A 22 años del Mitch: ¿más vulnerables? 1/2

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25 de noviembre de 2020
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12:04 am
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A 22 años del Mitch: ¿más vulnerables? 1/2

Por: Oscar lanza rosales
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En las declaraciones de los grupos consultivos realizados para atender los daños del huracán Mitch, se pone especial énfasis en la atención del ambiente.

En el de Washington se habló en “utilizar los programas de reconstrucción como una oportunidad para fortalecer, entre otros, la protección del medio ambiente”.

En el de Estocolmo, el compromiso de los países receptores de la ayuda económica de los cooperantes -además de fortalecer varios temas- se enfocó en la reducción de la vulnerabilidad ecológica y social de la región.

Según esta misma declaración, implicaba abordar temas asociados a los procesos de reducción del riesgo, entre los que se contemplaba reducción de la pobreza, desigualdad, desempleo, acceso a servicios básicos, calidad de la vivienda, acceso a suelos adecuados, limitar la incesante destrucción del medio ambiente y ejecutar una reconstrucción segura. Esos temas debían convertirse en punta de lanza para la planeación del proceso de reconstrucción y la transformación a largo plazo, lo que significaba el cumplimiento de realizar reformas estructurales en el terreno económico y social, y la definición de políticas claras y consistentes a nivel de Estado para la reducción del riesgo.

En un estudio de evaluación realizado en agosto de 2008, por la experta mexicana Elizabeth Mansilla, con el patrocinio del Banco Mundial -y que siguen siendo válidas en la actualidad- bajo el título “Centroamérica a 10 años Mitch, reflexiones en torno a la reducción del riesgo”, ella llegaba a estas conclusiones:

Aun cuando había algunos avances en materia de salud, educación y otros de carácter social, no podía afirmarse lo mismo en el campo de la reducción de la vulnerabilidad o del riesgo, que haya tenido un impacto positivo.

En efecto, los indicadores no mostraban avances a favor de la reducción de la vulnerabilidad, así como tampoco en la capacidad de respuesta de los países ante situaciones de desastre. Los mecanismos institucionales adoptados en los países con miras a la reducción del riesgo parecían no ser los adecuados para cumplir este objetivo, y en materia de política, esta pareciera ir siempre un paso atrás del riesgo y su materialización en desastres.

La doctora Mansilla señalaba en aquel entonces, las siguientes causales, para que no se tuvieran respuestas positivas en la reducción del riesgo:

Primero, en los primeros diez años, los 7 países centroamericanos (incluido Belice), se gastaron más del 90% del financiamiento en “gestión del riesgo” de los proyectos, en la elaboración de materiales y talleres de capacitación, lo mismo que en su divulgación, pero no se incluyeron procesos de transformación de las condiciones de vulnerabilidad y reducción de los riesgos, tal como se ha puesto en evidencia con la ocurrencia de desastres recientes.

Hablar de gestión de riesgo fue sencillo, pero llevarla a la práctica se volvió complejo e incomprensible en sus múltiples formas posibles de abordar el problema.

La noción “gestión de riesgo” se fue desdibujando, improvisando en el camino y terminó por deformarse.

Segundo, el combate a las causas estructurales del riesgo, fue colocado en instituciones creadas para otros fines, por eso no pudieron hacer nada en las tareas que se les asignó de ordenamiento territorial, gestión ambiental y demás temas asociados. Gran parte de los financiamientos de los proyectos post-Mitch, fueron para fortalecer las capacidades de estas instituciones.

Esto produjo -según Mansilla- una deformación de la de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la práctica.

Tercero, en forma paralela, se extendió rápidamente la idea que la GRD debía ser un eje transversal en todas las acciones y sectores que estuvieran relacionados.

Sin embargo, esto no dejó de ser enunciativo, ya que como ocurre en toda práctica sin sustento, la idea también terminó por deformarse. De ser un eje transversal a todas las acciones del desarrollo, la GRD paso a convertirse en un sector más.

Para ello, no era necesario crear nuevas instituciones sino fortalecer las existentes, así como tampoco era necesario decretar nuevas leyes, sino revisar y actualizar la que estuvieran vigentes. No se requería que los planes de desarrollo incorporaran un componente sobre GRD, sino impulsar que los planes de los temas asociados se cumplieran. En un Ministerio de Obras, por ejemplo, es irrelevante que exista una unidad de gestión de riesgo. Lo que se requiere es que la reducción del riesgo se convierta en una práctica común en el quehacer de esa institución. No se requieren leyes de GRD, sino que las normas para el ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos se cumplan.

Continuaré en el próximo artículo

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