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Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Esta pandemia de COVID-19 ha alterado la vida de todo el mundo obligando a una reinversión cultural, social, política, económica, y religiosa de la sociedad que hoy además de enmascarada debe guardar el distanciamiento social para disminuir el contagio.
En Honduras la pandemia según cifras oficiales ya llega a los 60 mil contagiados, más de mil muertes y el doble de recuperados pero las alteraciones culturales, sociales, económicas y religiosas son más que profundas porque a ellas hay que agregarles un incremento de la pobreza, a grado tal que familias enteras salen a pedir ayuda sin máscara alguna en las principales calles de los centros urbanos, con rótulos con leyendas dramáticas, detallando su situación de calamidad económica, sanitaria y educativa por haber perdido sus empleos o no haber realizado las actividades que les generaban ingresos.
Los hondureños nos encontramos avocados a un proceso electoral en dos fases, una interna de los partidos políticos para escoger sus candidatos a elección popular y una general y definitiva que busca un cambio de gobierno y que se creía se haría sobre nuevas normas legales, al haberse creado un Consejo Nacional Electoral, nuevo modelo de Registro Nacional de las Personas y sustituido los tres magistrados del Tribunal Nacional Electoral.
Como novedad en el registro, el CNA y el TNE, se incluyó a miembros del partido LIBRE en un reconocimiento forzado y negociado como segunda fuerza política, tras el gobernante Partido Nacional y relegando a un tercer plano al antes muy fuerte Partido Liberal, pero que aún es determinante en la toma de decisiones para definir el futuro de la Administración Pública hondureña.
El Consejo Nacional de Elecciones tiene a su cargo la formulación de reformas electorales al Congreso Nacional para su discusión, aprobación o no en las mismas, por mayoría calificada (86 votos).
El Partido Nacional de Honduras en el poder cuenta con 65 votos, más 4 de la Alianza Patriótica, uno de la Democracia Cristiana y uno de la UD, mientras que LIBRE y sumado el Partido Liberal no llega a esa cifra y por lo tanto la mayoría calificada es improbable para ciertas reformas propuestas y que ameritan una reforma constitucional.
Es por ello que una segunda vuelta o balotaje, en caso de que un candidato no alcance el 50% del voto en las generales es una utopía, pues el Partido Nacional con su mayoría aplastante en el Poder Legislativo, aunque acepte la discusión votará en contra porque quiere seguir en el poder, aunque aún no define su aspirante principal a la Presidencia de la República y en el horizonte político nacional se vislumbran dos fuertes candidatos nacionalistas: Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional y Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.
Los tres partidos políticos considerados gigantes en la palestra nacional: Nacional, LIBRE y Liberal, únicos con representación en los organismos electorales, pretenden la hegemonía en el proceso, mientras que ocho entidades legalmente inscritas y que pretenden buscar el poder con planteamientos que dicen nuevos, pero que en realidad son los tradicionales utilizados para atraer prosélitos, ya que nadie piensa en un cambio radical sino más bien en obtener beneficios económicos de la onerosa deuda política que encarece el proceso en un país quebrado económicamente y ampliamente endeudado.
Tampoco se habla de la posibilidad de aprobar el voto electrónico, los inscritos electorales, la ciudadanización de las mesas electorales, la entrega de credenciales con nombre y apellido del portador y la subsistencia de los partidos de maletín, que ni siquiera logran cubrir sus delegados a las mesas, aunque las nuevas entidades inscritas (6) abogan por tener representantes de mesa y no solo ser observadores como se pretende desde los organismos electorales encargados de proponer la legislación.
Mientras tanto el Registro Nacional de las Personas con la intención de depurar el Censo Electoral pretende, a la carrera enrolar cinco millones de personas en edad electoral para un cambio de tarjeta de identidad, aparentemente con el mismo número pero con una foto nueva, huella dactilar y con otras medidas de seguridad en una actualización del censo para evitar las afirmaciones de la oposición de que en Honduras votan los muertos, y también la vieja maña del traslado poblacional, el doble voto y otras mañas que vuelven fraudulentas las elecciones.
Así las cosas, las reformas electorales que debieron haberse comenzado a discutir al solo tomar posesión el segundo período de Juan Hernández y que supuestamente finaliza el 27 de enero de 2022, porque tampoco se va a discutir la reglamentación de la reelección presidencial, que el mismo Hernández Alvarado proponía fuese solo por una vez como en Estados Unidos, y que la oposición política nacional se niega a discutir bajo el pretexto que eso sería legitimar su segundo período de gobierno que obtuvo en base a tecnicismos jurídicos concedidos por el Congreso Nacional a la Corte Suprema de Justicia en un acto inconstitucional, pues ningún poder del Estado puede ceder sus funciones a otro, en vista de que nuestra forma de gobierno habla de 3 poderes independientes, aunque complementarios entre sí.
