Por: Juan Ramón Martínez
Lo hemos dicho y lo repetimos: el principal problema nuestro es, la frágil memoria y la falta de sentido crítico. Por ello, persistimos en los errores y damos las mismas vueltas, alrededor de un problema; pero que, hemos olvidado. Un buen ejemplo, no viene mal. Las represas, para mitigar los efectos de los ríos Ulúa y Chamelecón, que se propone construir, no es una solución nueva. En el año 2008, hace doce años –durante la administración liberal de Zelaya Rosales– se hablaba del tema. Y no como posibilidad, sino que, del financiamiento de las dos represas, con indicación clara de los agentes financieros. E incluso, de la empresa interesada en su construcción, misma que años después, vía la corrupción, embarró el rostro de la mayoría de los políticos, desde el río Grande hasta la Patagonia.
Lo mejor es recurrir a las declaraciones de los personajes de entonces, usando los periódicos en donde quedaron las mismas, sobre unas obras que, si se hubieran construido, no estaríamos enfrentando los daños que hacen sangrar la yugular de la economía nacional. Y provocado tantas muertes. Leyendo lo que publicó el semanario “Poder Ciudadano”, vocero del gobierno de Zelaya, de fecha 21 de mayo de 2008, se aprecia en la página 18, el titular siguiente: “Confirma embajador, 700 millones otorgará Brasil y el Banco Centroamericano para construcción de represas del río Ulúa”. Se refiere al asunto en la forma siguiente: “en ese empréstito se incluyen 50 millones para instalar una fábrica de aceites lubricantes”. La información se origina en la visita que hiciera el embajador, Víctor Manuel Lozano a Tegucigalpa, y que el semanario aprovechara para entrevistarlo. La nota agrega: “El diplomático llegó a la Casa de Gobierno acompañando a los representantes de las firmas constructoras brasileñas, los que le expusieron los planes de inversión al presidente Manuel Zelaya Rosales. De los 700 millones de dólares que se propusieron en condiciones muy favorables para el gobierno hondureño, 650 millones se destinarán para construir las represas eléctricas de Jicatuyo y Los Llanitos, en el occidente del país”. El mandatario, sigue diciendo el semanario, “que dictó los lineamientos para la gestión de estos fondos, exigió prontitud en los trámites diplomáticos y administrativos para acelerar la firma de estos convenios”, lo que hace pensar que ya se habían iniciado o finalizado –no lo sabemos– los estudios técnicos de factibilidad de los aludidos proyectos. Lo que sí se sabía, es que, con la construcción de las dos obras, se mitigarían las inundaciones y el caudal de las aguas de los dos ríos que, 12 años después, tantos daños nos han causado.
Finaliza la nota de prensa que citamos, que “la propuesta de financiamiento de parte de Brasil ratifica el alto nivel de apertura en las relaciones internacionales que el presidente Zelaya ha logrado con su homólogo Luis da Silva”, dijo el embajador Lozano Urbina. La pregunta que uno se hace, es qué pasó en el curso de las negociaciones que dan la impresión que, para entonces estaban avanzadas. ¿Cuál es la razón por la que no se iniciaron las obras? Y como no hay investigación que permita deslindar las responsabilidades de las autoridades, tanto porque el sistema democrático es muy frágil en cuanto a rendición de cuentas, como porque una memoria infantil como la nuestra, no reclama las acciones puntuales que, permitan deslindar responsabilidades, no sabemos nada al respecto. Y por ello, tampoco tenemos con qué exigir a los que, pudiendo hacer las cosas a tiempo, no lo hicieron, causándole al país y a su pueblo daños inconmensurables. Porque el retraso de obras, que se sabía, eran fundamentales, constituye no solo una falta de sensibilidad, sino que, además, indicación que los políticos poco han creído lo que Alberti decía, que “gobernar era prever”. En los 12 años transcurridos, aun con la “velocidad y la eficiencia de Patuca II”, habríamos concluido las represas y evitado los daños que lamentamos. Y que, algunos ingenuos, atribuyen a que Dios nos ha abandonado. O que nos castiga cruelmente. Cuando lo que ocurre es que, no hemos tomado conciencia que hacer las cosas a tiempo y bien, es una obligación de los funcionarios y de los líderes. Y que, es un delito la pereza, la indolencia y la irresponsabilidad, que debemos castigar en las urnas. ¿No les parece?
