El Salvador: fuerza armada impide acceso a sus archivos
El Salvador enfrenta críticas por negar acceso a archivos militares
El Salvador: fuerza armada impide acceso a sus archivos, SAN SALVADOR (AP) — Pese a que el presidente salvadoreño Nayib Bukele había prometido que su gobierno entregaría los archivos militares que corresponden a la guerra civil para robustecer la investigación del proceso penal por la masacre de El Mozote, la fuerza armada impidió el lunes el acceso al juez Jorge Guzmán, a cargo del caso.
La masacre ocurrió en 1981 y en ella murieron casi mil campesinos.
Un militar identificado como el coronel Vanegas informó y a Guzmán a los peritos que lo acompañaban que no se les permitiría el ingreso ni se les daría acceso a los archivos resguardados en el Estado Mayor de la fuerza armada, lo que se había acordado en una audiencia el 28 de agosto.
“Se trata de una desobediencia a una orden judicial. Esto no puede ser más que una decisión de obstaculizar desde el más alto nivel. Es decir, el comandante general (de la fuerza armada), Nayib Bukele, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y su alto mando”, dijo a los periodistas el abogado David Morales, que participa en el juicio como querellante en representación de las víctimas.
Morales recordó que en los gobiernos anteriores se ha negado el acceso a los archivos de la guerra para investigar los crímenes perpetrados por los militares y ahora también lo hace el gobierno del presidente Bukele. “Entonces, seguiríamos en un mensaje de impunidad, de protección a criminales de guerra y desprecio a las víctimas”, afirmó.
En noviembre, el juez Guzmán ordenó a Bukele, en su calidad de comandante general de las fuerzas armadas, que entregara todos los archivos militares relacionados con la matanza en la que murieron 989 campesinos.
Un par de días después, el mandatario aseguró que entregarían los archivos. “Si el juez quiere archivos de la A a la F, nosotros vamos a desclasificar de la A a la Z”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha pedido al Estado salvadoreño ordenar, sistematizar y entregar a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto los archivos militares que corresponden a la guerra civil para avanzar en el conocimiento de la verdad y la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.
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