LA moratoria aprobada por el G-20 a los países más pobres duraría hasta finales de este año. Sin embargo, en la reciente sesión virtual –presidida por Arabia Saudita– el club de los países más ricos dispuso una prolongación de seis meses más. Hasta el 30 de junio del próximo año. Anunciaron que más adelante decidirían si alargar la gracia hasta finales del 2021. Obviamente que Honduras califica dentro de esta moratoria. Sin embargo, ello no abarca la totalidad del endeudamiento del país. Una buena parte del coctel, no es bilateral sino préstamos –la mayor parte concesionales– con los organismos financieros internacionales. Hasta donde hay datos disponibles, el 57% de deuda externa hondureña es multilateral o prestada por los entes crediticios internacionales. Aparte que un 47% es concesional, ello es a plazos de 25 a 40 años, con tasas fijas de entre 1 a 2 por ciento y períodos de gracia de hasta cinco años.
En este caso, las gestiones tienden más hacia refinanciamiento de la jarana. La última modalidad ha sido recurrir al endeudamiento por medio de la colocación de bonos soberanos. Lo que pesa sobre el presupuesto nacional en estos momentos es el monto de los pagos al servicio de la deuda. Hasta mediados del año el endeudamiento externo rondaba en 8,127 millones de dólares. A eso habría que agregar la cifra, bastante abultada, de lo incurrido durante los meses de la pandemia. Pescando datos de aquí y de allá, la deuda externa alcanzó los $10,795.9 millones durante los primeros 7 meses del año. Ello es un incremento del 19.5% de lo que era el año anterior. El equivalente al 37% del PIB. Del total de la deuda, 8,954.8 millones de dólares corresponden a la deuda del sector público. El 59.2% (5,302.7 millones de dólares) de la deuda externa es con organismos multilaterales, 27.5% (2,459.4 millones) con instituciones financieras y proveedores, y el 13.3% (1,192.7 millones) con bilaterales. Del total de la nueva deuda, 600 millones de dólares son por la colocación de bono soberano, 376.2 millones se adquirieron con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 350 con el BCIE, 244 millones con la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (BM) y 225.8 millones con el BID. Esa tal IFC, entidad del Banco Mundial y principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo, nunca tuvo la creatividad necesaria, pese a la gravedad de la crisis, de ingeniarse mecanismos para financiar en forma directa a la iniciativa privada.
Las empresas, generadoras de la mayor parte del empleo, han sido terriblemente lastimadas. De su recuperación depende primordialmente el bienestar nacional. Alarmante –ahora que la migración no es una salida a la desocupación– la gente que ha quedado en el aire por falta de trabajo. Sabemos cuan aburrido resulta al amable público lector, el rosario de cifras que hemos dado. Sin embargo, es la cuenta por pagar que se le deja a futuras generaciones. Si no hay condonación –muy difícil que la haya, como ocurrió después del bíblico huracán–se trata de una respetable factura. Algo que debe ser invertido con sensatez. No como sucedió con los fondos del perdón de la deuda, destinados a la inversión social, a la reducción de la pobreza, que los despilfarraron en gasto público y subsidios al consumo. Lo que sí abordó el club de las 20 economías más ricas del mundo fue la posibilidad de una reestructuración de la deuda para los pobres países pobres. Un pasito adicional a la simple suspensión de los pagos del servicio de la deuda. Del lobo un pelo, para estos pintorescos paisajes acabados.
