Por la implantación de un gobierno electrónico
Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
La crisis que hoy en día se está viviendo a nivel mundial a consecuencia del influjo demoledor del denominado COVID-19, ha obligado a la efectiva utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tal como lo evidencian los hechos concretos en todos los ámbitos del acontecer social. En síntesis, el coronavirus se ha convertido en el eje o la motivación central para la implantación del gobierno electrónico y por ende, de la efectiva aplicación de las tecnologías de la información.
Y qué entendemos por gobierno electrónico? Consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la industria. En esencia, se refiere a los procesos y estructuras creadas para la oferta electrónica de los servicios gubernamentales, lo que obviamente depende funcionalmente de muchas aristas o ramificaciones, pues entraña el compromiso de dinamizar la política, los servicios públicos y las funciones parlamentarias y judiciales.
En función de que estamos inmersos en el contexto de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, la tendencia creciente a nivel de todos los países del orbe, es justamente la implantación del gobierno electrónico, con el propósito fundamental de darle mayor transparencia y efectividad a la administración pública, erradicando la nefasta y destructiva corrupción, en coincidencia con los requerimientos de la sociedad del presente.
El gobierno electrónico entraña por excelencia, el empleo del internet y las TICs para conseguir una mejor administración del gobierno mediante la transparencia y el acceso público a la información, reforzando estratégicamente la asociación fundamental entre el sector público y los ciudadanos, pues el mismo fomenta una participación más amplia de los ciudadanos en el proceso y gestión de los gobiernos.
Es admitido unívocamente que el uso de las tecnologías de la información y comunicación permite que el gobierno se torne más eficaz y eficiente, en atención a que entre otras cosas: a) Proporciona servicios de más calidad y fácil acceso; b) Estimula la actividad económica; c) Sirve como apoyo en la difusión de programas y rendición de cuentas (aspiración primigenia de la ciudadanía en general); d) Sirve como guía de autogestión al ciudadano; e) Incrementa la comunicación tanto al interior como al exterior del gobierno; f) Genera certidumbre y confianza en el gobierno; y, g) Informa a la población y crea un ambiente que facilita la tan ansiada participación ciudadana.
Lo señalado lo resalta la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico suscrita en Santiago de Chile el 10 de noviembre de 2007, cuando puntualiza dos objetivos inseparables en el proceso de reconocimiento del derecho de acceso electrónico a las administraciones públicas: a) Un objetivo final y directo: “reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las administraciones públicas y que contribuya también a hacer estas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes”; b) “Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo”.
En dicha carta, dicho sea de paso suscrita por Honduras, se insta a los estados que, en la construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y decisiones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendentes a contribuir a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados y al bienestar de sus ciudadanos. Por último, la Carta reconoce el rol insustituible que le corresponde a los estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la democracia.
Como rasgos básicos del E-government se destaca: el que conecta a la gente a los distintos niveles de gobierno nacional e internacional, de acuerdo a sus preferencias y necesidades; disponible y de acceso universal en casa, trabajo, centros educativos, bibliotecas y otras localidades apropiadas a cada comunidad; privacidad y seguridad, además de autenticación, que generen confianza; innovador y enfocado a resultados, enfatizando velocidad y capacidad de absorber y adaptar avances tecnológicos; colaboración, con soluciones desarrolladas entre aliados públicos, privados y centros de investigación; transformacional, fomentando tecnología a través de liderazgo personal y organizacional para cambiar la forma de hacer gobierno.
En el contexto de lo señalado, esperamos que el presente gobierno y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral propicien en forma conjunta y estratégica la implantación del voto electrónico para las próximas elecciones, pues ello entrañaría el ahorro de una enorme cantidad de millones de lempiras, la no depredación del medio ambiente por la cantidad de papel que se utiliza en dichos procesos, al tiempo que se impregnaría a los mismos mayor transparencia y efectividad, propiciando que lleguen a cargos de elección popular, los hombres y mujeres que el pueblo quiere.
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