LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

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/ 19 de septiembre de 2020
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LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, Por: Miguel Cálix Suazo (*)

Introducción.

El estudio de las primeras relaciones internacionales de Centroamérica es muy importante para explicarnos si algunas de ellas contribuyeron en parte a una de las causales del absurdo y poco inteligente divisionismo que hoy, a 183 años de nuestra primera Declaración de Independencia, continúa entre los centro-americanos, que no cuentan con estadistas como Bolívar, José Cecilio del Valle y Francisco Morazán, además de otros visionarios como José Manuel Rodríguez, Juan Esteban Milla, Simón Vasconcelos, Pedro Molina, panamericanistas todos, que desde aquellos días soñaban con ver unida no solo a Centro-américa sino a toda la América. Si la Europa -decía Valle- “sabe juntarse en Congreso cuando llaman a la unión cuestiones de alta importancia, ¿La América no sabrá unirse en cortes cuando la necesidad de ser, o el interés de existencia más grande le obligan a congregarse?”[1]

Hay que tomar en cuenta que tales relaciones internacionales se desenvolvieron en condiciones económicas internas muy críticas debido a los bajos niveles de producción y comercio, ya que las exportaciones que seguían constituyendo el índigo y la cochinilla habían comenzado a declinar, por la pérdida del mercado español. Lo mismo ocurrió con las importaciones, principalmente textiles y ferretería ligera, que provenían de Gran Bretaña. Esto se traducía a las finanzas públicas, que se deterioraron más por la salida de Centroamérica de las tropas mexicanas, que costó al fisco 36,000 pesos, aun cuando el Brigadier Vicente Filísola exigía 44,000 pesos[2]. Las finanzas públicas eran críticas también porque la recaudación de los monopolios del tabaco y el aguardiente se dejó en manos de los Estados, y esto creó un gran contrabando que afectó los ingresos federales; también las recaudaciones aduaneras fueron anuladas por las malas prácticas de contrabando. Por todo ello, las finanzas acusaban un fuerte déficit. Para el 16 de agosto de 1823 el Ejecutivo informó a la Asamblea que el Intendente de la Provincia se había presentado señalando que “la Tesorería General se halla en el día sin un peso, sin arbitrio para adquirirlo”, con lo cual “están paralizados infinitos pagos de la mayor ejecución, las tropas sin socorros para comer, y el mes avanzado hasta más de la mitad”.

Para subsanar tal desequilibrio financiero, se necesitaba contratar un empréstito extranjero.

En orden de importancia, desde el 11 de julio de 1823 en que comenzó a funcionar el gobierno provisional integrado por Pedro Molina, Juan Vicente Villacorta y Antonio Rivera Cabezas, y actuando en el Ministerio General el señor Marcial Zebadúa, se creyó conveniente conocer la actitud de México y España, por los lazos de dependencia que con ellos se había tenido. También, por la identidad histórica con los países sudamericanos recientemente independizados, se imponía la necesidad de aunar esfuerzos para sostener y proteger sus mutuas independencias. Y ante la realidad de la importancia geopolítica y económica del resto de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica, también era preciso contar con su beneplácito.

a) Relaciones con México
El reconocimiento de nuestra independencia por parte de México era para la República un paso de la mayor importancia, dada la reciente anexión al Imperio de Iturbide y la pérdida de la Provincia de Chiapas. Y podemos decir que su disposición para admitirnos como una nueva nación independiente en un inicio fue positiva, pero tardó más de un año para que aceptara expresamente nuestra decisión soberana.

Efectivamente, México mediante oficio que enviara su ministro de Relaciones Exteriores Lucas Alamán el día 18 de julio de 1823, a Vicente Filísola, Jefe Político y Militar de Guatemala, manifestó entre otras cosas que el Ejecutivo “había impartido sus instrucciones al jefe de la división protectora, en las que le decía: “…se dedicará eficazmente a concertar la mejor inteligencia y amistad entre los pueblos guatemalteco y mexicano, cualquiera que sea la resolución del Congreso con respecto a unión o separación de este Estado, pues si fuere esto último, el interés de una y otra nación es conservar una sólida y estrecha amistad…”[3].

El Poder Ejecutivo, en agosto de 1823, nombró al señor Juan de Dios Mayorga agente de negocios cerca del Gobierno mexicano para presentarle el acta de instalación de la Asamblea y la de Independencia absoluta, y manifestarle el estado de paz y neutralidad de estas provincias, y sus deseos de establecer estrechas relaciones de amistad, alianza y comercio. Pero el 31 de octubre, por nota del Ministro, la Asamblea se notificó de un acto de intervencionismo de México en los asuntos centro-americanos, pues el Gobierno de aquel país había remitido al Jefe Político de Guatemala decretos y otras órdenes para que los hiciera circular en las provincias de su mando, “como si fuese dependiendo de aquel Gobierno” [4].

El reconocimiento de Mayorga por parte de México siguió retardándose; y para el 27 de noviembre de 1823 no había sido recibido como el agente diplomático de Centro América. Sin embargo, el 15 de diciembre el pleno de la Constituyente mandó pasar a la Comisión de Negocios Diplomáticos dos notas, que le había remitido el Poder Ejecutivo, recibidas del Ministerio de Relaciones de México; en una de las cuales este en términos de la mejor insinuación y armonía, contestaba la comunicación de haberse cambiado los individuos del Poder Ejecutivo. Tales expresiones mexicanas que fueron vistas como un “reconocimiento tácito de la soberanía de nuestros Estados”.

Para el reconocimiento expreso hubo que esperar ocho meses, pues el Congreso de México lo efectuó hasta el 20 de agosto de 1824 por el Decreto Nº 73, que en lo conducente decía: “1°. Se reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América. 2°. No se comprende en ella la de Chiapas, respecto a la cual subsiste el Decreto de 26 de mayo de este año…”

No obstante lo anterior, en Informe del 15 de marzo de 1833 PRESENTADO AL CONGRESO FEDERAL, MORAZÁN DIO CUENTA QUE NO SE HABÍA TERMINADO LA DISPUTA SOBRE LÍMITES TERRITORIALES CON LA REPÚBLICA DE MÉXICO [5]. Y AL AÑO SIGUIENTE PIDIÓ AL VICECÓNSUL FRANCÉS CLAIREMBAULT QUE SIRVIERA DE ÁRBITRO PARA RESOLVER TAL PROBLEMA FRONTERIZO.

b) Relaciones con España
Los dos primeros años de la existencia de la República Federal estuvieron bien marcados por el temor de perder la Independencia y así lo expresaba el ministro Zebadúa en su primer Informe al Congreso rendido el 5 de marzo de 1825 “No tiene la España ni un soldado en todo nuestro territorio: sin embargo, si pudiera proporcionarse la ocasión de introducir la discordia entre nosotros y contar con los recursos que su impotencia actual está muy lejos de facilitarle, no hay duda de que haría los mayores esfuerzos para hacernos volver al estado de colonos…”

Cabe reiterar, pues, que la actitud de España durante mucho tiempo fue del todo negativa, ya que, como les ocurrió a los demás países de América que se independizaron entre 1810 y 1825, EL ASENTIMIENTO ESPAÑOL NO FUE POSIBLE OBTENERLO SINO HASTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE HABERSE DISUELTO LA FEDERACIÓN CENTRO-AMERICANA Y MÁS BIEN HUBO CONATOS PARA DESCONOCER NUESTROS ACTOS SOBERA-NOS. A Morazán, precisamente, le tocó luchar contra los españoles que pretendían anular la Emancipación por medio de una invasión a Centroamérica y México en julio de 1829. En tal ocasión Morazán tomó las providencias oportunas en su condición de Jefe del Ejército Aliado Protector de la Ley, autorizado por Guatemala, El Salvador y Honduras, para repeler en caso necesario dicha invasión. Por fortuna el desembarque se realizó por Tampico, México, y fue un completo fracaso para los invasores.

Congruente con las ideas independentistas, Morazán al tomar posesión como Presidente de Centroamérica informó al Congreso Federal que la Independencia que se hallaba amenazada por el enemigo común recibiría en su Gobierno nuevas garantías y seguridades[6]. Procuraría que el ejército que debía conservar el orden interior y defender la integridad de la República fuera capaz de llenar estos dos grandes objetivos. Se perfeccionaría las fortalezas de los puertos y se pondrían éstos en el mejor estado de defensa.

Respecto al cambio que había tenido la política en el Continente europeo y la situación imperante en España, Morazán dijo en su mensaje al Congreso de marzo de 1831 que se alejaban los temores de una invasión de nuestros antiguos dominadores.

En el Informe al Congreso de marzo de 1833, el Vicepresidente Gregorio Salazar dijo que la República se hallaba en paz con todas las naciones, y que los puertos centroamericanos eran visitados por los buques de todas ellas, a excepción de los de la nación española, cuyo Gobierno obstinado en los principios de su falsa política, no dejaba de ser el enemigo más implacable de nuestra gloriosa independencia.[7] En el Informe al Congreso de marzo de 1836, sin embargo, ya se abrigaba esperanzas del reconocimiento de nuestra Independencia por parte del Gobierno español, que ya lo había remitido a sus Cortes.

Pero este problema continuaba aún en 1837, por lo que Morazán lo informó así al Congreso Federal el 15 de marzo de ese año, e indicó su temor de que continuaran siendo desfavorables a la Reina de España el estado de la guerra con Napoleón Bonaparte, y que por eso se retrasara aún más tal reconocimiento[8].

b) Relaciones con Sudamérica
El inicio de las relaciones diplomáticas de la República Federal con las naciones de América del Sur se inspiraron sin lugar a dudas, en los planteamientos unionistas de los países de América que desde el 22 de febrero de 1822 venía haciendo el Sabio hondureño José Cecilio del Valle, sin tener conocimiento alguno de los pasos que con el mismo objeto daba Simón Bolívar en la América del Sur. En base a estas ideas es que el 6 de octubre de 1823 los Diputados Juan Esteban Milla (de Honduras) y Simón Vasconcelos (de El Salvador) plantearon a la Asamblea Nacional Constituyente sus ideas para unificar acciones con los países sudamericanos, en respaldo de sus mutuas independencias.

Después que la Comisión de Negocios Diplomáticos dictaminó favorablemente sobre la unión de los países americanos, el 6 de noviembre, la Asamblea aprobó el Decreto correspondiente, que fue promulgado el 13 de ese mismo mes y año por el Ejecutivo constituido por el segundo triunvirato, integrado por Juan Vicente Villacorta, J. Santiago Milla y Tomás O´ Horán. En la parte resolutiva se “Decreta: Que se excite a los cuerpos deliberantes de ambas Américas a una conferencia general, debiendo reunirse sus diputados en el punto que ellos mismos se sirvan designar[9]. El Supremo Poder Ejecutivo, al anunciar a las mismas potencias los deseos de estas provincias, propondrá a la alta consideración de todos los gobiernos los siguientes objetos: Representar unida a la gran familia americana; garantizar la independencia y libertad de sus Estados; auxiliarlos; mantenerlos en paz; resistir las invasiones del extranjero; revisar los tratados de las diferentes repúblicas entre sí y con el antiguo mundo; crear y sostener una competente marina; hacer común acordar medidas que la sabiduría de los representantes crea oportunas para la prosperidad de los Estados”.

Un planteamiento todavía más sustentado, llamado “Manifiesto a los Americanos” se había hecho el 18 de agosto de 1823 desde Filadelfia, Estados Unidos de América, por el prócer salvadoreño Juan Manuel Rodríguez, en el que se denuncia que “La Santa Alianza conspira descubiertamente a poner los pueblos todos en la dependencia de los gobiernos; a establecer un sistema general militar, y a atacar en su mismo asilo la libertad que es el resultado de la civilización”. Le parecía indudable que dicha Santa Alianza tan pronto como triunfara en España acordaría la invasión de América “para dividirse los aliados este rico despojo[10]”. Al ser conocido el Pronunciamiento por la Constituyente posibilitó varios dictámenes de comisiones de la misma, enderezados todos a la formación de un comando supremo de las fuerzas de seguridad.

Centro América mantuvo su adhesión al ideal americanista proclamado en la Asamblea Constituyente de 1823, y envió como sus delegados al Congreso de Panamá propuesto por Simón Bolívar, al Dr. Pedro Molina y al Canónigo Antonio Larrazábal, ambos guatemaltecos. Las provincias de Centroamérica deseaban, pues, entablar relaciones con la limítrofe Colombia, que bajo la tutela de Bolívar comprendía entonces Nueva Granada, Venezuela y Quito. Mas al tratarse de la designación de un plenipotenciario se juzgó conveniente acreditarlo “en Sudamérica”, y se habla de las “cuatro repúblicas” ante las cuales habría de actuar, lo que quiere decir que el diplomático centroamericano no sólo serviría en Colombia y el Perú –como era expreso propósito– si no también en Chile y Buenos Aires.

El Ejecutivo consultó a la Asamblea el 30 de diciembre de 1823 la designación de agentes “para los gobiernos de Colombia, Chile y Perú”, y si en tal caso debería comunicar por su intermedio el decreto llamando a una confederación general americana, “antes de estar reconocida nuestra independencia”.

En enero de 1824, el Ejecutivo designó para Ministro en Sudamérica a don Manuel Montúfar y Coronado, pero este se excusó de asumir el cargo, por lo que el Gobierno lo hizo del conocimiento de la Asamblea, junto con el nombramiento de don José Francisco Barrundia en la sesión secreta del 10 de febrero de 1824. Al día siguiente el Gobierno hizo lo mismo en cuanto al reemplazo de Barrundia, que también renunció; y nombró al doctor Pedro Molina y como secretario al señor Fernando Valero, y por renuncia de este, al capitán de Infantería Pedro González.

Aun cuando los planteamientos americanistas eran apoyados en todas partes, cuando el Liberador Bolívar preparaba la reunión de Panamá, que se realizó en 1826, surgieron varios problemas fronterizos entre las naciones americanas. Para el caso, Centro-américa tuvo dificultades con la Gran Colombia. Pese a que el Gobierno había reconocido la independencia de Centro América y la había visto con placer, según nota del 9 de junio del año en curso (1824), el sucesor del Ministro Zebadúa, M. Julián Ibarra, se dirigió a la Asamblea el 15 de noviembre de 1824 para comunicarle que en “El Patriota” de Guayaquil, del 25 de octubre anterior, se había publicado un decreto del Gobierno colombiano de 5 de julio donde se declaraba el territorio de Poyais, en la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios inclusive, hasta el río Chagres, parte integrante del territorio de Colombia, en virtud de la orden del Rey de España, fechada en San Lorenzo, en 1803, por la cual se agregó dicha parte al antiguo Virreinato de Nueva Granada, separándolo de Guatemala[11]. El Gobierno -decía Ibarra- había dado al asunto toda la atención requerida por su importancia.

El Gobierno se preocupaba ante los recortes territoriales que venía sufriendo, o podía sufrir, el antiguo territorio del “Reino de Guatemala”, pues “agregadas a la República Mexicana la provincia de Chiapas por una parte y a la de Colombia la costa desde el Cabo Gracias hasta el Chagres por otra, Guatemala que ama su absoluta independencia y está decidida a sostenerla, tendría motivo justo para alarmarse”. Pedía el Gobierno que se reunieran todos los antecedentes y puso el caso en conocimiento de la Asamblea para que ésta “se sirva acordar lo que estime conveniente a fin de conservar la integridad de nuestro territorio”.

A fines de diciembre el mismo ministro volvió a dirigirse a la Asamblea sobre igual particular, abundando en parecidas razones y transcribiendo de la Gaceta de Cartagena del 4 de setiembre de 1824 la circular de julio sobre el dominio colombiano del Poyais. Agregó que había recibido una nota de don Pedro Molina del 28 de setiembre sobre una prohibición de Colombia a los extranjeros, para que no comerciaran en la Costa de Mosquitos. Comentaba Molina: “El Gobierno no ha tenido en estos otra idea que impedir si puede que los ingleses formen otro establecimiento como el de Belice en aquella costa…”.

Molina fue recibido en su calidad de ministro por el Gobierno colombiano, el 25 de febrero de 1825 y para el 13 de noviembre de ese año se le nombró junto con don Antonio Larrazábal, como representante de la República Federal al Congreso Americano de Panamá, que tendría lugar en 1826.

Con anterioridad a la llegada del embajador de las Provincias Unidas de Centro América a la capital grancolombiana, el Libertador Simón Bolívar que gobernaba en el Perú, y en virtud de los muchos problemas que tenía, nombró al Intendente de Panamá, general José María Carreño como agente o comisionado ante el Gobierno de Centroamérica; y recurrió a la ayuda de los países hermanos. En efecto, el día 25 de febrero de 1824 instruyó al comisionado sobre la necesidad de solicitar a Centroamérica una ayuda de 3,000 hombres y un préstamo de doscientos o trescientos mil pesos, garantizados por el Gobierno colombiano [12]. Carreño designó para estas labores al panameño Manuel María Ayala, quien llegó a Guatemala a mediados de junio de 1824.

Desafortunadamente, las pláticas entre Ayala y Centroamérica duraron poco tiempo debido al repentino fallecimiento de dicho diplomático. Por otra parte, los triunfos revolucionarios en Junín y Ayacucho de los independentistas sudamericanos fueron jubilosamente celebrados en Guatemala y posibilitaron comentarios entusiastas de escritores y periodistas.

Por su parte, el 17 de julio de 1824 el Gobierno de la República de Centroamérica extendió reconocimiento como cónsul de Chile a don Pedro Nolasco Riesco, quien al año siguiente fue protagonista de un molesto incidente con las autoridades de El Salvador. Al negarse a comparecer en San Salvador (desde Sonsonate donde se hallaba) por motivos de salud, y por estar a punto de volver a Chile en la goleta Esmeralda, el Ministro de Estado salvadoreño, J. Ignacio Marticorena, sostuvo que debía hacerlo perentoriamente. Una prisión en su domicilio y el conato de llevarlo preso con un piquete de tropas a San Salvador motivó la queja de Riesco ante las autoridades federales.

No he podido hallar documentación sobre la labor realizada durante el resto del Gobierno de Manuel José Arce, en cuanto al incremento de las relaciones internacionales de la República Federal. Sin embargo, en el momento de la toma de posesión como Presidente de Centroamérica, EL 16 DE SETIEMBRE DE 1830, FRANCISCO MORAZÁN QUESADA SEÑALÓ QUE LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS AMERICANOS, AUNQUE SE HABÍA FRUSTRADO HASTA ESE MOMENTO, NO ESTABA LEJOS EL MOMENTO DE SER PUESTA EN PRÁCTICA Y PONDERÓ TODAS LAS VENTAJAS QUE DE ELLA PODRÍAN DERIVARSE. Este mismo concepto de la Dieta americana lo mencionó Morazán en su Informe al Congreso del año siguiente, el 12 de marzo de 1831, y dijo que sería el objetivo exterior que merecería un lugar distinguido por todos los que conocían el valor de esta concepción sublime del genio colombiano, Simón Bolívar; y ella era la que ponía con preferencia en la consideración del Congreso.

El 15 de marzo de 1837 Morazán informó al Congreso que se había presentado un conflicto de límites con la República de Nueva Granada (hoy Colombia) respecto a la Bahía del Almirante[13].

*(Vicepresidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia. vicepresidente del Instituto Morazánico)

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