Por un programa de identificación digital. 2020
Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
Todos los mayores de edad, contamos con nuestro documento de identificación personal, conocido como IDENTIDAD, pero hoy en día, en todas partes del mundo se están implementando programas nacionales de identificación digital con miras a asegurar y garantizar una gobernanza más efectiva y funcional a través de la provisión de servicios de gobierno y medidas sociales, la reducción de la corrupción y la protección de la seguridad nacional y la dinamización de la identificación personal en todo contexto.
Es de destacar que los programas de identificación digital se están implementando en todo el mundo, mismos que tienen el propósito fundamental de asegurar una gobernanza efectiva, transparente y abierta a través de la provisión servicios de gobierno y medios sociales, así como la reducción de la corrupción y la protección de la seguridad nacional.
A propósito de la reducción de la corrupción con frecuencia escuchamos a algunos sectores honestos que este es un tema vital y que si bien es cierto de momento nos tiene agobiados el COVID-19, no es menos cierto que el virus de la CORRUPCIÓN que campea en el país, tal como lo evidencian los hechos concretos con los famosos hospitales móviles y medicamentos entre otros, mismos que deben ser combatidos de principio a fin y además, que los saqueadores del país sean efectivamente sancionados.
En el anunciado programa nacional de identidad, la colecta de datos biométricos se convierte en un imperativo categórico, pues ello conducirá a la certificación de la identidad de todas las personas. De otra parte, contribuirá sustantivamente a la toma de decisiones con relación a las medidas que deben tomarse para asegurar la protección de los derechos y la minimización de los daños en todas las fases del acontecer social.
Es de destacar que con propiedad los tratadistas del tema puntualizan que la intención de los programas de identificación digital es ayudar a tomar decisiones sobre las medidas que deben adoptarse para asegurar la protección de los derechos y la minimización de los daños en todas sus fases.
Justamente por lo anterior, se plantea el uso de sistemas de identificación digital por parte del Estado y de actores privados que requieren de una regulación jurídica para evitar malos usos del sistema. Se señala lo anterior porque la identificación digital, por naturaleza, puede violar el derecho a las personas a la privacidad y a la libre expresión, y obviamente ello no puede quedar en la impunidad.
Es importante destacar que las identificaciones digitales inherentemente involucran restricciones a ciertos derechos fundamentales, por razones de seguridad. Justamente por ello los tratadistas recomiendan establecer mecanismos de control que regulen el acceso a datos por parte de diferentes actores, evitando los excesos y abusos y estableciendo las sanciones en caso de violación, pues las personas no pueden ser privadas arbitrariamente de sus derechos.
Se insiste en que las violaciones a los derechos del ser humano deben ser sancionados por la normativa jurídica y no simplemente por decisiones del Poder Ejecutivo. Debe tratarse de leyes accesibles a todas las personas, garantizando la transparencia y efectividad con la consiguiente rendición de cuentas. Las iniciativas que sobre el particular se puedan concretar en el soberano Congreso Nacional, se convierten en una necesidad pública.
Es procedente destacar que nos encontramos en un momento de gran incertidumbre para los gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía. En el contexto del reto sin precedentes que representa la pandemia del coronavirus, los gobiernos están probando políticas y metodologías en tiempo real.
Los valores fundamentales de nuestra comunidad de responsabilidad, transparencia, inclusión y capacidad de respuesta son vitales a medida que avanzamos a través de la respuesta de COVID-19 a la recuperación.
Por ello, en el campo de la gobernanza digital (OGP) Open Government Partnership propicia el adoptar un enfoque basado en Derecho e incorporar salvaguarda durante el desarrollo e implementación de los programas de identificación digital.
Justamente por ello OGP puntualiza algunas medidas que los gobiernos deben tomar: 1. El alcance del sistema deberá identificarse claramente, partir de un objetivo legítimo y operar dentro de un marco legal definido; 2. Todos los aspectos del sistema deberán evaluarse en función de su impacto a los derechos fundamentales; 3. Implementar un mecanismo para que ninguna persona sea privada de sus derechos por no tener identificación.
Algunos de los rasgos que hemos señalado precedentemente, se recogen en nuestro DNI, que es un elemento asociado a nuestra identidad analógica. En el entorno digital, cada uno de nosotros conserva esos mismos datos identificativos, pero nuestra identidad también se forma en base a todas nuestras acciones en internet. Esperamos que esto sea compartido por todos (as) los lectores de nuestros artículos.
