AP.- Antes de asumir el cargo, los funcionarios electos juran respetar la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando se les acusa de hacer lo contrario?
Mientras algunos republicanos siguen respaldando el intento inútil del presidente Donald Trump de anular las elecciones, los críticos, incluido el presidente electo Joe Biden, los acusan de violar sus juramentos y, en cambio, jurar lealtad a Trump.
La juramentación de funcionarios en Estados Unidos, que rara vez atrae mucha atención, se ha convertido en un tema común en los últimos días de la presidencia de Trump, y más después de que miembros de ambos partidos se reunieron el miércoles para ratificar la victoria de Biden y una turba violenta de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio.
“También juraron sobre una Biblia defender la Constitución, y ahí es donde realmente se están haciendo a un lado y no cumpliendo con sus deberes”, dijo la exgobernadora de Nueva Jersey, Christine Todd Whitman. “Juraron defender la Constitución contra todos nuestros enemigos, nacionales o extranjeros, y lo están ignorando”.
Las juramentaciones varían ligeramente entre los organismos gubernamentales, pero en general, los funcionarios electos prometen defender la Constitución. La página en internet del Senado dice que su juramento actual se remonta a la década de 1860, “redactado por congresistas de la época de la Guerra Civil con la intención de atrapar a los traidores”.
Corey Brettschneider, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brown y autor de “El juramento y la oficina: una guía de la Constitución para futuros presidentes”, dijo que el juramento debe tomarse en serio y que los estadounidenses deben exigir su cumplimiento o “el riesgo es para todo el sistema”. Añadió que apoyaría las censuras, una declaración formal de desaprobación, para los funcionarios que claramente violen sus juramentos.
Los republicanos que cuestionan la victoria de Biden en noviembre han afirmado, sin pruebas, que la elección fue amañada contra Trump. Sus casos han fracasado ante los tribunales, incluyendo la Corte Suprema. Tanto funcionarios republicanos como demócratas consideran que los resultados de las elecciones son legítimos.
