Managua, 1 ene (EFE).- Este viernes inició un año clave en la política interna de Nicaragua, que tiene previsto un proceso electoral en noviembre próximo, en medio de un conflicto que podría finalizar o extenderse, en dependencia de los resultados de dichos comicios.
En un país marcado por la polarización política entre sandinistas y opositores, la cita electoral del 7 de noviembre podría ser decisiva para el futuro de Nicaragua, cuya economía está en números rojos desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega, en abril de 2018.
Las próximas elecciones también podrían significar un cambio de era política en Nicaragua, ya que una derrota del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acabarían con 15 años consecutivos de Ortega en el poder y 42 de dominio local, incluyendo su primer mandato presidencial entre 1979 y 1980, así como sus años en la oposición, entre 1990 y 2007. En cambio, una victoria podría extender la crisis sociopolítica local.
En 2020 los sandinistas mostraron indicios de no querer abandonar el poder, al negarse a realizar reformas a la Ley Electoral para establecer unas «elecciones libres, justas, transparentes y observadas», como piden los opositores y la comunidad internacional.
LEYES POLÉMICAS
El oficialismo también aprobó una serie de leyes que, según los expertos constitucionalistas, restringen los derechos humanos, las libertades públicas, y dificultan cualquier candidatura a la presidencia que no sea la de Ortega.
El llamado «paquete de leyes» consiste en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la aprobación en primera legislatura de la cadena perpetua, que podría quedar totalmente aprobada en las próximas semanas.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es conocida en Nicaragua como la «Ley Putin» porque regula a todas las personas e instituciones que reciban dinero del extranjero, salvo excepciones.
La Ley de Ciberdelitos, llamada «Ley Mordaza», condena a cualquier persona que posea, emita o comparta información u opinión que el Gobierno considere como amenaza.
La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, inhibe candidaturas a cargos de elección popular y considera «traidores a la patria» a quienes aplaudan sanciones contra el Estado y sus ciudadanos. Mientras, la cadena perpetua será aplicada a quienes cometan «crímenes de odio», por los cuales el Gobierno señala a los opositores.
LA CRISIS
La disidencia, que en 2020 sufrió una serie de fracturas, ha advertido que no participará en un proceso electoral mientras no se libere a más de un centenar de «presos políticos», se respeten los derechos humanos, regresen de forma segura más de 100.000 exiliados, y se aprueben reformas para unos comicios transparentes.
La crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua inició el 18 de abril de 2018 con manifestaciones masivas contra Ortega que fueron reducidas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 328 muertos, aunque organismos locales reportan 684 víctimas desde entonces, mientras Ortega admite 200 y sostiene que se defendió de un «golpe de Estado fallido».
La última vez que Nicaragua vivió un conflicto similar fue en los años 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.
