Anula sentencia a expresidente Martinelli
Un tribunal de Panamá anuló este viernes la sentencia que en 2019 absolvió al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cargos de espionaje y corrupción durante su gobierno, y ordenó repetir el juicio contra el exmandatario, anunció la Fiscalía.
El “Tribunal Superior de Apelaciones, por mayoría, acoge el recurso de anulación, en caso (de) pinchazos telefónicos y ordena se realice nuevo juicio a solicitud de abogados querellantes y del Ministerio Público”, publicó la Fiscalía en Twitter.
La decisión de anular la sentencia y repetir el juicio contra Martinelli, de 68 años, fue anunciada tras una audiencia virtual.
“Es algo positivo, en cuanto a que el caso no se ha cerrado y hay una segunda oportunidad para demostrar que este señor espió a sus adversarios políticos utilizando los recursos del Estado y violó los derechos humanos”, dijo a la AFP Mitchel Doens, una de las víctimas querellantes.
El 9 de agosto de 2019, un tribunal panameño declaró a Martinelli “no culpable” de los cargos de espionaje y malversación de fondos públicos.
El exgobernante fue juzgado por presuntamente “pinchar”, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno.
Por este caso, la Fiscalía pidió 21 años de prisión contra Martinelli por los delitos de interceptación de las telecomunicaciones, seguimiento y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción y peculado de uso.
Sin embargo, el tribunal consideró entonces que se vulneró el debido proceso y que las declaraciones del testigo protegido utilizado por la Fiscalía, un miembro del Consejo de Seguridad, estuvieron afectadas por “parcialidad”.
El juicio a Martinelli fue el primer proceso penal que enfrentó un expresidente panameño.
Martinelli fue juzgado tras su extradición de Estados Unidos, el 11 de junio de 2018, un año después de ser detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña.
El exmandatario estaba acusado de crear y liderar “un aparato organizado de poder” al margen del Estado para la “vigilancia y seguimiento de personas” críticas con su gestión. (AFP)
