Fernando Berríos
No cabe duda que las vacunas, creadas y fabricadas en tiempo récord, son una luz al final del túnel para todos los países del planeta.
La covid-19 vino a desnudar las deficiencias de los sistemas de salud, aun de aquellos considerados más sofisticados del mundo.
Muchas naciones, a un año de conocerse los primeros casos de coronavirus en Wuhan, China, siguen sin tener una ruta clara en el combate al virus y la comunidad científica sigue sin lograr acuerdo en torno a algunos medicamentos que, si bien no previenen la enfermedad, podrían ser importantes para el fortalecimiento inmunológico de cada individuo.
El desconcierto ha sido, sin duda, uno de los principales protagonistas para enfrentar a ese enemigo invisible pero mortal, que tiene a las naciones del mundo y sus economías de rodillas.
Las vacunas, sea de AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, representan una esperanza para los países y sus conciudadanos, sobre todo en tiempos que la pandemia ha agotado la paciencia de muchos que caminan como si nada, desafiando el peligro.
El mundo entero se ha relajado frente a un virus que sigue ahí, más vigente, fuerte y contagioso que nunca.
Honduras, un país pobre, azotado por la pandemia pero también por dos huracanes catastróficos (Eta e Iota) no puede darse el lujo de dormirse en sus laureles. Hay que salir en busca de las vacunas.
Habrá que tomar importantes decisiones logísticas, presupuestarias y legales, incluyendo la reforma de leyes que, en medio de una pandemia, resultan arcaicas.
Después de lo logrado por Costa Rica, un vecino proactivo y enfocado, que obtuvo la vacuna Pfizer incluso antes que grandes potencias, hay que celebrar la decisión de la Secretaría de Salud de enviar al Congreso Nacional un proyecto para reformar las leyes que regulan los procesos de adquisición y vacunación en Honduras.
Honduras tiene dos leyes para la obtención de vacunas, una de 1998 y otra del 2014. Es esta segunda ley la que establece que todas las vacunas, jeringas, equipos de cadena de frío y vehículos refrigerados que adquiera la Secretaría de Salud para el programa de Inmunización Ampliada deben adquirirse a través del Fondo Rotatorio de la OPS, el cual garantiza vacunas certificadas, seguras, de calidad, eficaces, con abastecimiento oportuno, precios bajos y transparencia. Esta ley fue ratificada en la Ley de Vacuna Gratuita contra la covid-19, aprobada recientemente mediante decreto 172-2020.
Si bien en el pasado fue plausible que una ley regulara la adquisición de vacunas para evitar negociazos, en tiempos de emergencia esta ley debe ser reformada porque Honduras no puede quedarse como simple espectadora, viendo cómo otras naciones con leyes más propicias, acaparan la oferta de vacunas ya existente contra la covid-19.
Honduras forma parte del grupo Covax, conformado por 140 países. Este mecanismo, auspiciado por la OPS, garantiza de forma gratuita alrededor de 1.8 millones de dosis para inmunizar al 20% de la población.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también garantizó 85 millones de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la adquisición de 1.4 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca.
Si bien estas son buenas noticias para Honduras, mejor aún es el hecho de que se pueda reformar la Ley de Vacunas para permitir al Estado de Honduras, con toda veeduría social necesaria, salir en busca de más dosis al mercado, de forma alterna al proceso con el mecanismo Covax.
El viceministro de Salud, Nery Cerrato, ha sido claro al afirmar que sí es posible para Honduras tener acceso a la vacuna Pfizer, es decir, a la misma que ya se aplica en Costa Rica.
El desafío para esta vacuna lo representa la cadena de frío, sin embargo, la Secretaría de Salud ya ha calculado que se requiere apenas 450,000 dólares para la adquisición de frigoríficos en cinco ciudades claves, mediante un proceso que, inclusive, puede ser acompañado por la farmacéutica.
Para la adquisición de las vacunas también se debe destinar un presupuesto tomando en consideración que, según el viceministro Cerrato, cada dosis oscila en 30 dólares. Sin embargo, cualquier cantidad será mínima si lo vemos en función de costo-beneficio, es decir, en función de vidas salvadas y de normalización de las actividades económicas.
El impacto económico para Honduras ha sido contundente. El Banco Central de Honduras ha estimado que por la pandemia se han perdido 55,000 millones de lempiras. Se prevé una caída del PIB de 10 puntos y una contracción acumulada (a septiembre) de 9.5% en el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE). Las actividades económicas que más contribuyeron a esa contracción son: manufactura, comercio, construcción privada, hoteles y restaurantes.
La reforma al artículo 162 de la Ley de Vacuna Gratuita debe hacerse en el Congreso Nacional sin demoras, por la sencilla razón de que ninguna legislación puede estar por encima del bienestar común y del fin supremo del Estado que es salvar vidas.
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