En septiembre de 1984, viajo a Madrid por tres años, gracias a una beca concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, para estudiar un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense. Contaba con 26 años de edad. El programa de doctorado en España consta (al menos en mi tiempo, 1984-1987), de un mínimo de tres cursos monográficos que se sacan en un año lectivo, y que uno elige de una lista de varios temas que publica la Facultad de Derecho en una tabla de avisos allende a la oficina de la decanatura; más una tesis doctoral que comprende al menos dos años más, para hacer un total de tres.
En el primer caso, los cursos seleccionados con sus respectivas calificaciones fueron: “Aspectos Jurídicos del Comercio Internacional”, impartido por el profesor Tomás Abadía, miembro de la Cámara de Comercio de Madrid, que me concedió un Notable. “El Arbitraje en las Relaciones Comerciales entre Europa e Iberoamérica”, impartido por Don Miguel Fenech Navarro, presidente de la Comisión Internacional de Arbitraje de España y Director de mi tesis doctoral, que me calificó con un Sobresaliente. Y con nota de Sobresaliente también me distinguió el profesor (cuyo nombre tampoco recuerdo) de la asignatura “Derecho del Comercio Internacional: Sectores Escogidos”.
Por su parte, la tesis constituye el centro motor de los estudios de doctorado y consiste en un trabajo original de investigación que debe ser leído y defendido en público ante cinco doctores, profesores académicos de distintas universidades, tal como aconteció en mí caso que contó con la presencia de: Tres profesores de Madrid (Manuel Albadalejo García (QDDG), profesor de Derecho Civil, que presidió el jurado examinador, Andrés de la Oliva Santos, y una dama cuyo nombre no recuerdo, que hizo de secretaria); uno de Barcelona (Manuel Serra Domínguez, QDDG), y uno de Alicante (Vicente Gimeno Sendra), estos tres últimos, profesores de Derecho Procesal.
Mi tesis lleva por título: “Contribución al Estudio Jurídico de la Obra Cinematográfica” (Algunos Aspectos Procesales de la tutela efectiva de los Derechos Fundamentales de la persona, vulnerados por la Obra Cinematográfica). Consta de II Tomos, con un total de 829 páginas, la cual se defendió un 23 de septiembre de 1987, obteniendo como calificación un APTO “CUM LAUDE”, es decir, Aprobado con Honores. El título que nos ocupa tiene como antecedente, la utilización en una película del nombre e imagen de una persona. Ello ocurrió el 20 de enero de 1958, cuando su Alteza Imperial, el Gran Duque Wladimir de Rusia, interpuso en el Juzgado número 1 de Palma de Mallorca, una querella, a través de su apoderado legal, don Miguel Fenech Navarro, contra el productor y director español Juan de Orduña, al utilizar éste, sin la autorización del Gran Duque, su nombre en la película El último cuplé”.
Con el agravante, que en las escenas donde sale representado el Gran Duque Wladimir de Rusia, se le hace aparecer como individuo dado a la bebida, totalmente amoral, que ofende en público a una dama (interpretada en el filme, por Sarita Montiel) y que, en ese mismo espacio es abofeteado por ello. En las tomas en que se utiliza el nombre de su Alteza Imperial, se nombra al actor Alfredo Mayo con el nombre y el título de “Gran Duque Wladimir de Rusia”. Se le designa dos veces con el título de “Gran Duque”. Al dirigirse a él le llaman los demás personajes, “Wladimir”, por dos veces, y “Alteza” por otras cuatro. En esa época solo existía una sola y única “Alteza Imperial Gran Duque Wladimir de Rusia”, que era precisamente el querellante, pues desde Pedro el Grande de Rusia no han existido más Grandes Duques de este nombre que el relacionado y su abuelo por línea paterna.
Este incidente judicial se resolvió cuando Cifesa, la distribuidora de la película, acordó pagar al indignado Duque una no revelada pero importante cantidad de dinero, eliminando del guión las palabras “Rusia” y “Wladimir”, gracias a lo cual, la película siguió exhibiéndose y todo lo que se escucha en el filme son referencias al “Gran Duque”, pero sin nombre. Más tarde se estrenó a raíz de este affaire, una comedia paródica con el título de “El pleito del último cuplé”. En el año 2006, contando con el apoyo solidario del poeta, Segisfredo Infante, que fungía como Director de la Editorial Universitaria (UNAH), publiqué una adaptación de mi trabajo doctoral, bajo el título de “Estudio jurídico de la obra cinematográfica”, el cual consta de dos apartados que se desarrollan en 254 páginas.
El primero lleva por título: “Análisis fenomenológico de la obra cinematográfica”, que comprende siete capítulos (Creación y fijación de la obra cinematográfica; Sujetos intervinientes; desarrollo de la obra cinematográfica; compaginación o montaje; obras y autores adaptados; exteriorización de la obra cinematográfica e influencia de esta en la sociedad) donde se sientan las bases necesarias que explican la importancia del conocimiento de la obra cinematográfica y la necesidad de un ordenamiento legal que lo regule, visto desde tres ángulos que constituyen su ciclo natural: Producción, Distribución y Exhibición.
Y el segundo, lleva por título: “Cine y Derecho”, que consta de tres capítulos donde se establecen los criterios valorativos que median la relación que impera entre el cine y el derecho; los puntos de contacto de otras legislaciones, con determinados aspectos de la cinematografía. Finalmente, se examina la autoría de la obra cinematográfica y las teorías que existen sobre la materia, hasta desembocar en la responsabilidad que pueda recaer en distribuidores y exhibidores a la hora en que la obra cinematográfica pueda vulnerar para el caso, un derecho fundamental.
