Hacia nuevo paradigma educativo
Por: Noé Pineda Portillo
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El feminicidio es un fenómeno social, de gran enfoque sociológico y jurídico, en los últimos años, esto es porque es un tema que tomó mucha vigencia desde mediados del siglo pasado con los estudios de la británica Diana Russell que escribió “Femicide”. Dicho término empezó a difundirse desde 1976 cuando Diana Russell lo utiliza ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer. La definición más común de feminicidio es aquella que lo conceptualiza como el asesinato de una mujer por razones de género, siendo que en la actualidad cada 10 minutos es asesinada una mujer por motivos de género. La introducción al idioma español se produjo a partir de la década de 1990, traducida a veces como feminicidio y a veces como femicidio, esto último trajo para algunos ciertas confusiones. Al fin, la palabra feminicidio fue incluida en el Diccionario de la Lengua Española en la edición de 2014, definida como “asesinato de una mujer por razón de su sexo”, una definición que fue criticada por insuficiente. En 1918 la Real Academia Española lo redefinió como el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”.
Pero el feminicidio no se circunscribe al acto homicida, sino que se extiende a un concepto más complejo que incluye la trama social, política, cultural, institucional y económica que lo propicia, lo encubre y despliega los mecanismos para que quede impune. Apunta a hacer visibles las relaciones de poder de una sociedad masculinizada, que mediante estructura, propaganda, ritos, tradiciones y acciones cotidianas, reproducen el sometimiento de las mujeres y establecen los mecanismos para ejercer la violencia de género necesaria para garantizar su preservación.
En el ámbito de nuestra pequeña Honduras, el feminicidio es todo un drama, que parece no tener solución, sino promoción por la impunidad. En 2013, fueron asesinadas 53 mujeres cada mes, y como ocurre en el resto de asesinatos, más del 60% de los casos quedaron en la impunidad. Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades locales y centrales, puesto que en muchos casos nunca se esclarece la responsabilidad de tales delitos. Además, hay pocas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brinden apoyo a las madres y familiares de víctimas de feminicidio.
Hay algunos de estos casos que han tenido gran impacto, tanto nacional como internacional, tales como el de la normalista Riccy Mabel Martínez en 1991 en Tegucigalpa, siendo imputado el hecho a un alto oficial de las Fuerzas Armadas. El asesinato de la ecologista Jeanette Kawas en Tela, Atlántida, 1995. Impune. El asesinato de Miss Mundo Honduras 2014, representado por la señorita María José Alvarado, cuyo autor está en la cárcel. Y así otras cuyas autorías han quedado impunes.
Con la vigencia del nuevo Código Penal en noviembre de 2019, las mujeres son uno de los sectores más perjudicados por la reducción de penas contra sus agresores. Se estima que la reducción de 1 a 4 años de cárcel favorece a los victimarios, quienes podrán salir bajo fianza y realizar trabajos comunitarios.
