Adiós 2020
Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Llegados los siete hospitales móviles adquiridos a precio de oro por el gobierno de Honduras a empresas con sede en Turquía, y a través de un intermediario llamado Alex López, seguramente con nexos con altos funcionarios del gobierno de Honduras, quien rápidamente armó una empresa “USB”, ni siquiera de maletín, y obteniendo por adelantado el pago de más de mil millones de lempiras equivalentes a 48 millones de dólares.
Investigaciones posteriores revelaron que el costo de las siete unidades en realidad estaban valoradas en 24 millones de dólares y luego la empresa a que supuestamente se le hacía el pago no existía, y bajo presiones de todo tipo el gobierno hondureño logró que se le enviaran los siete hospitales móviles, que en realidad están montados en contenedores metálicos utilizados en otra época para el transporte de mercancía de todo tipo, por lo cual, su apariencia exterior es deplorable, mientras que su techo muestra en algunos de ellos fisuras y agujeros que permiten la entrada del agua lluvia y todo tipo de basura arrastrada por los vientos.
La ministro de Salud Pública, Ana Consuelo Flores, declaró recientemente a los medios de comunicación social nacionales e internacionales, que los hospitales móviles no son adecuados y mucho menos la solución en el combate a la epidemia del coronavirus covid-19, tampoco se sabe a ciencia cierta cuándo estarán en funcionamiento efectivo, pues hasta ahora solo presta atención al público el que se instaló en San Pedro Sula y que llegó al mismo tiempo que uno destinado a Tegucigalpa, donde los furgones siguen alineados, esperando su habilitación y ya se encuentran en el país hospitales para Choluteca, Danlí, Juticalpa y La Ceiba.
El hospital que está en funcionamiento en San Pedro Sula fue armado por el Batallón de Ingenieros de las Fuerzas Armadas, sin que se sepa, porque el otro en Tegucigalpa no ha sido armado del todo, ni se sabe cuáles son los impedimentos objetivos para ponerlo a funcionar, aunque en su oportunidad se aseguró que algunos de sus equipos livianos venían incompletos y para colmo algunos de ellos ya habían sido usados y acabados con su vida útil, y en un contenedor vacío estaban siendo almacenados para su devolución al fabricante, quien se había comprometido a reponerlos, garantizando que además son nuevos.
Basados en esas declaraciones se puede elucubrar que se está haciendo un inventario en todas las unidades adquiridas para descartar todo lo que viene usado o en mal estado y hacer la reposición de los mismos, para que la entrada en funcionamiento se haga rápidamente, ya sea para la atención del paciente de diversas patologías y que se encuentren internos en la sala de los hospitales formales, utilizando las mismas para pacientes con covid-19.
Mientras tanto los entes jurídicos nacionales no dan viso alguno de emprender acciones judiciales, para hacer justicia con la aplicación de la ley a quienes resulten responsables del maléfico, perverso, inmunitario acto deleznable de estafa a un gobierno aparentemente ingenuo.
Empero, el pueblo en general no cree ni quiere creer en la ingenuidad de quienes manejan la cosa pública, donde como si fueran piñatas llenas de coimas, mordidas, sobornos millonarias sobrevaloraciones de todo lo que adquiere y que es absolutamente necesario para la supervivencia de las diversas entidades del Estado, son sobrevaloradas y se utilizan como fuentes de enriquecimiento ilícito de quienes ostentan altos cargos en la administración general del Estado y el engrandecimiento de fortunas de los proveedores, que se las arreglan para ganar las licitaciones, que se aseguran son transparentes.
La pandemia en Honduras ya casi cobra la vida de 3 mil personas, más de medio millón de contaminados y menos de 50 mil recuperados, gracias al enorme sacrificio de médicos, enfermeras, laboratoristas y especialistas en epidemiología, bomberos, policías y militares que en primera línea siguen en la espera del pago de varios meses de salario que no se liquidaron en tiempo y forma, llevándoles casi a declararse en calamidad económica, especialmente a los contratados de emergencia denominado Código Verde, creado por el gobierno, especialmente para el combate del covid-19.
