Por: Edmundo Orellana
Por mandato constitucional, son representantes del pueblo y, ciertamente, lo son, porque, su única función es ejercer, colegiadamente, la función de legislar. Ninguna relevancia jurídica tiene esta investidura aislada de la asamblea legislativa, porque carece de funciones individuales fuera de esta.
Abordar el tema de los diputados inevitablemente nos conduce al debate sobre la representación política, cuyos orígenes estuvo marcado por las disputas de poder entre el rey y el parlamento, entre quienes, partiendo de las ideas religiosas de que hay “verdades absolutas” que no todos pueden comprender, reconocían en las “verdades políticas” los mismos atributos y reservaban su conocimiento a una minoría selecta, y aquellos que, si bien coincidían en la existencia de esas verdades, reconocían que su conocimiento pertenecía a todos y no a una minoría de iluminados.
Debate que alcanzó extremos violentos cuando rey y parlamento coincidieron en el fanatismo (religioso o político) y se tornaron intolerantes con las creencias distintas a las suyas, convirtiendo en enemigos del común a quienes las profesaban, persiguiéndolos, encarcelándolos, torturándolos y ejecutándolos.
Esta circunstancia condujo el debate al tema de la legitimidad del gobierno en el que su parlamento se somete sumisamente al rey, lo que permitió que surgiesen propuestas tendientes a evitarlo, entre las cuales se destacan igualdad ante la ley, libertad religiosa, garantía de las libertades personales y, muy especialmente, la soberanía del pueblo y el sufragio universal.
Inicialmente, el sufragio universal comprendía únicamente a quienes poseían tierras o patrimonio, tendencia que privó en nuestras primeras constituciones, bajo el entendido de que los propietarios garantizaban la estabilidad social porque eran los únicos con “intereses permanentes” en la sociedad. De ahí, que, si se reconocían los derechos políticos a todos, habría que reconocer también otros derechos, como la alimentación, el vestido, la tierra, etc.; en otras palabras, reconocer a todos los derechos políticos era propiciar la destrucción del orden social. Línea de pensamiento que, por consiguiente, llevaba a la imposición de las mayorías.
Era también objeto de debate el papel de los electores después de las elecciones, lo que planteaba el problema de quien es el “depositario último del poder”. Las opiniones se dividieron. Lo es el parlamento, sostuvieron unos, porque lo integra el pueblo; lo es el pueblo, respondieron otros, quien ostenta una autoridad muy superior al parlamento porque encarna la soberanía. Aquellos negaban al pueblo toda autoridad política sobre el parlamento; estos, en cambio, reconocían la necesidad de que los representantes estuviesen sujetos al control del pueblo quien debe tener el derecho de castigar a quienes traicionen su confianza.
Este último debate, planteó la necesidad del juicio político, los mandatos más cortos y la prohibición de la reelección, entre otros.
Como puede ver el amable lector, estos temas debatidos allá por los años de 1600 y 1700 en Inglaterra -que describe el profesor Gargarella, al que hemos seguido en esta reflexión- siguen vigentes en el debate político nacional, desde una perspectiva pedestre, por supuesto, y todos referidos a la representación política, es decir, a la figura del diputado.
Esa cualidad política que ostenta aquel a quien el elector favorece con su voto para que lo represente, es, probablemente, la más importante investidura de todas cuantas confiere directamente el pueblo. Colegiadamente, tiene un poder que no reconoce límite siempre que se apegue a las formas y formalidades previstas en el ordenamiento.
Pueden reformar la Constitución salvo en aquello que esté prohibido, sin embargo, tienen la llave para que el pueblo remueva la prohibición, dando paso al plebiscito, como en el caso de los pétreos, por ejemplo. Nombran a los titulares del Poder Judicial y a los de los órganos extra-poder y pueden removerlos, incluso al Presidente de la República, mediante el juicio político. Deciden políticamente la orientación de la justicia, emitiendo leyes que los jueces deben aplicar obligatoriamente y, además, pueden ampliar nuestra esfera jurídica e imponer restricciones a nuestros derechos. En suma, pueden reconstruir el Estado y la sociedad; el diputado es la figura más importante del universo político.
En estas próximas elecciones demostremos que somos la especie que nos distinguimos de las demás porque nuestras actuaciones no están presididas por los instintos sino por la razón. El país está en riesgo, no juguemos con su futuro, que es el de nuestros hijos, nietos y demás descendientes. Si botamos el voto porque se lo dimos a quien nos defraudó, no repitamos la estupidez diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
