Edmundo Orellana
Son harto conocidos los medios utilizados por los políticos para pervertir el proceso electoral; en esta ocasión destaco dos que se convirtieron en escándalos públicos.
El primero es la derogación, decretada antes de finalizar el mes de diciembre recién pasado, del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, mediante el Decreto 137-2020, aprobado en octubre y publicado oficialmente el 15 de diciembre, alegando que durante los 4 años de vigencia, luego de una prolongada investigación y sesudo análisis de los diputados, descubrieron que los precandidatos que participan en las primarias no estaban comprendidos dentro del ámbito de la ley y porque, además, “existe poca precisión y muchas lagunas en relación a las disposiciones que deben regir el financiamiento de las elecciones internas y primarias y los precandidatos que participan en ellas”.
La reforma dice así: “Los precandidatos que se presenten a las elecciones primarias deben abrir sus cuentas a su propio nombre, las cuales deben notificarse en el formato autorizado por la unidad y acreditar él o los responsables financieros”. Se refiere a los precandidatos en todos los niveles (presidencial, diputados y alcaldes) que participan en las primarias y urgía su aprobación por la proximidad de las elecciones primarias.
Con la obligación impuesta a los precandidatos de abrir una cuenta bancaria a su nombre se facilita la fiscalización y se aumenta la transparencia en el proceso electoral primario. Sin embargo, ocurrió lo inexplicable.
No habían transcurrido 15 días desde la publicación de la reforma cuando decidieron suprimir el párrafo citado, alegando lo siguiente: la intención de la reforma era incluir a los precandidatos para las primarias de movimientos en formación, es decir, no inscritos, “pero en la práctica dicha reforma tiende a confundir, pues las instituciones bancarias están interpretando que se refiere a los candidatos de los movimientos ya inscritos…”, por lo que “para garantizar la transparencia” debe suprimirse el citado párrafo. Sin embargo, como el acucioso lector puede observar, el párrafo suprimido se refiere a precandidatos en general, no a precandidatos de movimientos en formación. En otras palabras, la justificación de la derogación es falsa, por lo que surge la sospecha de que la intención es tornar menos transparente el financiamiento de los precandidatos. Por otra parte, se repite lo que ya es proverbial en el Congreso Nacional: su falta de seriedad en el ejercicio de la potestad de legislar, pues, antes de cumplir 15 días de vigencia, repararon la reforma, así como su sostenida voluntad de promover y afirmar el sistema de impunidad.
El segundo escándalo es el referido a los audios publicados por Radio Globo, en los que, supuestamente, conversan activistas, diputados y funcionarios del RNP, y por los cuales se revela que los activistas que colocan los diputados son extorsionados por estos, obligándolos a entregarles una parte de su sueldo mensual.
Esos audios ratifican que el RNP no ha cambiado. Recordemos que cuando tomaron posesión los interventores, hoy constituidos, al menos dos de sus integrantes, en titulares del RNP, denunciaron que solo el 5% de los empleados tenían los requisitos para el cargo y que no podían cancelarlos por falta de dinero para pagar sus prestaciones. La incorporación de Libre, contrario a lo que se alegó, inspirados en sus postulados, no se tradujo en una “refundación” del RNP; este sigue siendo el refugio de activistas que siempre fue. Lo novedoso es lo siguiente: la extorsión al activista y hacer responsable del enrolamiento a quienes no tienen más mérito que su militancia activa; en otras palabras, a los políticos y diputados que así se comportan no les importa que esté en riesgo la identidad y todo lo relativo al estado civil de los hondureños, ni que el mismo proceso electoral lo esté también, cuestión que se pone en evidencia con el cuestionamiento del CNE al proceso de enrolamiento por las inconsistencias en el mismo.
Lo que está en riesgo con la perversión del RNP es el Censo Electoral. Los avances en el enrolamiento son reprobados no solo por el CNE, sino, curiosamente, también por los partidos políticos; curiosamente, porque ellos son los responsables de la deformación del RNP, con sus prácticas corruptas en la colocación de sus militantes en cargos públicos.
Más allá de la corruptela de dirigentes de menor importancia, lo reprochable, se insiste, es que sean dirigentes de los partidos políticos los que propician esas prácticas, porque entienden que esas entidades son su botín y quienes en ellas laboran solo pueden ser de su partido, seleccionándolos sin tener en cuenta su idoneidad, es decir, su aptitud para el cargo, su ética y su responsabilidad.
Con los funcionarios, diputados y políticos que siguen estos patrones de comportamiento difícilmente podremos construir una Honduras mejor para las próximas generaciones. Por el contrario, estas serán las víctimas de las prácticas corruptas de quienes son hoy los responsables de la política. ¡Y se ofrecen como la solución! Repudiemos, pues, a las élites políticas corruptas, diciéndoles con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
