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Oscar Lanza Rosales
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En la primera parte de este artículo, dije que en los grupos consultivos de Washington y Estocolmo, para cooperar con nosotros a restaurar el país después de la catástrofe del Mitch, hicieron hincapié en la vulnerabilidad ambiental del istmo centroamericano -incluyendo Honduras- recomendando la protección ecológica y social de la región mediante una adecuada gestión de riesgos, atendiendo la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el ordenamiento territorial, la vivienda, entre otros, para una reconstrucción segura.
Recuerdo que esa palabra, vulnerabilidad, no formaba parte de nuestro lenguaje cotidiano, y ni la podíamos pronunciar, pero esos grupos consultivos la volvieron popular entre nosotros, pero a la fecha no la hemos comprendido.
También mencionamos 3 de las 5 principales conclusiones a que llegó la experta mexicana Elizabeth Mansilla, en un estudio-evaluación que realizó en agosto de 2008, “Centroamérica a 10 años Mitch” sobre la reducción del riesgo, y que fue patrocinado por el Banco Mundial.
Ella concluyó que en unos temas se había avanzado, pero en los indicadores de la reducción de la vulnerabilidad, en la capacidad de respuesta de los países ante situaciones de desastre, no mostraban ningún progreso.
Las 3 causales que mencioné para esos resultados negativos: es que toda la cooperación para ese renglón se invirtió en capacitación y divulgación; además se le asignó a instituciones creadas para otros fines, y se deformó el concepto de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), al ponerla como eje transversal en todas las acciones y sectores que estuvieran relacionados, terminando la GRD en un sector más. Lo cual no era necesario.
La cuarta causal -según Mansilla- es que la reducción del riesgo ha sido vista como un proyecto y no como un proceso que implica la construcción dinámica de las capacidades (sociales, culturales, ambientales, económicas, productivas, políticas, organizativas, etc.) para la reducción del riesgo, dentro de un espacio territorial determinado y con el concurso de actores diversos que puedan participar en distintos niveles de la gestión. Al no considerarse un proceso, la GRD tampoco fue sostenible, entendido como algo permanente y dinámico a lo largo del tiempo.
Menciona que la vulnerabilidad se incluía en el contenido de todos los proyectos y diagnósticos, pero lamentablemente no se traducía en acciones concretas para su reducción.
Y el quinto, es que en los esquemas de GRD, no se logró una integración vertical articulada de los distintos niveles de gobierno -central, regional y local- para llevarla a cabo.
Las instancias locales seguían siendo débiles y persistía el centralismo fuerte y la lucha por los recursos presupuestarios.
Los procesos de descentralización iban lentos, con poca efectividad, y no iban acompañados del fortalecimiento real de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los municipios para que estos pudieran paulatinamente asumir nuevas y más complejas responsabilidades. En materia de ordenamiento territorial, por ejemplo, eran muy pocos los municipios que podían desarrollar planes consistentes y lograr que los respetaran. En la mayoría de los casos no existía ni siquiera un inventario de recursos.
Para la doctora Mansilla, con esas situaciones adversas, era difícil transformar las condiciones de vulnerabilidad y reducción de los riesgos.
Para ella, si el riesgo no es comprendido ni siquiera en forma integral a partir de la amenaza o el fenómeno que desencadena el desastre, mucho menos lo es en el sentido de los factores que dan origen a la vulnerabilidad.
Esta evaluación de la experta Mansilla, sigue siendo válida en la actualidad, porque si en los primeros 10 años no se logró avanzar, con los daños fresquitos del Mitch y cierta estabilidad política, social y económica de los países de Centroamérica, por el gran apoyo recibido de la cooperación internacional, en los últimos 12 años con mayor razón para no avanzar en ese tema, por la crisis permanente en que hemos vivido, por el narcotráfico, maras, violencia, migración, corrupción y cambio climático. Y solo recordemos a Honduras, que desde el 2009 estamos en una crisis política permanente, que nos olvidamos del plan de reconstrucción y transformación que diseñó el gobierno del expresidente Flores. Con estos bochinches nos olvidamos de las vulnerabilidades ambientales que padecemos, de la GRD, del ordenamiento territorial -cuya ley y reglamento se emitieron después del Mitch- y los recursos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza que se dedicaron para otras cosas.
Así que los objetivos establecidos en los Acuerdos de Estocolmo de lograr un desarrollo seguro, eficiente, equitativo e incluyente, quedaron en puro papel mojado. Pero por la imperiosa necesidad de cumplirse, sigue siendo una tarea pendiente.
