Alrededor de 300 mil desplazados de casas por “maras”
Alrededor de 300 mil desplazados de casas por “maras”
Alrededor de 300 mil desplazados de casas por “maras”, Más de un cuarto de millón de personas han sido despojadas de sus viviendas por miembros de “maras” y pandillas, según últimos informes, delito denominado desplazamiento forzado y que desde hace dos meses está tipificado en la ley hondureña, debido al daño que ha causado a miles de familias de escasos recursos económicos.
Desde el 2013 en Honduras se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, con el objetivo de impulsar una formulación para combatir ese flagelo.
Un informe denominado Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras, presentado por Secretaría de Derechos Humanos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reveló que las “maras” forzaron el desplazamiento de 247 mil 90 personas en el país, entre el 2004 y 2018.
El documento detallado por expertos de ambas instituciones, indica que hay 58 mil 550 hogares en los cuales se presume que uno de sus integrantes tuvo que abandonar la familia.
La investigación agrega que entre las causas más comunes del desplazamiento forzado corresponden a que al menos un 55 por ciento abandonó su hogar por amenazas de muerte, un 40 por ciento por asesinato de un familiar, un 13 por ciento por extorsión y un tres por ciento por reclutamiento forzado de las “maras” y pandillas.
Más del 50 por del desplazamiento ocurrió entre 2013 y 2018, donde al menos el 77 por ciento de los responsables de los hogares admitieron que la causa para abandonar su vivienda fue por inseguridad y un 47 por ciento sostiene que los principales actores corresponden a las “maras” y pandillas.
La experta en el tema migratorio, Sally Valladares, señaló que para el desplazamiento forzado uno de los principales problemas es que “no hay medidas preventivas y eso no da respuesta a la población afectada en Honduras”.
Al no tener una tipificación directa con el desplazamiento forzado se solicitó crear una ley que atienda específicamente las denuncias de las personas desplazadas, ya que es un tema que ha causado mucho daño en el país.
El superintendente del Instituto de la Propiedad (IP), Juan Carlos Mejía Coto, alertó que las cifras son preocupantes y alarmantes, ya que superan el cuarto de millón de personas afectadas y por eso es que urge la implementación de mecanismos de protección en todos los sentidos.
9 AÑOS DE PRISIÓN
De esta forma, en el recién aprobado nuevo Código Penal, existe una tipificación para ver el desplazamiento forzado como delito. Anteriormente, los agentes solo capturaban a los pandilleros por delitos como asociación ilícita, tráfico de drogas, extorsión, portación ilegal de armas, homicidios y al no existir una ley se obviaba el desplazamiento forzado de personas.
Pero en el nuevo Código Penal, artículo 248, se especifica: “Quien con violencia o intimidación obliga o tratare de obligar a otro o su familia a cambiar o abandonar el lugar de su residencia, de actividad mercantil o laboral, su establecimiento educativo o, cualquier ubicación sobre la que tenga derechos de propiedad, debe ser castigado con la pena de prisión de nueve (9) años”.
Con la aprobación de ese artículo, las fuerzas de seguridad estatal han obtenido una importante herramienta para combatir ese flagelo que, según algunas estadísticas, ha afectado directamente a más de un cuarto de millón de personas. Sin embargo, las fuerzas del orden ahora tienen otro obstáculo que afrontar y para imponer la nueva tipificación legal, porque la mayoría de personas afectadas directa e indirectamente desconocen que existe esa ley.
Por el desconocimiento de la gente se ha evitado que las víctimas interpongan sus denuncias, pero “nosotros sabemos por nuestros cuerpos de inteligencia que la incidencia se sigue dando, antes y después de que existiese la ley”, detalló un especialista de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
Por lo tanto, todo el aparato estatal, conformados por cuerpos de seguridad, como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ministerio Público (MP), la FNAMP, Policía Militar del Orden Público (PMOP) y Policía Nacional, como parte de la Operación “Morazán”, invito a las personas afectadas a interponer su denuncia si es objeto de desplazamiento forzado.
DIFERENTES MODOS
Un funcionario de la FNAMP detalló que hay diferentes formas en que las “maras” y pandillas obligaron a familias enteras a desplazarse, producto de su agresión y su poderío. “Los grupos criminales elegían una zona, se instalaban y mandaban a decir a los pobladores que ahora un determinado lugar les pertenecía”, explicó el especialista antipandillas.
Otro “modus operandi” ya identificado es que cierta persona llega a alquilar un inmueble, paga varios meses, pero a cierto tiempo cuando el dueño quiere cobrar la renta, el inquilino le indica que ya no se seguirá pagando porque esa casa, cuarto o apartamento ahora pertenece al “barrio”.
La mayoría de viviendas e inmuebles despojados a sus verdaderos dueños son habitados por familiares de los “mareros”, simpatizantes de las pandillas y para ser usados como “caletas”, para esconder armas, dinero, automóviles robados y para centros de distribución de drogas.
Otras residencias son usadas como “casas locas”, donde los malhechores mantienen a personas raptadas, las torturan y finalmente las ultiman en su mayoría por estrangulamiento. Algunos domicilios son usados como escondites de la “mara”, para ser habitadas periódicamente por pandilleros que andan huyendo de la justicia.
El agente no precisó datos de cuántas personas habrían sido afectadas en los dos últimos años, porque la gente tiene temor a denunciar ese tipo de represalias, pero indicó algunos sectores de la capital.
COLONIAS
Para el caso, en el sector de la colonia “Ramón Villeda Morales”, al sur de la capital, cinco colonias eran amenazadas por la pandilla 18, y los actos criminales eran demasiado altos en la zona, pero “ahora se han desarrollado algunas acciones de las fuerzas del orden y se han tenido avances importantes, no se ha logrado el control pleno, pero hacia eso vamos, la pandilla fue desarticulada y ahora se trabaja para evitar que se logren reorganizar”, apuntó un oficial militar.
Por ejemplo, en enero pasado, en el valle de Amarateca, equipos de respuesta inmediata de la FNAMP, capturaron a alias “El Sicópata”, junto a tres de sus cómplices de la pandilla 18, porque tenían raptada a una familia de diez personas. En esa zona son múltiples las casas abandonadas y en deterioro, porque las familias que las habitaban, principalmente policías, fueron desplazados por la fuerza por las pandillas.
Entre las colonias susceptibles a este flagelo e identificadas por los especialistas antipandillas, solamente en la capital, figuran Las Pavas, La Laguna, la Alemania, “Ramón Villeda Morales”, La Independencia, Suyapa, El Pedregal, Campo Cielo, El Lolo, “Reynel Funez”, Las Torres, Flor del Campo, en Comayagüela.
La FNAMP atendió más de 2,100 denuncias, unas 1,800 capturas, en las que se logró en un 93 por ciento el auto de formal procesamiento con detención judicial y “todas estas personas estaban relacionadas a estructuras criminales dedicadas al sicariato, extorsión y pandillas”.
“Los resultados pueden ser mejores si la población nos apoya ahora con la denuncia por desplazamiento forzado, tipificado en el nuevo Código Penal”, exhortó el especialista antipandillas. (JGZ)
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