Por: Edmundo Orellana
Es el poder del Estado más importante en el orden político y del que depende el buen funcionamiento del Estado porque aprueba el presupuesto general, aprueba su liquidación y la conducta administrativa de los demás poderes, y crea los organismos por medio de los cuales el Estado se manifiesta en el ejercicio de sus funciones y en la prestación de los servicios públicos, además de elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los titulares del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas y demás órganos extra-poderes.
En su seno aprueban los asuntos más importantes y trascendentales de la nación, que afectan a varias generaciones, como los impuestos, las leyes que regulan los comportamientos de las personas en todos los aspectos de su vida personal, laboral, política, etc., garantizando sus derechos e imponiendo sus deberes, y las leyes por las que se aplican las políticas estatales que impulsan el desarrollo del país económica, social, política y culturalmente.
No son funciones cuyos alcances se agotan en el presente, como algunas del Ejecutivo y muchas del Judicial. Su labor mira hacia el futuro, contribuyendo en su construcción.
Todavía están vigentes leyes que se aprobaron en los gobiernos de Manuel Bonilla, de Carías y de Villeda Morales, para citar algunos ejemplos. Y algunas de estas leyes son el producto de acontecimientos extraordinarios ocurridos en otras latitudes, que modelaron nuevos tipos de sociedades, como es el caso de nuestro Código Civil, que viene del Napoleónico, producto de las ideas que inspiraron la Revolución Francesa.
En su seno, entonces, se discuten y se aprueban leyes en aplicación de políticas de largo alcance, incluso la criminal, con repercusiones en lo judicial. El Código Penal vigente, por ejemplo, es la expresión de la política criminal de esta época.
Los diputados deben ser, entonces, personas que no despierten emociones en la campaña electoral sino la confianza de que podrán abordar los temas de país con diligencia y en la forma más conveniente para el país.
Para establecer un símil. Cuando usted, estimado lector, debe salir de su casa, por cualquier razón, deja a cargo de la misma a la persona más juiciosa y responsable; igualmente, cuando debe dejar sus hijos al cuidado de otra persona, se asegura de que sea la más confiable y cercana. Este es el caso de los diputados, a ellos entregamos la responsabilidad de cuidar de nosotros, legislando en todos los aspectos concernientes a nuestra seguridad y bienestar socioeconómico, personal y familiar, y de nuestros descendientes.
Debemos elegir, entonces, a aquellos que demuestren tener clara visión de los temas de país y estén comprometidos a contribuir en la construcción del marco jurídico que nos garantice elevar la calidad de vida nuestra y de nuestros descendientes, respetando y protegiendo el ejercicio de nuestros derechos y el bienestar socioeconómico, entre otros.
Es nuestra responsabilidad elegir a los mejores, entonces. No se trata de escoger a los que más títulos universitarios tienen, sino a los que provoquen en el elector la convicción de que son las personas a quienes pueden confiar el país.
Le pregunto, acucioso lector, ¿su voto para los diputados fue para quienes reunían estas cualidades? Si su respuesta es afirmativa, entonces, se equivocó, porque, salvo honrosas excepciones, los diputados se preocupan más por cuestiones que nada tienen que ver con el interés del pueblo, como, por ejemplo, aprobar un fondo para disponer de recursos que, según descubrió el binomio MACCIH-UFECIC, los utilizaron en asuntos personales (pagar préstamos, etc.), y que, para evitar ser investigados y acusados, aprobaron leyes para protegerse, como las del “pacto de impunidad”, las que impiden al MP y al Poder Judicial investigar y castigar a los que malversaron fondos antes de la vigencia de la ley que creó este blindaje, y, finalmente, el Código Penal en el que se lucieron rebajando drásticamente las penas para los delitos que más daño provocan al país, como los relativos a la corrupción, al narcotráfico y al lavado de activos, actividades delictivas en las que, de un tiempo para acá, es normal encontrar a políticos, entre los que se destacan diputados.
Pronto serán las elecciones. Reflexione sobre la función del diputado, votando por quien esté seguro de que ejercerá impecablemente su función de legislador y negándole el voto a quien sospeche que aspira a serlo para participar de esta orgía de corrupción o que no tiene las cualidades para debatir los temas de país con la altura que demandan y para tomar decisiones responsables y directamente vinculadas con el bienestar de sus electores. Dígalo, pero con fuerza, para que nunca más se equivoque al escoger sus diputados: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
