Por: Edmundo Orellana
Las ZEDE se crean, según la Constitución, por decisión del Congreso Nacional adoptada por mayoría calificada. Mientras esta decisión no se emita, las ZEDE no operan.
Previo a que el Congreso decrete la creación de una ZEDE, debe dividirse el país en zonas de baja y alta densidad poblacional, de conformidad con el dictamen técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta división es importante porque está previsto que para crear una ZEDE, en zonas de alta densidad poblacional, debe acreditarse que la población está de acuerdo, según los resultados del respectivo plebiscito practicado.
Si la zona es de baja intensidad poblacional no se requiere plebiscito. Para su creación bastará que se certifique por el INE esa situación. Según la Constitución de la República, “se entiende por zona de baja densidad poblacional, aquellas en donde el número de habitantes permanentes por kilómetro cuadrado sea inferior al promedio para zonas rurales calculado por el INE”. En estas zonas no hay obligación de celebrar plebiscito.
Por otra parte, la Constitución dispone que “el Presidente de la República puede decretar en resolución de Consejo de secretarios de Estado que ciertas zonas o áreas, pobladas o no, queden bajo el régimen especial de seguridad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”. Sin embargo, se entiende que tal decisión no excluye el procedimiento previsto en la Constitución y la ley respectiva para crear las ZEDE, es decir, practicar el plebiscito cuando se trate de zonas de alta densidad poblacional.
A lo anterior, debe agregarse que para cada ZEDE debe nombrarse un secretario técnico, que, además de ostentar la representación de la ZEDE, es a quien compete emitir los actos jurídicos, celebrar contratos y establecer fideicomisos dentro de las ZEDE.
En todo caso, debe subrayarse que ninguna ZEDE podrá operar mientras no se concluya este procedimiento previsto en la Constitución y la respectiva ley orgánica.
Lo que ocurre en Roatán y Choloma es sospechoso. Porque la promoción desplegada por las empresas interesadas nos induce a pensar que el Congreso ya aprobó la operación de esas ZEDE sin que haya trascendido la sesión respectiva y la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta. Lo que no se puede descartar porque ya se legalizó legislar por medios alternos, como son la comisión de estilo y la fe de erratas.
Si se aprobaron por el Congreso Nacional, por procedimiento legislativo normal o alterno, se violó la Constitución y la ley de las ZEDE, porque ambas zonas son de alta densidad poblacional y, por consiguiente, la población debió ser consultada vía plebiscito para obtener su aprobación. Y esos plebiscitos no se han practicado.
Esas ZEDE no existen. Sin embargo, habrá que preguntarse qué autoridad, violando la Constitución y la ley de las ZEDE, autorizó a esas empresas para asentarse en esas zonas y promoverlas como si fuesen ZEDE, amenazando, incluso, con expropiar a los vecinos.
Sin aprobación del Congreso, esas empresas, supuestamente asentadas en esas zonas, no pueden invocar los beneficios previstos en la ley de las ZEDE y su inversión está sometida a la regulación de las empresas nacionales. Situación que deben conocer porque ninguna empresa responsable se aventura en una iniciativa de este tipo sin que, previamente, se realicen los estudios respectivos, como, por ejemplo, la viabilidad jurídica del proyecto. Circunstancia que nos ofrece una clara imagen del tipo de empresas que participan en el proyecto y nos explica por qué Paul Romer renunció. No podrán alegar en el futuro, entonces, que fueron estafadas por autoridades hondureñas y reclamar indemnización.
En todo caso, lo relevante es que las autoridades permitan las promociones de estas empresas, nacional e internacionalmente, dando la impresión de que las patrocina y la percepción de que esas ZEDE ya están autorizadas y operando. Circunstancia que por comprometer funciones legislativas y cesiones del territorio y de la soberanía nacional, debe ser de interés prioritario para la nación y, particularmente, para las instituciones llamadas a preservar la integridad del ordenamiento jurídico, reprimiendo cualquier contravención. Es el Ministerio Público el llamado a investigar lo que está ocurriendo con estas promociones e identificar la autoridad que, ilegalmente, las autorizó, para deducir la responsabilidad que corresponda.
Sospechoso es también que nadie en el Congreso Nacional haya reclamado por esa usurpación de funciones legislativas ni haya solicitado se interpele a las autoridades competentes, como si las cuestiones relativas a la integridad territorial y de soberanía no importasen. Exijámosles, pues, que reclamen y exijan que se explique lo que está ocurriendo en Roatán y Choloma, que agrega una gran dosis de desprestigio a la ya deteriorada imagen del país, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
