Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia: El costo de un político hondureño es muy caro

ZV
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8 de agosto de 2020
/
12:13 am
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Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia: El costo de un político hondureño es muy caro

A menos de 40 días de la convocatoria para las elecciones primarias del 2021, no existe una Ley Electoral. Ni siquiera un panorama alentador. Suenan tambores de cancelar esos comicios en un bando y hasta una Asamblea Nacional Constituyente en otro. La nueva ley por sí sola tampoco garantiza transparencia ni mucho menos tranquilidad para los hondureños al dejar por fuera reformas significativas como la reelección y la segunda vuelta. El director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras, Luis Daniel León, ha seguido de cerca estas reformas y hoy expone sus observaciones sobre el peligro para la democracia el volver a los próximos comicios con las mismas reglas.

–¿Cómo llega a Honduras el Instituto Holandés para la Democracia?
El Instituto nace en Holanda en 2000, estamos en 23 países de América Latina, Europa y África. En Honduras tiene presencia desde 2012, dado los conflictos políticos desde entonces y que generó el interés del gobierno holandés de fortalecer la democracia.

–¿Cuál es la línea específica de trabajo en Honduras?
Entre otros temas, promovemos los diálogos democráticos, la reforma electoral y la formación de las escuelas para nuevos cuadros políticos pensando en una nueva clase política que entienda que los procesos democráticos se basan en los acuerdos partidarios.

–¿Cómo responden los jóvenes en un país donde la palabra política es sinónimo de corrupción?
Se está luchando contra el desencanto que la gente tiene de la clase política. Los jóvenes deben entender que la manera de hacer los cambios es participando, ser parte del relevo generacional y que los partidos políticos son soluciones si se manejan de la manera correcta.

–¿Están en decadencia los partidos?
Se ha ido perdiendo ese fin de ser el contrapeso de los gobiernos y se han vuelto empresas comerciales. Ciertamente, tienen que luchar contra ese nivel de repudio que tiene la población hacia ellos.

–¿Pasa lo mismo en los partidos de la región?
Ese es un mal de los partidos en América Latina, se volvieron espacios para que grupos económicos y de poder tomen las decisiones en representación, entre comillas, del pueblo. Esto debe cambiar y aunque no es fácil romper esa historia de 40 años, los partidos deben recuperar el poder que tuvieron al principio de la democracia: Confiables y creíbles.

–En cien años, siempre gobernaron los mismos, ¿por qué será?
Porque no tenemos cultura política, llamamos democracia a votar cada cuatro años y seguimos votando por el más guapo, el cantante, el bailarín, le damos el voto a personas, como premio por salir en películas o en el fútbol, y ahí es donde está el problema: no sabemos votar. Es cultural. Por eso, pequeños grupos se apoderan de los partidos. Nosotros le apostamos al cambio para que sirvan al pueblo.

–Hay dos elecciones a la esquina en medio de la pandemia, ¿se podrán realizar?
La democracia no está en cuarentena, las elecciones no pueden detenerse independiente de la emergencia sanitaria.

–¿A mayor número de partidos, mayor democracia?
Ni cien partidos es sinónimo de democracia, hay partidos que se inscriben con 65 mil votos, pero solo sacan dos mil votos. Hay que tener definido si solo ocupamos dos o tres partidos a 15 o más. Eso busca la nueva Ley Electoral, regular la inscripción de partidos políticos de tal manera que sean representativos. Si representa, debe considerarse partido, si no representa, no debe ser.

–Se habla que serán 20 al final, ¿qué le parece?
Constitucionalmente todos tenemos derecho a participar, pero 20 partidos no necesariamente puede ser positivo para la democracia, si solo tres tienen posibilidades de ganar. La nueva Ley Electoral trae los controles para evitar ese comercio de credenciales.

–¿Todos los partidos manejarán credenciales?
La nueva Ley Electoral limita la entrega de credenciales a los tres partidos, los demás partidos serán veedores sin voz ni voto. La deuda política será por los votos que saquen y los diputados al Parlacen se elegirán en papeleta separada.

–¿Tiene optimismo con la nueva Ley Electoral?
No es lo que hubiéramos querido, pero es la base de lo que queremos, después de 40 años.

–¿Qué le falta?
Ya lo hemos dicho: cualquier reforma electoral no será reforma si no se define la reelección y segunda vuelta. Son temas constitucionales que solo se pueden abordar vía consulta popular, plebiscito o referéndum. La gran duda es si llegarán a un acuerdo sobre estos dos temas.

–¿Cuáles son las posiciones?
El oficialismo propone aplicar la reelección para el 2025 y la oposición para el 2021, lo mismo que la segunda vuelta. Mientras no se llegue a un acuerdo, la reforma electoral no llena la expectativa del pueblo hondureño.

–¿Cómo está en el dictamen?
Queda contemplado en el anexo del proyecto que sea el pueblo el que decida si quiere cambiar esos artículos o no, mientras esto no pase la reforma queda debiendo.

–¿Serían la solución a la crisis política?
La segunda vuelta podría garantizar una mayoría absoluta para el ganador, eso pudiera solucionar la legitimidad de los gobiernos. Por el lado de la reelección, no ha habido ninguna reforma y, por lo tanto, sigue siendo inconstitucional.

–¿Y el fallo de la CSJ?
Este fallo no es ley ni puede reglamentarse, por lo tanto, hay que definir si la reelección es válida en Honduras y eso solo lo define el pueblo y, mientras tanto, no se defina en la Constitución, seguirá siendo un conflicto, como hasta ahora.

–¿Cómo sería el procedimiento de una consulta popular?
La gente va a votar si está de acuerdo en reformar los artículos de la Constitución y no directamente a favor o en contra de la reelección. Si está de acuerdo, el Congreso nombra una comisión para hacer la reforma constitucional.

–¿Sería necesaria una Constituyente?
La Constituyente significa trastocar todo el pacto social de la Constitución. Lo cierto es que las elecciones del 2021 deben tener solucionado estos dos temas, otra crisis política ya no lo soportaría este pueblo, después del impacto de la pandemia y todas las crisis desde el golpe de Estado del 2009.

–¿Se puede hacer una Constituyente a la luz de la actual Constitución?
Si vemos bien, sin sectarismo, tenemos una buena Constitución, pero los grupos políticos del poder no se preocupan por aplicarla, más que una nueva Constitución, necesitamos aplicar la actual y eso no lo soluciona una Constituyente.

–¿Qué tanto sigue creyendo la gente en la democracia?
Hay un nivel de hartazgo. La gente ya no cree porque en 40 años no ha tenido respuesta a sus problemas y se siguen preguntando qué ha mejorado en Honduras porque no funciona nada.

–¿Se aprobará la Ley Electoral?
Ya está lista para el debate. El punto es que, si no hay acuerdo sobre la reelección y la segunda vuelta, cualquier acuerdo queda en segundo lugar.

–¿Estará lista para las primarias?
Esperamos que sí, en septiembre es la convocatoria a elecciones y hay que definir si seguiremos con la nueva ley o la vigente. El mayor riesgo para la reforma electoral es el tiempo.

–¿Serán comicios transparentes?
Depende mucho de los partidos, ellos están presentes en todo el proceso, custodian el material, cuentan los votos, firman las actas, mandan los resultados, entonces, no pueden denunciar fraude.

–¿Debe el Estado seguir financiando las primarias?
Se deben crear los mecanismos de financiación, que los partidos no dependan del Estado, pero tampoco de dinero sucio, pero sí es un hecho el alto costo de sostener estos partidos frente a los pocos resultados de estos partidos. Se acostumbraron a vivir del dinero público.

–¿Deja un rédito esa inversión?
No. Financiamos la campaña, a los partidos, el salario de los que ganan y los que no ganan, es decir, el costo de un político hondureño es muy caro.

–¿Habrá censo nuevo y tarjeta?
Lo que debe haber siempre son elecciones. Los acuerdos políticos deben decir que sin tarjeta o censo nuevo van a participar, busquemos un lector de huellas, algo hay que hacer, aunque no vemos ese plan B.

–¿Cuál fue ese enredo con la presidenta de CNE?
Hubo mala intención y mal manejo de información. Ella participó en todo el proceso del plan estratégico, pero nos avisó quince días antes que no estaría en la entrega del documento final porque no le gustan los actos protocolarios.

–¿Por qué se dijo que ustedes se habían retirado?
Es que hasta ahí llegaba nuestra participación, pero en los medios se entendió que nos retirábamos del proceso electoral por culpa de la consejera, lo cual no es cierto. En la carta de cierre del proyecto lo explicamos bien, pero alguien nos quiso meter en una lucha entre ellos.

–¿Deben los militares ocupar puestos en el gobierno como ahora?
Es que este gobierno tiene un corte militar, la formación del mismo presidente es de formación militar, es lógico, que gobierne con militares. Si fuera ingeniero, querría gobernar con ingenieros en su gabinete. Ciertamente, los militares están bien preparados pero su rol constitucional está bien definido.

–¿Serán elecciones pacíficas?
Será un proceso electoral difícil sino no hay una nueva ley. Con la ley vigente se habla de fraude, sin nueva identidad seguirán votando los muertos.

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