesar de tener más trabajo y mayores responsabilidades con similares medios, mantienen su efectividad en las tareas de control y prevención de las violencias. En tiempos de pandemia, la convivencia y la seguridad ciudadana, son claves para la reapertura y la reactivación económica del país. A esto pongámosle atención.
