SERVICIOS DIGITALES TRANSFRONTERIZOS
SÍ, convengamos. Lo ocurrido en el Capitolio es un revés escandaloso para la democracia norteamericana, que ha dejado perplejos a propios como a extraños. Pero también, si prestan atención, es una muestra de cómo funcionan –para asegurar el equilibrio de influencias y poderes– los pesos y contrapesos del sistema. Entre ellos, la cobertura y la crítica de los medios convencionales velando por el bien colectivo. Los gigantes tecnológicos han cortado las cuentas presidenciales de sus portales. Bien como un acto de mea culpa, ya que esas fueron las herramientas utilizadas para desatar semejante molote, como si no hubiesen tenido avisos previos que llegaría un punto de rompimiento, en que la inflamación retórica y atizar pasiones terminaría mal. O bien puede ser reflexión que induce a corregir conductas equivocadas –después del trueno, Jesús María– o de acomodo con la nueva administración. Como decíamos ayer, hay un debate abierto sobre lo que vulnera la libertad de expresión y hasta dónde deben asumir alguna responsabilidad por las transmisiones los que cuelgan información dañina a la sociedad, ofensiva, lesiva al honor y a la dignidad personal.
El caos en Washington ofrece nuevos elementos a la discusión. No hay duda que los avances tecnológicos en las comunicaciones ofrecen una fuente valiosa para recibir y divulgar información. Y sobre todo de entretenimiento. Sin embargo también es medio para regar odio, propagar basura, erosionar el sistema de valores y lastimar el honor de víctimas inocentes. Sin que nadie sea imputable por la responsabilidad de los daños ocasionados. Ya que los tentáculos de los gigantes de las redes sociales se extienden extra fronteras, varios países han legislado para regular la explotación que esos portales realizan de sus mercados nacionales. Aquí siguen en pañales. Desde la intentona de golpe en el Capitolio las tensiones políticas han ido escalando. Trump comunicó que no acudiría a la toma de posesión. Biden respondió que se alegraba que no estuviera. Pence ofreció ir. El presidente electo dijo que sería bienvenido. La policía ha procedido a capturar a varios de los hechores materiales de la insurrección. Como entraron descapuchados –se retrataron con las manos in fraganti perpetrando atrocidades, colgaron videos para que los adictos de la redes alabaran sus proezas– no ha sido difícil para la autoridad identificarlos y dar con su paradero. No es asunto sencillo de penalizar, ya que hubo 5 muertos en los disturbios. Y falta determinar la autoría intelectual –si la hubiere– del caos desatado. Hay delitos a considerar que pueden ir desde asalto ilegal de instalaciones, vandalismo, hasta sedición.
La Cámara Baja anunció el juicio político –“impeachment”–, contra POTUS, citando un solo cargo: “incitar a la Insurrección”. De obtener la mayoría simple en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas –222 escaños de los 218 necesarios para pasarla– tocaría a la Cámara Alta resolver la destitución. Allá es cuesta arriba ya que requiere de una mayoría calificada. Ello obligaría a que senadores republicanos se sumen al ala demócrata para la destitución. Nadie ignora que el proceso pueda resultar fallido. Y seguramente lo activan a manera de causar una vergüenza moral. O de presionar una renuncia. Improbable que el inquilino del Salón Oval vaya a darles ese gusto. Los líderes demócratas, encabezados por Pelosi, han intentado comunicarse con el vicepresidente, procurando aplicar la enmienda 25 constitucional. Un artículo que permite remover un presidente por incapacidad legal. Pero Pence –ya distanciado de Trump– no ha dado signos de querer ir tan allá. Además, requeriría asentimiento de una mayoría del gabinete –de ministros presumiblemente leales a Trump– a usar esa fórmula de salida. El tiempo corre. Apenas queda una semana para el traspaso de mando y la juramentación oficial. Sin embargo, estamos presenciando –con todas sus aristas y glorificaciones– un hecho inédito en la historia política estadounidense.
