Relevo generacional
Por: Miguel Osmundo Mejía Erazo*
Profesor y periodista
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El artículo 36 de nuestra Constitución de la República establece que son ciudadanos todos los hondureños mayores de (18) dieciocho años, a partir de esa fecha las personas están sujetas a una serie de derechos y deberes contemplados en la legislación nacional como internacional, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales, la Constitución y demás leyes.
La construcción de ciudadanía debe ser un compromiso de país que debe fomentarse desde la infancia, adolescencia y juventud para lo cual deben promoverse y fortalecerse a nivel de la educación nacional y además una efectiva participación de estos actores en todos los ámbitos sociales, creando oportunidades para todos por igual en los sectores del arte, cultura y deporte. Los ciudadanos no solo son portadores de derechos y obligaciones, ellos son también la fuente y la justificación del mando y autoridad que el Estado y el gobierno invocan cuando toman decisiones que involucran a los hombres y mujeres. Considero que un ciudadano nunca debe ser tratado como un súbdito, en un régimen democrático los integrantes de los tres poderes del Estado son pagados con los impuestos de los ciudadanos y no deben de olvidar que directa o indirectamente también han llegado a esos cargos por el voto popular.
La vida profesional me permitió compartir dos experiencias concretas que se encaminaban justamente a la construcción de ciudadanía, la primera cuando en el Ministerio Público participamos en la creación de la sección de Educación Continua cuya finalidad fue la de fomentar la cultura de la denuncia, dimos una serie de charlas en escuelas y colegios de Tegucigalpa, a fin de inducir a niños y jóvenes a denunciar cualquier acto anómalo en su hogar o en el mismo centro educativo, también se daban a conocer las diferentes funciones de cada Fiscalía Especial existentes hasta el año 2005 y sobre el trabajo de la Fiscalía General como ente que tiene como primer objetivo representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. Otra interesante experiencia por medio de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh) en los años 2007 al 2009 integrada por unas 77 organizaciones no gubernamentales, genuinos representantes de la sociedad civil, allí vivimos una bonita experiencia viajando por todo el país socializando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fuimos los primeros en hacerlo con un excelente equipo coordinado por el doctor Rigoberto Cuéllar. Aún conservo un ejemplar de esta ley impresa en la Universidad Nacional y en su portada se lee: “Cuando pedimos cuentas y rendimos cuentas, estamos construyendo ciudadanía”.
La oportunidad que se nos brindó al socializar esta importante ley nos permitió conocer los alcances de la misma y personalmente nos sirvió de mucho cuando en una institución descentralizada del Estado fui nombrado Oficial de Información Pública (OIP) encargado de mantener información actualizada para el público por medio del Portal de Transparencia que es una forma de rendición de cuentas de todas las instituciones obligadas que por cualquier modalidad manejen fondos del Estado. El artículo 8 de la citada ley crea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que desde sus inicios ha realizado un buen trabajo ayudando y premiando a los organismos obligados que son bien calificados en la evaluación de los portales de información, en sus inicios muchas instituciones salían aplazadas incluso en una oportunidad la misma Casa Presidencial, lo bueno de este instituto es que sus comisionados actúan en forma independiente ya que son electos por el Congreso Nacional y supuestamente son apolíticos, extremo que en la realidad no se cumple. Con la creación de la Secretaría de Transparencia dependiente del Ejecutivo, ojalá se establezcan claramente las funciones, en vista que el Tribunal Superior de Cuentas se siente afectado con la creación de este nuevo Ministerio. Con tres organismos encargados de velar por la transparencia y rendición de cuentas y un Ministerio Público como defensor de los intereses de la sociedad, se espera no exista ninguna duda en el manejo de los fondos públicos porque el pueblo tiene derecho a estar bien informado en forma correcta y transparente.
