Edmundo Orellana
De nuevo el gobierno hace de las suyas, creando una Secretaría de Estado de la Transparencia (SDT), y urdiendo maquinaciones para legalizar la sustracción de los ahorros de los cotizantes a los sistemas de previsión social. La SDT, dispone la norma de su creación, es la “institución líder” en la implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, a cuyo efecto “emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público, será de carácter obligatorio”. Repárese que se refi ere al “poder público”, es decir, incluye Corte Suprema, MP, TSC y demás.
Recién nacida y, misteriosamente, ya está en capacidad, según su acto constitutivo, de brindar apoyo y asistencia técnica al IAIP, al TSC y a la PGR; además, lidera la recepción de denuncias anticorrupción, que, si de las investigaciones que practique resultan procedentes, pasarán a las entidades respectivas (TSC y MP). El gobierno que transforma en secreto ofi cial las actuaciones administrativas que le son convenientes, que prohíbe auditorías hasta por diez años en organismos que manejan recursos públicos discrecionalmente y con más cuestionamientos de corrupción en la historia nacional, pretende erigirse en rector de la transparencia y rendición de cuentas. Juzgue usted, distinguido lector.
Paralelamente a esta iniciativa surge otra. Es la creación de una sociedad mercantil, FONDES, con recursos de los sistemas de previsión social (INJUPEMP, IMPREMA, IMPREUNAH, IPM, IHSS y otros) y de inversionistas particulares, nacionales y extranjeros, siempre que sean institucionales, quienes integrarán su consejo de administración si tienen “más del equivalente en moneda nacional o extranjera a ciento veinticinco mil salarios mínimos promedio en activos”, y su participación en el mismo “debe ser proporcional a las inversiones comprometidas por cada uno de ellos”, pero no serán responsables por las pérdidas provocadas por las inversiones que decidan, sin contar, desde luego, con los jubilados. Gozan de inmunidad para hacer lo que quieran con los fondos destinados a asegurar una vejez
digna a quienes los ahorraron con el trabajo de toda su vida.
Todas estas iniciativas, junto a la reanudación de las ZEDE, son sospechosas. La Secretaría de Estado de la Transparencia por el simple hecho de existir atropella competencias del TSC, del CNA, del IAIP y del MP, además de estar destinada al mismo papel que ha jugado la de Derechos Humanos, justifi car los desaguisados o arbitrariedades de las autoridades. De todas estas instituciones, la más amenazada es el CNA porque es la que ha actuado con más independencia del gobierno, al grado de enfrentársele.
No sería descabellado pensar, entonces, que una de las razones que animaron la creación de esta Secretaría de Estado es la desaparición del CNA. Con FONDES se pretende confi scar bienes. Porque disponer de los fondos alimentados con las contribuciones de los afi liados a los sistemas de previsión social equivale a que el gobierno disponga, por ley, de los fondos de los particulares depositados en las instituciones del sistema bancario nacional. Dispondrá de ellos solo para transferirlos a FONDES, que dispondrá de ellos discrecionalmente y en un esquema de total impunidad. Si bajo la responsabilidad del Estado se malversaron fondos de pensiones, como ocurrió dentro del saqueo a que fue sometido el IHSS, y se ha dispuesto de fondos de pensiones arbitrariamente, como lo fue el fi nanciamiento al Centro Cívico Gubernamental, ¿qué garantiza que esa transferencia de fondos no implique una trama siniestra en perjuicio de los jubilados? Resulta tentador repetir lo que un conocido ejecutivo del COHEP dijo sobre este tema: “solo un pícaro puede estar detrás de esta ley”.
Si las alianzas público-privadas han sido un azote para el pueblo hondureño en general y provocado signifi cativas pérdidas para el Estado, ¿qué garantiza que esta alianza no sea igualmente fallida? Si el gobierno no cumple puntualmente con su cuota patronal en los sistemas de previsión, ni devuelve puntualmente el dinero que le sustrae, ¿qué garantiza que en este caso sí honrará su compromiso con estas entidades? Estas iniciativas, incluida la reanudación de las ZEDE, provocan justifi cadas sospechas en la población por los innumerables señalamientos de corrupción contra el gobierno y, siendo que se dan en pleno proceso electoral, se teme que se aprovechen para fi nanciar campañas electorales, por la costumbre, entre nuestros políticos, de fi nanciar sus campañas con fondos públicos. Son, pues, iniciativas que deben repudiarse por inoportunas y perjudiciales a la lucha anticorrupción, una, y a los jubilados, la otra, diciendo sin descanso: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
