DURO ha sido el año para todos. Igual para el sector privado. El duro golpe de la peste y de las llenas; la zambullida de los mercados, el desplome de las ventas. Recortar gastos –suspendiendo y cesanteando trabajadores–para mantener a flote sus negocios. Pedir refinanciamiento de sus jaranas a los bancos para pasar el agua. Como si no fuera suficiente la descarga de desgracias, ahora los sientan en la mesa de negociación del salario mínimo. ¿Con qué liquidez se espera que convengan aumentos salariales cuando más bien, para reducir sus costos, están pensando en reducir su fuerza laboral? ¿No han reparado que empresas en la lipidia –si a duras penas pueden pagar planillas– no cuentan con recursos para subirles el sueldo a sus empleados? Estos son tiempos de crisis donde no hay rentabilidad para distribuir. No época de vacas gordas. Sumado a lo anterior enfrentan otra amenaza. Los planes de arbitrio municipal que entrarán en vigencia el 1 de enero próximo. Los empresarios –con razón– piden a los alcaldes socialización de los alcances de estos reglamentos que contienen impuestos, tasas y contribuciones.
Los capitalinos –hace poco– tuvieron que tragarse el incremento de la tasa vehicular. Pero encima les cayó un incremento a los bienes inmuebles. Para cobrarle más a la gente sí son creativos. Como no podían en año de terminación impar subir los impuestos lo que hicieron fue manipular las claves catastrales. Subiéndole, al garete, el valor a las propiedades. Y si en los libros municipales le anota que su propiedad tiene un precio más alto, aplicándole el mismo porcentaje de impuesto –haga la matemática– su cuota de pago es mucho más elevada. Así que con esa sutileza –sobre la que la cúpula empresarial se llamó a silencio– llenaron las arcas del tesoro municipal. Buen sablazo le pegaron a los capitalinos. Ahora –en medio de la emergencia y de la calamidad– las municipalidades han reformado su plan de arbitrios. Hoy sí hubo respingo del COHEP. En una carta al titular de la Asociación Hondureña de Municipios (AHMON), los dirigentes empresariales manifiestan “su alta preocupación ante la falta de socialización por parte de las corporaciones municipales de los planes de arbitrios para el año 2021”. Recuerdan que conforme a la ley “la socialización es un requisito para su entrada en vigor y para que la ciudadanía y obligados puedan estar en conocimiento y presupuestar según las cargas impositivas aplicables para este período”. Los empresarios arguyen no conocer “el contenido de estos reglamentos”.
Prosiguen diciendo que “los planes de arbitrios tienen un impacto muy fuerte en las empresas; hemos visto cómo se han convertido en herramientas no correctas para el desarrollo de los municipios”. De la AHMON, el vicepresidente de la organización, responde que las quejas del COHEP son una “falta de comunicación”. Propone que “ellos –los empresarios– paguen de acuerdo a los volúmenes de venta y permisos de operación e ingresos cada año”. O sea que a las alcaldías las empresas tienen que pagar por las ventas aunque no tengan utilidad. E igual sucede con el pago sobre volumen de ventas que se paga al fisco. En los Estados Unidos acaban de aprobar el segundo paquete multimillonario –$900 mil millones– en subsidios a empresas en problemas. Contiene, además, compensación de $2 mil mensuales como beneficio de desempleo. Si eso hacen en el país con una de las economías más sólidas del mundo, imagínense la magnitud de lo que ocupa hacerse, aquí en lo doméstico, para la reactivación productiva.
