Por: Edmundo Orellana
Fueron los jóvenes, a los que se sumó rápidamente el resto de la sociedad, quienes, en las redes sociales, comenzaron con la pegajosa y fustigante frase, inquiriendo al gobierno sobre el destino de los dineros entregados, supuestamente, para pagar los, supuestos, hospitales móviles, construidos, supuestamente, en Turquía.
No contentos con saturar las redes con la pregunta, manifestada en variadas, creativas y hasta jocosas formas, se decidieron por la audacia y pintaron, y hasta repintaron, el puente Paz y Esperanza del bulevar Suyapa, sorprendiendo a la capital y al país entero con su osadía y provocando la airada reacción del gobierno, especialmente del municipal, que desplazó maquinaria y personal especializado, incluida la Policía Nacional y la Municipal para imponer autoridad, con la misión de borrar el desafiante mensaje, que resultó en un rotundo fracaso, pese a los reiterados intentos, en los que intervinieron hasta activistas del partido de gobierno.
Ni siquiera esta sencilla misión fue capaz de cumplir el gobierno, con lo que demuestra que la incapacidad es su característica más singular, puesto que ningún proyecto, de los que emprende con tanta fanfarria, puede culminar. Prueba de ello, son el faraónico “centro cívico” y “Palmerola”, cuyos costos cargarán sobre sus hombros muchas generaciones.
Es, sin duda, el gobierno más negligente de nuestra historia. Pero también es el que más señalamientos de corrupción contabiliza. De ahí, que revista capital importancia la pregunta: ¿Dónde está el dinero?; pintada en cuanto muro, avenida y edificio esté al alcance de la indignación popular, en todo el país.
El proceso de pago de los supuestos hospitales móviles dejó un rastro que será fácil de seguir para descubrir quiénes lo recibieron y en las cuentas que finalmente se encuentran, siempre que bancos gringos hayan participado, que de resultar una operación fraudulenta involucraría a la justicia gringa y tornaría el caso en un asunto extremadamente complicado para el gobierno hondureño, que vendría a sumarse a los que ya tiene con la justicia de los vecinos del norte.
No obstante, suficientes evidencias podrían recabarse en el país para saber si este caso es una operación fraudulenta en la que funcionarios participaron activamente, independientemente de quienes recibieron el dinero en el extranjero.
El proceso de compra está en expedientes de Invest-H, de Finanzas y del Banco Central. Si no se siguieron las reglas aplicables, en esos documentos están los responsables. Si no se tuvo la precaución de verificar la experiencia y la capacidad operativa y financiera del proveedor, no existen condiciones para confiar en que este cumplirá con lo convenido.
Si no se tuvo el cuidado de dotar de validez y eficacia al contrato mediante su formalización y perfeccionamiento, las obligaciones contenidas en él no son exigibles, incluidos los riesgos del proveedor, porque no se actualizan. Debió, pues, suscribirse el contrato, previa aprobación de su consejo directivo, porque, siendo un contrato “llave en mano”, como admiten autoridades de Invest-H, deja de ser un contrato de suministro -cuyo perfeccionamiento se entiende cumplido con la aceptación de la oferta y la emisión de la orden de compra- para convertirse en un contrato de obra pública, para cuyo perfeccionamiento se exige la suscripción del contrato por escrito.
Si no se exigieron las garantías previstas en la normativa aplicable, de cumplimiento y de calidad, difícilmente el Estado podrá obligar al proveedor a cumplir el contrato. No solo se expone a que no lo cumpla o a que no lo cumpla a tiempo, sino también a que el producto no responda a las especificaciones técnicas y no sea idóneo para el servicio.
Si se irrespetaron las reglas para pagar, como pagar la totalidad antes de recibir el suministro y de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas, comprobando su eficiente funcionamiento, o la de no pagar anticipos antes de presentar la garantía o pagar hasta el porcentaje legalmente establecido, la responsabilidad es manifiesta.
Determinar si se trata de responsabilidad administrativa, civil o penal, es competencia de las autoridades respectivas. Pero también existe la responsabilidad política, que se deduce mediante el juicio político, competencia del Congreso Nacional.
La sociedad, empero, no es optimista ante el anuncio de investigaciones para identificar a los responsables y deducirles responsabilidad, porque es consciente de que bastaría la aprobación de una ley conveniente al caso o la indulgente sentencia, para exonerar a los responsables, como ocurrió con el caso “Pandora”, en el que se eximió de responsabilidad a los políticos que pagaron sus deudas personales con fondos públicos, y los bancos en los que se hicieron las transferencias y transacciones, así como las autoridades estatales obligadas a evitar que ocurriera, ni siquiera fueron imputadas. Razón por la cual preguntamos: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? E insistimos en decir: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
