Rafael Jerez Moreno
Twitter: @RafaJerezHn
El 18 de octubre, en elecciones generales, el pueblo boliviano manifestó su preferencia por Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del depuesto presidente Evo Morales. Contundentemente, triunfó Luis Arce y el MAS, la legitimidad del proceso electoral y, sobre todo, la autoridad de la soberanía popular.
En febrero de 2016, Evo Morales, por medio de una consulta ciudadana (referéndum), buscó aprobación popular para postularse nuevamente como presidente, y buscar cuarto mandato presidencial, el tercero en el nuevo orden constitucional que entró en vigencia en 2009. En este, el soberano pueblo boliviano rechazó una nueva reelección de Evo con un 51.30% de los votos, apegándose a los límites constitucionales establecidos.
Contundente. Un año después, utilizando los mismos argumentos de JOH en Honduras, el Tribunal Constitucional boliviano dio vía libre a Evo para aspirar nuevamente al cargo, irrespetando la voluntad popular. Se inscribió y participó. En elecciones generales celebradas en 2019, cuestionadas previamente por la participación de Morales, con irregularidades en el sistema de transmisión de resultados, fue declarado ganador. Días después, con caos social, presión de la comunidad internacional, y con participación directa de los militares, Morales sufrió un golpe de Estado que condujo a su renuncia al cargo y su salida del territorio boliviano.
La legitimidad de los procesos se pone en entredicho cuando la legitimidad de los candidatos que compiten no es amparada por la ley, o por la voluntad popular. Morales violó la Constitución boliviana irrespetando los resultados de un referéndum que le impedían participar nuevamente, pero la entonces oposición boliviana decidió asumir el poder por medio de un golpe de Estado. No se combate una ilegalidad con otra. La insistencia por militarizar las democracias contribuye a profundizar el autoritarismo de actores políticos que aseguran relaciones transaccionales para aumentar el poderío militar y garantizar la permanencia en el poder de sujetos que actúan al margen del contrato social. Finalmente, la verdadera decisión siempre termina regresando al soberano, que en 2016 fue claro en pedir la alternancia en el poder, y en 2020 reafirmó la simpatía por un partido político, pero con un nuevo liderazgo.
La recepción de los resultados en las elecciones bolivianas es un reflejo del doble discurso que manejan algunos actores políticos hondureños. Los que apoyaron la reelección de Hernández, celebraron “el retorno a la democracia en Bolivia” con la defenestración de Evo. Y, algunos de los que se opusieron a la reelección de Hernández en Honduras, trataron de justificar la nueva reelección de Evo en Bolivia. Ambas inconstitucionales, y, por ende, ilegales. Nunca las acciones positivas de un presidente serán un cheque en blanco para pretender situarse por encima de las instituciones, de la Constitución o del soberano.
Que la historia de Bolivia nos sirva como ejemplo, para no repetir ni la de ellos, ni la nuestra, y para apuntar hacia aires esperanzadores en la reconstrucción del sistema democrático. La democracia no es la que quieran pintar los liderazgos políticos dependiendo de si les beneficia, o no, la coyuntura política, sino, la ruta que marque la voluntad del soberano en procesos justos y transparentes.
