La confianza y seguridad digital

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27 de agosto de 2020
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12:03 am
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La confianza y seguridad digital

Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.

La creciente participación de ciudadanos en el entorno digital, la alta dependencia de la infraestructura digital y el aumento en el uso, así como adopción de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) traen consigo una serie de riesgos e incertidumbres relacionados con la seguridad digital, tal como lo demuestran los hechos concretos en el contexto global.

En función de la crisis que actualmente estamos viviendo como consecuencia de la pandemia COVID-19, las transacciones por medios electrónicos se han incrementado en forma significativa y extraordinaria y ello continuará por cuanto las circunstancias actuales, así lo obligan. No debe causar extrañeza que incluso la micro, pequeña y mediana empresa está participando en este contexto de manera significativa, pues reiteramos las propicias circunstancias obligan a un proceder de tal naturaleza.

Lo precedentemente señalado indiscutiblemente exige que el país cuente con suficientes capacidades para su gestión adecuada y oportuna. No podemos desconocer que el contexto global, las amenazas, los ataques e incidentes de seguridad digital cada día son más sofisticados y complejos e implican graves consecuencias de tipo económico o social.

Por lo señalado se torna un imperativo categórico la emisión de una normativa específica sobre delitos informáticos y la suscripción de la Convención de Budapest o Convención sobre Cibercriminalidad, tal como lo han hecho ya varios países en el contexto global y lo cual con verdadera convicción hemos venido sugiriendo no solo verbalmente sino por escrito; pero hasta la fecha ello injustificadamente no se ha materializado, sin que haya justificación alguna, pues debe recordarse que su regulación es una tendencia mundial.

En función de lo que hemos señalado es un hecho concreto que los gobiernos alrededor del mundo han venido atendiendo los nuevos retos para la detección y manejo de amenazas, ataques e incidentes cibernéticos y por ello han procedido a la formulación y actualización de estrategias o políticas relacionadas con la seguridad digital, lo cual se torna un imperativo en nuestro país.

Obviamente, lo anterior exige acciones de política para que las múltiples partes interesadas puedan adelantar sus actividades socioeconómicas en dicho entorno de manera segura y confiable. Debe por consiguiente formularse una política nacional que tenga como objetivo establecer medidas para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que nos convirtamos en una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital.

Para alcanzar este importante objetivo, es preciso en primer lugar fortalecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector privado del país y en segundo lugar, actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de desarrollo y finalmente, debe propiciarse la adopción de modelos, estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas tecnologías.

Teniendo en cuenta que el tema abordado es de carácter transversal a todos los sectores del país, se requerirá de la participación de diferentes entidades e instancias tales como entes vinculados al rubro. Vale decir, en ello deben observar un protagonismo y accionar sustantivo, todos los poderes del Estado, así como todas las entidades del sector privado con el propósito de materializar un plan estratégico de primera y que en esencia haya univocidad de criterios, que al final generarán dividendos de primera al país.

Es procedente puntualizar que el contexto global se coincide en palabras clave: “confianza digital, seguridad digital, ciberdefensa, ciberseguridad, ciberterrorismo, ciberdelito, cibercrimen, ciberinteligencia, gestión de riesgos, entorno digital, economía digital, prosperidad económica y social, amenazas cibernéticas, capacidades, coordinación, fortalecimiento, liderazgo, infraestructuras críticas cibernéticas, nacionales, actividades y funciones críticas, ciberespacio”. Evidentemente, ante ello, bajo ninguna circunstancia podemos permanecer indiferentes.

Finalmente, téngase presente que el entorno digital es un escenario en el que globalmente se desarrollan cada vez más todo tipo de actividades socioeconómicas. Esto expone tanto a las personas como a las mismas organizaciones a amenazas cibernéticas por parte de delincuentes que aprovechan el creciente intercambio de información.

En consecuencia, el desarrollo de nuestra economía digital requiere de la construcción de un entorno digital seguro, como elemento clave para generar confianza y esté acorde con el aumento y dinamismo de todo el accionar digital a través de sus respectivas plataformas tecnológicas.

En función de lo señalado, requerimos instrumentos para perseguir los delitos como la Convención de Budapest sobre Cibercriminalidad, que a la fecha no se ha firmado. Internet no es un mundo sin ley, pero sin duda tampoco un sitio de actuar a mansalva.

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